• Expertos coinciden en que la persecución del régimen a las organizaciones no gubernamentales es una maniobra para apropiarse de la ayuda humanitaria

La persecución del régimen de Nicolás Maduro a organizaciones no gubernamentales (ONG) como Caracas mi Convive y Alimenta La Solidaridad, esta última encargada de dar de comer a más de 25.000 niños en el país, podría ser calificada como un crimen de lesa humanidad, de acuerdo con expertos consultados por El Diario.

El abogado Alí Daniels, de la asociación ciudadana Acceso a la Justicia, aseveró que el hostigamiento de los funcionarios de seguridad a las ONG se circunscribe, a su juicio, en el literal K del artículo 7 del Estatuto de Roma, que señala como crímenes de lesa humanidad los “actos inhumanos (…) que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

“Para nosotros no queda ninguna duda de que eso es así. Si se impide que la ayuda llegue, o si se mediatiza la distribución de los insumos humanitarios de manera que contraríen los principios de las Naciones Unidas, estaríamos frente a un incremento sistemático del sufrimiento de la población”.

Para Juan Carlos Viloria, coordinador general de la Coalición por Venezuela —un conglomerado de ONG con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los venezolanos— lo que ocurrió es “una clara y flagrante violación al derecho internacional humanitario, en la que se perjudica al pueblo por la negligencia criminal de un grupo que tiene secuestrado el poder”.

Sin embargo, el abogado Alí Daniels aclara que la obstrucción del régimen a las ONG no es un tema que se esté investigando actualmente en organismos extranjeros como la Corte Penal Internacional (CPI).

“Uno de los mayores crímenes que se han cometido es en mediatizar los derechos económicos y sociales para utilizarlos en contra de la población. Es el mismo gobierno el que provocó la crisis, generó una economía de importaciones que después no pudo revertir al quedarse sin dinero, y ahora usa la misma crisis para chantajear a la población. Ahí se ve el grado de perversidad, por eso lo consideramos un delito de lesa humanidad”, explicó.

Añadió además que no hay jurisprudencia ni precedentes que respalden la violación sistemática de derechos económicos y sociales tipificados en base a ese artículo del Estatuto de Roma.

El equipo de El Diario intentó contactar al equipo de Alimenta La Solidaridad, quienes prefirieron no dar declaraciones por el momento.

Labor de las ONG: ayudar

Alimenta La Solidaridad empezó su labor a partir de la exacerbación de la crisis humanitaria en el país en el año 2016. Fue en ese momento que la organización empezó un modelo de intervención social para proporcionar un almuerzo, de lunes a viernes, a niños, niñas, adolescentes, madres lactantes y embarazadas en riesgo de inseguridad alimentaria.

Mediante la participación de madres y padres voluntarios, se establecen espacios comunitarios donde se llevan a cabo jornadas de alimentación.

Actualmente la organización tiene los siguientes programas:

-Desarrollo familiar: de apoyo psicológico y prevención de maltratos y abusos infantiles.

-Educación y recreación: para contribuir al desarrollo integral de los jóvenes.

-Salud: para hacer seguimiento a la talla y peso de los niños en pos de lograr un buen estado nutricional.

-Formación y empoderamiento: para fomentar el desarrollo del liderazgo de las mujeres voluntarias en la organización.

-Seguridad alimentaria: el programa con mayor énfasis, en el que un grupo de nutricionistas elaboran un menú semanal para cubrir los requerimientos calóricos de las comunidades apoyadas.

Desde el año 2016, de acuerdo a su página web, Alimenta La Solidaridad ha repartido 8.000.000 almuerzos.

Ninguna novedad en la persecución

El activista Juan Carlos Viloria señala que en los últimos 20 años se ha evidenciado el deterioro de la legalidad en Venezuela. “Las decisiones del Ejecutivo han permeado todos los espacios de participación ciudadana”, incluyendo a las organizaciones no gubernamentales. Por ello, para el coordinador de la Coalición por Venezuela estos ataques “no suponen ninguna novedad”.

Organizaciones No Gubernamentales perseguidas en 2020

En un reportaje previo de El Diario, se recopilaron las persecuciones a las ONG llevadas a cabo por los organismos policiales.

En enero de este año, la sede de la organización civil Prepara Familia, encargada de ayudar a los padres, madres y representantes de los niños internados en el Hospital J.M. de los Ríos, fue allanada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Katherine Martínez, directora de la fundación, iba a ser detenida por los cuerpos de seguridad, quienes además intentaron llevarse cajas de insumos.

Otra organización cuya sede fue allanada es Rescate Venezuela, que cuenta con el apoyo de la activista por los derechos humanos Lilian Tintori. Denunciaron que los organismos de seguridad sustrajeron “insumos de forma ilegal que se destinan a atender a venezolanos en situación de riesgo”, como insumos édicos, alimentos o ropa.

En abril, el coordinador de Redes Ayuda, Luis Serrano, en conjunto con varios trabajadores de la empresa Farmarato, fue detenido durante hora y media por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuando iban a repartir material de bioseguridad.

La organización Médicos Sin Fronteras se retiró recientemente del Hospital Pérez de León II, ubicado en Petare, estado Miranda, por la imposibilidad de mantener los estándares de calidad en la atención brindada, esto debido “a las restricciones de entrada al país de nuestro personal humanitario especializado”.

“Indudablemente conocen y saben el buen trabajo que Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive realiza, que son un apoyo para las comunidades más golpeadas como consecuencia de la grave crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. Sin embargo, su afán es hostigar, intimidar y amedrentar a los ciudadanos que promueven y defienden los derechos humanos sin distinción alguna”, asevera.

El abogado Alí Daniels señala que tras la persecución se halla una necesidad de control de la ayuda humanitaria por parte del régimen. “Quieren apropiarse de esos fondos que reciben las organizaciones privadas. Para hacerlo, acusan a las ONG de delitos como legitimación de capitales”.

Foto cortesía

Dicho crimen, explica Daniels, consiste en la obtención de dinero luego de haber realizado actividades ilícitas, como corrupción o narcotráfico. Los recursos, entonces, necesitan “limpiarse o lavarse”, por lo que se procede a la compra de negocios o inmuebles que permiten redirigir el origen de los fondos.

“En el caso de las ONG, estas reciben fondos de organismos internacionales, como las Naciones Unidas -En el caso de Alimenta La Solidaridad y Caracas Mi Convive, ambas participan en el Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU-. Todo el dinero que reciben se destina a los programas que tienen, y el dinero no es ilegal. Estas organizaciones además son muy exigentes en cuanto a cómo se gastan los recursos, y hacen reportes que permiten la trazabilidad”.

Acota Daniels que el éxito que han tenido las organizaciones ha hecho que se incremente el volumen de dinero que reciben, “y eso es lo que le interesa al régimen, apropiarse de eso”.

Obstáculos legales a las ONG

El 19 de octubre de este año se publicó en Gaceta Oficial una medida, emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Interior Justicia y Paz, que ordena a las ONG extranjeras, que carezcan de domicilio en el territorio nacional, la obtención de un certificado para poder trabajar en el país.

Como justificación de la medida, el régimen venezolano indicó que se pretende dar a las organizaciones “elementos mínimos que les permitan realizar un acompañamiento cabal de sus actividades, vigilar y prevenir el fomento y desarrollo de cualquier actividad que resulte en delincuencia organizada, el terrorismo y su financiamiento, tráfico ilícito de drogas y otras actividades ilícitas”.
En un reportaje previo de El Diario, el abogado José Antonio Oropeza señaló que lo ordenado supone una limitación para las ONG, que usualmente trabajan en proyectos conjuntos con asociaciones locales sin necesidad de establecer una oficina en el territorio venezolano.

Para Daniels, la medida publicada en Gaceta Oficial forma parte de la estrategia general del régimen en contra de las ONG.

“Si quieren controlar los movimientos de las ONG, lo legal sería que les pregunten cuales son los programas. Pero no hacen eso, sino que los acusan de delitos de una vez. Se nota que el problema es cómo controlo la ayuda humanitaria”.

Target

Refiere Daniels que los dos eventos que más han afectado la imagen internacional del régimen venezolano recientemente son el informe elaborado por la misión de determinación de hechos de la ONU, que señaló a Nicolás Maduro y parte de su tren ejecutivo como responsables de delitos de lesa humanidad, y la declaración de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, quien aseguró que había argumentos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Foto cortesía

Ambos tienen en común que fueron llevados a cabo por la tenacidad y la labor sostenida de las organizaciones no gubernamentales, y por ello, según el abogado de Acceso a la Justicia, “son el siguiente target”, y alerta sobre la posibilidad de que a las ONG se les despoje de su identidad jurídica.

Por ello, Juan Carlos Viloria asevera que los ciudadanos “deben alzar su voz para rechazar los ataques en contra de las actividades que desarrollan estas organizaciones”.

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