- Expertos coinciden en que la persecución del régimen a las organizaciones no gubernamentales es una maniobra para apropiarse de la ayuda humanitaria
La persecución del régimen de Nicolás Maduro a organizaciones no gubernamentales (ONG) como Caracas mi Convive y Alimenta La Solidaridad, esta última encargada de dar de comer a más de 25.000 niños en el país, podría ser calificada como un crimen de lesa humanidad, de acuerdo con expertos consultados por El Diario.
El abogado Alí Daniels, de la asociación ciudadana Acceso a la Justicia, aseveró que el hostigamiento de los funcionarios de seguridad a las ONG se circunscribe, a su juicio, en el literal K del artículo 7 del Estatuto de Roma, que señala como crímenes de lesa humanidad los “actos inhumanos (…) que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.
Para Juan Carlos Viloria, coordinador general de la Coalición por Venezuela —un conglomerado de ONG con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los venezolanos— lo que ocurrió es “una clara y flagrante violación al derecho internacional humanitario, en la que se perjudica al pueblo por la negligencia criminal de un grupo que tiene secuestrado el poder”.
Sin embargo, el abogado Alí Daniels aclara que la obstrucción del régimen a las ONG no es un tema que se esté investigando actualmente en organismos extranjeros como la Corte Penal Internacional (CPI).
“Uno de los mayores crímenes que se han cometido es en mediatizar los derechos económicos y sociales para utilizarlos en contra de la población. Es el mismo gobierno el que provocó la crisis, generó una economía de importaciones que después no pudo revertir al quedarse sin dinero, y ahora usa la misma crisis para chantajear a la población. Ahí se ve el grado de perversidad, por eso lo consideramos un delito de lesa humanidad”, explicó.
Añadió además que no hay jurisprudencia ni precedentes que respalden la violación sistemática de derechos económicos y sociales tipificados en base a ese artículo del Estatuto de Roma.
El equipo de El Diario intentó contactar al equipo de Alimenta La Solidaridad, quienes prefirieron no dar declaraciones por el momento.
Labor de las ONG: ayudar
Alimenta La Solidaridad empezó su labor a partir de la exacerbación de la crisis humanitaria en el país en el año 2016. Fue en ese momento que la organización empezó un modelo de intervención social para proporcionar un almuerzo, de lunes a viernes, a niños, niñas, adolescentes, madres lactantes y embarazadas en riesgo de inseguridad alimentaria.
Mediante la participación de madres y padres voluntarios, se establecen espacios comunitarios donde se llevan a cabo jornadas de alimentación.
Actualmente la organización tiene los siguientes programas:
-Desarrollo familiar: de apoyo psicológico y prevención de maltratos y abusos infantiles.
-Educación y recreación: para contribuir al desarrollo integral de los jóvenes.
-Salud: para hacer seguimiento a la talla y peso de los niños en pos de lograr un buen estado nutricional.
-Formación y empoderamiento: para fomentar el desarrollo del liderazgo de las mujeres voluntarias en la organización.
-Seguridad alimentaria: el programa con mayor énfasis, en el que un grupo de nutricionistas elaboran un menú semanal para cubrir los requerimientos calóricos de las comunidades apoyadas.
Desde el año 2016, de acuerdo a su página web, Alimenta La Solidaridad ha repartido 8.000.000 almuerzos.
Ninguna novedad en la persecución
El activista Juan Carlos Viloria señala que en los últimos 20 años se ha evidenciado el deterioro de la legalidad en Venezuela. “Las decisiones del Ejecutivo han permeado todos los espacios de participación ciudadana”, incluyendo a las organizaciones no gubernamentales. Por ello, para el coordinador de la Coalición por Venezuela estos ataques “no suponen ninguna novedad”.
“Indudablemente conocen y saben el buen trabajo que Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive realiza, que son un apoyo para las comunidades más golpeadas como consecuencia de la grave crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. Sin embargo, su afán es hostigar, intimidar y amedrentar a los ciudadanos que promueven y defienden los derechos humanos sin distinción alguna”, asevera.
El abogado Alí Daniels señala que tras la persecución se halla una necesidad de control de la ayuda humanitaria por parte del régimen. “Quieren apropiarse de esos fondos que reciben las organizaciones privadas. Para hacerlo, acusan a las ONG de delitos como legitimación de capitales”.
Dicho crimen, explica Daniels, consiste en la obtención de dinero luego de haber realizado actividades ilícitas, como corrupción o narcotráfico. Los recursos, entonces, necesitan “limpiarse o lavarse”, por lo que se procede a la compra de negocios o inmuebles que permiten redirigir el origen de los fondos.
“En el caso de las ONG, estas reciben fondos de organismos internacionales, como las Naciones Unidas -En el caso de Alimenta La Solidaridad y Caracas Mi Convive, ambas participan en el Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU-. Todo el dinero que reciben se destina a los programas que tienen, y el dinero no es ilegal. Estas organizaciones además son muy exigentes en cuanto a cómo se gastan los recursos, y hacen reportes que permiten la trazabilidad”.
Acota Daniels que el éxito que han tenido las organizaciones ha hecho que se incremente el volumen de dinero que reciben, “y eso es lo que le interesa al régimen, apropiarse de eso”.
Target
Refiere Daniels que los dos eventos que más han afectado la imagen internacional del régimen venezolano recientemente son el informe elaborado por la misión de determinación de hechos de la ONU, que señaló a Nicolás Maduro y parte de su tren ejecutivo como responsables de delitos de lesa humanidad, y la declaración de la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, quien aseguró que había argumentos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Ambos tienen en común que fueron llevados a cabo por la tenacidad y la labor sostenida de las organizaciones no gubernamentales, y por ello, según el abogado de Acceso a la Justicia, “son el siguiente target”, y alerta sobre la posibilidad de que a las ONG se les despoje de su identidad jurídica.
Por ello, Juan Carlos Viloria asevera que los ciudadanos “deben alzar su voz para rechazar los ataques en contra de las actividades que desarrollan estas organizaciones”.
