• El organismo judicial internacional determinó que existen fundamentos para creer que el régimen de Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad este tipo desde 2017. Foto: EFE

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió un informe el lunes 14 de diciembre. En él se abre paso a una nueva fase del examen preliminar que estudia posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. 

El documento señala que la Fiscalía, presidida por Fatou Bensouda, finalizó su análisis de la información disponible sobre la situación de Venezuela. Además, concluyó que “existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes, de competencia de la Corte, en Venezuela desde al menos abril de 2017”. 

Para entender mejor estas conclusiones, el equipo de El Diario conversó con Carmen Alguindigue, abogada venezolana acreditada ante la CPI y representante diplomática del gobierno interino ante Andorra. 

Sede de la CPI
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Las claves 

Alguindigue explicó que la importancia de este informe recae en que la CPI es el organismo que tiene a su cargo determinar la responsabilidad penal individual, en aplicación de la justicia universal.

Próximamente la CPI va a investigar y delimitar la responsabilidad de quienes cometieron crímenes en el país y es muy importante entender que también buscará la delimitación de responsabilidad en las cadenas de mando de alto rango”, indicó la diplomática.

Crímenes

La CPI considera que los organimos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro habrían cometido crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.

Entre ellos incluye: tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos.

El más reciente informe señala inicialmente como responsables de estos crímenes a organismos de seguridad del Estado: la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La abogada aclaró que estas acusaciones directas no excluyen a los funcionarios de alto mando político y militar del país. Tampoco lo harían las presuntas investigaciones entregadas por el régimen, representado por Tarek William Saab,  a la fiscal Fatou Bensouda sobre estos crímenes. 

“Lo investigación que envió el régimen puede dar luces en algunas evaluaciones que se están dando. Aunque lo fundamental para la CPI es que esas investigaciones sean genuinas. Esos procesos deben llevar a conocer a los perpetradores directos, pero también a quienes estando en obligación y posibilidad de frenar estos crímenes no los han hecho. Es por eso que se habla de que son crímenes sistemáticos y generalizados”, añadió. 

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Los próximos meses

El informe explica que en la “primera parte del año 2021”, es decir antes de que termine el periodo de la fiscal Bensouda, se finalizará el examen preliminar sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. 

La fiscal está promoviendo que antes de irse habrá una decisión. ¿Qué sucederá luego? se hará la solicitud de la investigación”, señaló la abogada.

Alguindigue recalcó que el caso de Venezuela, a diferencia de otros casos, no debe pasar por la autorización de la sala preliminar. Esto debido a que viene referido por Estados miembros del organismo desde el año 2018. 

La diplomática agregó que a partir del momento en que se abra la investigación iniciarán las detenciones y congelación de cuentas de los investigados. Una manera de garantizar la indemnización a las víctimas. 

Constante flujo de información 

Para la elaboración del reciente informe, la CPI se mantuvo en comunicación con el régimen de Nicolás Maduro; además de organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y demás partes interesadas en el procedimiento. 

De acuerdo con la Fiscalía de la CPI, también anotó aspectos fundamentales del informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela.

Mientras llega la declaración de la última fase del examen preliminar y la solicitud de investigación, la diplomática aclaró que la Asamblea Nacional de Venezuela continuará enviando información a la Fiscalía de la CPI. 

Los datos suministrados por el Parlamento venezolano ayudarán a sistematizar la información sobre la totalidad de víctimas y precisamente refuerza el crimen de asesinato, que no está incluido entre los mencionados en el reciente informe”, añadió.

Aunque el reciente informe representa un avance en la investigación de los responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, aún los interesados deben esperar que el “umbral requerido para iniciar investigaciones” sea satisfecho. Lo que podría ocurrir en el primer semestre del año 2021. 

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