“Si la justicia existe, tiene que ser para todos;
nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justícia”.
Paul Auster

El lunes 14 de diciembre en la mañana, varios ciudadanos creyeron que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) enjuiciaría a Nicolás Maduro por graves crímenes de lesa humanidad. Pero corresponde a este servidor, desentrañar lo que manifestó ayer la que ocupa el cargo de fiscal principal de la CPI, la gambiana Fatou Bensouda. Para ello es necesario conocer en primer orden quién es ella y de qué se trata esta supuesta aseveración. 

Bensouda, “la reina de la mentira”, como prefiero llamarla yo, fue elegida por consenso en 2011 por la asamblea de los 132 Estados miembros de la CPI, con sede en La Haya, para un periodo de 9 años que está por vencer. Es la primera mujer al frente del único organismo permanente destinado a juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad. También fue la fiscal auxiliar del exfiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, quien pasó a la historia sin pena ni gloria, como el primer fiscal de ese organismo.

Fatou Bensouda. Foto AFP / Archivo

Es importantísimo destacar que actualmente se lleva a cabo la Asamblea General de los Estados Partes, y seguramente fue la razón por la cual la fiscal emitió dos escuetos informes, y muy decepcionantes, denominados Venezuela I y Venezuela II, tal como recordemos salió al paso, cuando la Misión Independiente para la Determinación de Hechos de la ONU emitió (lo que consideramos quienes trabajamos en esta materia) “un verdadero y exhaustivo informe” sobre los hallazgos existentes en Venezuela de la vulneración de los inexistentes o precarios derechos humanos.

La Asamblea General se ha dividido en dos fases (producto aún el acoso del covid-19 en los países del mundo). Por ello, una instancia está de manera virtual en la sede de La Haya. 

A partir de este jueves se celebrará, en la sede de New York, Estados Unidos, la elección de un nuevo fiscal principal de la CPI, quien sucederá a la falaz Fatou Bensouda en junio de 2021. 

Pero ¿de qué se trata esta nueva mentira que hoy la gente por desconocimiento celebra? En los informes Venezuela I y Venezuela II aún no se ha tomado una decisión para concluir si se procede a la Fase de Admisibilidad y por ello no se anuncia que aún no se ha procedido a culminar la fase de Investigación.

Cito textualmente lo que ha manifestado la CPI como conclusiones y próximos pasos: 

Venezuela I 

Conclusión y próximos pasos 

214. La Fiscalía anticipa concluir el examen preliminar a fin de determinar si existe  fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de  2021.

Venezuela II

Conclusión y próximos pasos 

104. La Fiscalía tiene la intención de concluir su análisis de la competencia material durante la primera mitad de 2021, a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a un análisis sobre admisibilidad.

Si bien es cierto que en los informes se señala que tras el examen preliminar abierto en 2018 por el caso de Venezuela hay fundamentos razonables para creer que “al menos desde abril de 2017” la dictadura de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad, el informe de la CPI (del 14 de diciembre) apunta directamente hacia abajo, contra las fuerzas de seguridad del régimen, como “presuntamente responsables por la comisión material de los presuntos crímenes”, y contra “individuos a favor del gobierno” que participaron en la represión de opositores o que presuntamente lo eran, no menos cierto es que en ningún momento apunta directamente contra las cúpulas del poder y mucho menos señala a Nicolas Maduro en nada. 

Entre las fuerzas de seguridad señaladas por la CPI se encuentran la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) “y ciertas unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”. 

Todos estos cuerpos de seguridad fueron señalados en el Informe Independiente para la Determinación de Hechos de la ONU, publicado en septiembre de este año. Entonces, ¿cuál fue el hallazgo y las consideraciones que Bensouda evaluó?

En cuanto a la línea de tiempo: 

En cuanto al temporalidad fue muy preocupante, por no decir decepcionante. El informe señala que “la Fiscalía ha concluido que la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, con arreglo al apartado e) del párrafo 1 del artículo 7; tortura, conforme al apartado f) del párrafo 1 del artículo 7; violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, con arreglo al apartado g) del párrafo 1 del artículo 7; y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, de conformidad con el apartado h) del párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto de Roma”.  

Es decir, las múltiples denuncias enviadas por diferentes solicitantes de justicia, que narran hechos cometidos antes del 2017, no tienen cabida para esta falaz fiscal y por lo tanto de manera muy perniciosa los excluye a todo evento de ser investigados por la corte. Entonces, ¿de qué justicia se habla?

Van más de siete años desde que se recibieron las primeras denuncias, más de 124 expedientes y la fiscal aún no concluye nada sobre Venezuela. Seis jefes de Estado solicitaron que se abriera una investigación formal. 

Ahora la fiscal Bensouda, con un maniqueísmo estoico y disfrazando las mismas palabras con frases similares, manifiesta lo mismo. ¿Hasta cuándo?

Difícilmente el curso de la historia podrá cambiar los hechos ocurridos, pero también difícilmente serán juzgados con una fiscal que no cumple su función.

Son muchísimos los hilos por los cuales podríamos descoser este entramado de mentiras, pero colocamos nuestras esperanzas en el nuevo fiscal de la CPI, lo que constituye que lo que queda del 2020 y del 2021 aún no tengamos justicia. Es imperiosa la Implementación de una justicia transicional que, de manera efectiva, juegue un papel en la implementación eficaz de una justicia verdadera, equitativa, con verdad y garantías de no repetición.

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