• Organizaciones nacionales han exigido el cese del hostigamiento y criminalización del trabajo de las ONG humanitarias en Venezuela. Azul Positivo es una organización dedicada a proveer ayuda a la población seropositiva en el estado Zulia

Seis miembros de una organización no gubernamental que se encarga de prevenir las infecciones de transmisión sexual y que trabaja para ayudar a las personas con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el estado Zulia, llamada Azul Positivo, serán procesados por la jurisdicción militar en Maracaibo. Los cargos aún se desconocen, de acuerdo con la información referida por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez). 

Funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia (Sipez) realizaron un allanamiento de su sede el martes 12 de enero en horas de la mañana. El operativo se extendió por más de seis horas y los miembros de esta ONG fueron aislados e incomunicados. Luego, a las 5:00 pm, fueron trasladados hasta la comandancia de la policía para supuestamente rendir declaraciones.

Codhez denunció este miércoles 13 de enero que los trabajadores humanitarios serán procesados por tribunales militares. Asimismo, agregó que los activistas siguen sin tener contacto con los abogados desde hace más de 26 horas y se desconocen los cargos imputados.

“Advertimos de una criminalización sin precedentes de la labor humanitaria en Venezuela. Exhortamos a las agencias de Naciones Unidas en terreno emitir un pronunciamiento urgente ante las agresiones al espacio humanitario en el Zulia”, señaló la ONG en su cuenta de Twitter. 

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) aseguró que Azul Positivo ha podido atender a más de 9.074 personas en nueve municipios del estado Zulia durante el año 2020. Su gestión, desde 2015, también ha podido prestar apoyo a más de 43.000 venezolanos. 

El trabajo de Azul Positivo 

El equipo de El Diario realizó un reportaje especial en 2019 en el que entrevistó a miembros de Azul Positivo debido al agravamiento de la condición de pacientes con enfermedades como el VIH.

Johan León Reyes, director general de la ONG, señaló durante esa entrevista que cada semana se diagnostican entre 10 y 15 personas con VIH en Maracaibo, una cifra que sería referencial, pues podría ser tres veces mayor si se contara con las pruebas necesarias para detectar la enfermedad.

En noviembre de 2018 se contabilizaban 9.652 personas como pacientes activos con VIH en el país. Este número se redujo a 5.236 en mayo de 2019 por la migración de los pacientes y la muerte de aquellos que no pudieron tratar la enfermedad.

La gestión en Zulia Azul Positivo ha extendido sus actividades con la organización de talleres sobre salud sexual y reproductiva, además de sesiones educativas sobre prevención de enfermedades y asistencia en seguridad alimentaria.

León Reyes destacó que los medicamentos que pueden encontrarse en las farmacias no son adquiridos por el Ministerio de Salud, sino que fueron traídos por medio de convenios con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el apoyo de organismos internacionales como ONU Sida y Aid for Aids.

“La gestión del gobierno es ineficaz. No ha tenido absolutamente ningún logro considerable en materia de salud y en materia de VIH menos aún. Les incomoda muchísimas veces tanto a nivel de gobernación, como a nivel del Ejecutivo, que las organizaciones sociales tengamos que decir esto, pero nos toca, es nuestra responsabilidad”, dijo el director general para este medio de comunicación.

Criminalización de la labor humanitaria 

“Exigimos el cese del hostigamiento y criminalización de la labor humanitaria. Es obligación del Estado garantizar un espacio humanitario seguro para asegurar la protección y el socorro de las personas que más lo necesitan”, expresó Azul Positivo en un comunicado.

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció el pasado 21 de diciembre de 2020 la persecución y el acoso de las autoridades gubernamentales del régimen de Nicolás Maduro a organizaciones de la sociedad civil que desempeñan labores humanitarias y que responden a la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela.

Desde noviembre de 2020, las autoridades que responden a Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad han llevado a cabo una campaña sistemática contra organizaciones humanitarias y de derechos humanos, que ha incluido congelar sus cuentas bancarias, emitir órdenes de detención y allanar sus oficinas”, señaló José Manuel Vivanco, director para las Américas de HRW.

En opinión de Vivanco, al régimen de Maduro “le interesa más reprimir al pueblo que ayudarlo, al bloquear el trabajo de las ONG mientras los niños pasan hambre”.

Asimismo, realizó un llamado a la comunidad internacional para «instar categórica y urgentemente” a las autoridades a que permitan la libertad de acción de las organizaciones humanitarias y de derechos humanos venezolanas e internacionales en el país.

Diosdado Cabello se pronuncia

El 9 de diciembre el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, acusó a un grupo de ONG venezolanas de “robar el dinero” que llegó al país a través de la presidencia interina de Juan Guaidó.

El dirigente del régimen de Nicolás Maduro amenazó con aplicar “la ley de manera inmediata contra estos delincuentes” con la fraudulenta Asamblea Nacional (AN) que se instaló el pasado 5 de enero.

Más antecedentes

El pasado 23 de noviembre, el Ministerio Público dictó una orden de arresto contra seis trabajadores de la ONG Alimenta la Solidaridad y de la organización internacional Save the Children. De acuerdo con la información proporcionada por los activistas, quienes no han tenido acceso al expediente penal, se los acusaría de legitimación de capitales y asociación ilícita.

ONG perseguidas

Más de 15

organizaciones humanitarias fueron mencionadas por Cabello en la alocución

Asimismo, el 24 de noviembre, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (Sebin) allanaron la antigua sede de Alimenta la Solidaridad. Los uniformados realizaron el procedimiento sin mostrar ninguna orden, y al día siguiente, requisaron la vivienda de los padres del fundador de la organización, 

El 15 de diciembre, efectivos de la Fuerza de Acción Especial (FAES) allanaron la sede de la organización de derechos humanos Convite. Los agentes confiscaron tres computadoras y dos teléfonos celulares que retuvieron durante varias horas.

También trasladaron al director de Convite, Luis Francisco Cabezas, y a su administradora, Patrizzia Latini, a una sede de la FAES para interrogarlos.

Procedimiento de funcionarios de la FAES en sede de Convite | Foto: Efe

Por otra parte, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) anunció el pasado 20 de noviembre que los bancos realizarán “un monitoreo más riguroso de las operaciones financieras de organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales”.

Alimenta la Solidaridad denunció que Sudeban ordenó congelar sus cuentas bancarias. Además, impide que la ONG pueda acceder a los fondos necesarios para llevar a cabo sus actividades humanitarias.

Esto, de acuerdo con la Sudeban, es con la finalidad de identificar a quiénes envían y reciben fondos de esas organizaciones.

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