• Han transcurrido tres años de la masacre de El Junquito, donde perdió la vida el exfuncionario Óscar Pérez. Actualmente no hay respuestas sobre la supuesta ejecución extrajudicial a siete ciudadanos

Desde mediados del año 2017, el nombre de Óscar Pérez es uno de los más conocidos en la opinión pública de Venezuela. En medio de las protestas contra del régimen de Nicolás Maduro, el exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas (Cicpc) sobrevoló un helicóptero el 27 de junio en las adyacencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el centro de Caracas. 

Lo hizo mientras sostenía un cartel con las palabras “Artículo 350. Libertad”. En ese momento, realizó varios disparos hacia la sede del Poder Judicial y se acercó al Palacio de Miraflores. Horas después, el régimen ya había emitido una alerta nacional e internacional para dar con la captura de Pérez, pues fue considerado el hombre más buscado de Venezuela.

En los meses siguientes se supo que el exfuncionario pudo esquivar a los cuerpos policiales, ocultarse durante días e intervenir en las protestas antigubernamentales en contra de Nicolás Maduro. Hacía presentaciones públicas para exponer a funcionarios del oficialismo y exigía la aplicación del artículo 350 de la Constitución. Posteriormente, dirigió la que se conoció como Operación Génesis.

¿Qué dice el artículo 350?

En la Constitución se señala que: «El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos».

Incluso estuvo vinculado con la incursión de un comando militar en el Fuerte Paramacay, ubicado en San Pedro de los Altos, en el estado Miranda, donde había logrado burlar a las autoridades para robar las armas que se encontraban en ese recinto. Grabó y divulgó en las redes sociales este asalto, mientras hacía un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Fue el 15 de enero de 2018 cuando alrededor de 500 integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado tomaron los alrededores de una quinta ubicada en la urbanización El Araguaney, en el kilómetro 16 de El Junquito. El régimen había activado la Operación Gedeón, que tenía como objetivo liquidar a un grupo que calificó como terrorista.

Los minutos transcurrían durante el operativo en el que Pérez aseguró que estaba negociando con los funcionarios. El expolicía indicó que se entregaría a cambio del cese de las ráfagas de disparos, mientras informaba, a través de las redes sociales, todo lo que estaba ocurriendo. “Queremos entregarnos y no nos dejan. Tienen órdenes de matarnos”, dijo. En paralelo, los funcionarios, con un lanzagranadas, atacaron el lugar donde se encontraba Pérez, dejando la vivienda en ruinas.

Foto: Archivo

20 horas después, cuando decretaron el cese del fuego, Néstor Reverol, para entonces ministro de Interior Justicia y Paz del régimen de Maduro, reveló que Pérez y otros seis miembros de su movimiento (José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Agostini, Daniel Soto, Jairo Lugo y Lisbeth Ramírez) fueron dados de baja y otros ocho integrantes fueron detenidos. También aseguró que dos policías murieron en el operativo, que duró 10 horas.

¿Cuáles han sido los avances de la investigación?

Sobre el caso de Óscar Pérez se entregaron más de 400 pruebas ante la Corte Penal Internacional (CPI). En diciembre de 2019, Wilmer Azuaje y Franco Casella, exdiputados de la Asamblea Nacional, presentaron un informe que contenía fotos, videos y otros documentos que demostraban la presunta ejecución de Pérez y su grupo, además de las violaciones de derechos humanos que se perpetraron en la operación policial.

El documento se encuentra comprimido en el caso Venezuela 1, que recoge pruebas de otros acontecimientos en los que se denuncia la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen de Maduro. En diciembre de 2020, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, informó que había culminado la segunda fase y el expediente pasó a una tercera fase de evaluación por parte de este organismo. 

De acuerdo con los procedimientos de este organismo internacional, al terminar la fase evaluativa, y si la CPI determina que en Venezuela no existe alguna posibilidad de que haya un juzgamiento autónomo e independiente sobre el caso de Óscar Pérez, se iniciaría un juicio contra los responsables.

Los últimos pronunciamientos de la CPI

El pasado 5 de noviembre de 2020, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, “determinó que existían fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte”, es decir, crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con la nota oficial publicada.

Se trata de un pronunciamiento crucial a efectos de la apertura de una investigación, según los procedimientos establecidos en el Estatuto de Roma, que rigen el funcionamiento de la CPI.

Rechazos en el último año

En mayo de 2018, un panel de expertos internacionales independientes designado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó que existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, a partir de 2014.

En septiembre de 2020, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela publicó un informe en el que destacó que Maduro y sus ministros contribuyeron con crímenes de lesa humanidad en el país.

Siguiendo el orden de las reglas de la CPI, luego del pronunciamiento de Fatou Bensouda sobre la existencia de fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido crímenes de lesa humanidad, faltaría la tercera y la cuarta fases del examen preliminar,  antes de que la Fiscalía de la CPI decida  o no la apertura  de una investigación propiamente dicha contra Maduro y otros altos funcionarios gubernamentales de Venezuela.

Sin embargo, no hay un lapso preestablecido para la conclusión del examen preliminar en curso y que se encuentra en la tercera de cuatro fases. Por lo pronto, el pasado 14 de diciembre de 2020 “las autoridades venezolanas se comprometieron a brindar el resto de la información solicitada por la Fiscalía para enero de 2021”, según se precisa en la nota oficial de este organismo internacional.

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