• El embajador de Venezuela para Las Bahamas conversó en exclusiva para El Diario sobre el caso de Jennys Meizas, una venezolana que pidió ayuda en las redes sociales, denunciando que su vida corría peligro

Rafael Domínguez, embajador de Venezuela en Las Bahamas, informó este jueves 21 de enero sobre el rescate de la venezolana en Bahamas Jennys Meizas. Ella denunció, en primera instancia, que estaba siendo víctima de un secuestro y en riesgo de ser vendida a una red de prostitución en ese país. 

Posteriormente, Meizas, en su declaración de los hechos a la policía, manifestó que había llegado a Las Bahamas por voluntad propia. Sin embargo, en una entrevista para El Diario, el embajador Domínguez explicó que Meizas se encontraba en el distrito más occidental, un compendio de islas cercanas a Estados Unidos llamado Islas Bimini. Fue este el lugar que la llevaron en contra de su voluntad, de acuerdo con lo que indicó.

Agregó que la embajada venezolana recibió la denuncia por dos vías: la primera, por la agencia de viajes que le vendió el pasaje para llegar hasta las islas desde Venezuela; y la segunda, a través de las redes sociales. 

El protocolo, explica Domínguez, es que una vez que el personal diplomático obtiene los detalles de la denuncia, se procede a notificar a tres organismos locales: el Departamento de Policía de Las Bahamas, la Unidad de Investigación Criminal y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés). Los tres actuaron en el caso.

La policía se trasladó hasta la dirección que ella proporcionó en su denuncia en las redes. Una vez en el lugar, Meizas fue trasladada hasta una sede policial y luego al departamento de migración”, señaló el embajador.

Domínguez también detalló que la ciudadana venezolana en Bahamas se encontraba en el sitio sin ningún tipo de documentación. Por ello la embajada realizó las gestiones necesarias, en conjunto con la agencia de viaje, para hacerle llegar una copia de su pasaporte y prórroga.

La mujer tomó un vuelo desde Venezuela hasta México y luego viajó hasta Las Bahamas, donde se presentó la situación, de acuerdo con su testimonio. El embajador también señaló que la información que se pudo conocer sobre las otras personas que también se encontraban en la residencia donde ella realizó la denuncia brindarán declaraciones sobre lo sucedido. 

Sobre la denuncia corresponde a las autoridades de Las Bahamas sustanciarla y verificarla. Nosotros, como Embajada, procedimos a alertar debidamente a los organismos competentes para lograr ponerla a salvo. El investigar lo que ocurrió ahora corresponde al gobierno de Las Bahamas. Aquí es importante resaltar que no podemos ante la duda no actuar. Que una persona esté en riesgo y así lo evidencie es suficiente para activar los protocolos necesarios y que sean las autoridades de la isla las que determinen el resultado”, manifestó Domínguez.

Mujeres y niñas, las principales víctimas

La trata de personas es un delito en el que la víctima está a merced de otra persona con fines de explotación como prostitución o esclavitud, es considerado la tercera actividad ilícita más lucrativa en todo el mundo, solo después del tráfico de drogas y del tráfico de armas. En Latinoamérica y el Caribe no es la excepción. 

El delito en números

150.000

millardos de dólares al año

12.000

millardos corresponden a Latinoamérica y el Caribe

De acuerdo con cifras de la Unodoc, la trata de personas afecta a todos los países del mundo, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas con un impacto en más de 124 países y 152 nacionalidades distintas.

Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su informe “Diagnóstico Nacional sobre la Situación de la Trata de Personas 2019” identifican que son las mujeres, niñas y adolescentes quienes representan el mayor porcentaje de víctimas de este delito con 80%, más de la mitad niñas 55% y 25% son adultas.

En Bahamas y otros países del Caribe se han dado casos de trata
Foto cortesía

Otro dato preocupante y que advierte la Unodc desde el año 2009 es que uno de los mayores retos consiste en medir la magnitud real de este delito, ya que muchas veces se confunde con otros escenarios ilícitos. Por ejemplo, muchas veces se confunden los casos de trata de personas, con casos de tráfico ilícito de migrantes y, viceversa.

En este contexto, el elemento característico de la trata será siempre el elemento de la explotación. El tráfico ilícito termina con la llegada de las personas migrantes a su destino, en tanto que la trata implicará la explotación de las víctimas con la finalidad de generar ganancias para los traficantes. 

Un factor importante en las implicaciones de este delito es que en muchos casos de trata, las personas son trasladadas sin su consentimiento; o si lo consintieron inicialmente, este consentimiento se entiende como corrupto en razón del engaño, coacción o abuso de poder con el que fue obtenido en principio.

La cooperación internacional es fundamental

La complejidad de este delito hace que su prevención, atención y persecución sea particularmente ardua. Por ello, la cooperación entre países es fundamental. 

El Protocolo de Palermo del año 2000, ratificado por 176 Estados, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, ha promovido que países de Latinoamérica y el Caribe puedan avanzar en la implementación de marcos jurídicos y políticos; así como mecanismos de justicia que puedan dar respuesta a este delito.

Países como Argentina, Perú, Guatemala y Paraguay cuentan con fiscalías especializadas en la trata para fortalecer la investigación criminal. A través de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes (Redtram), intercambian información, protegen a las víctimas y colaboran en su repatriación. Por su parte, Ecuador, Chile y Jamaica tienen unidades especializadas en trata de personas en la policía; mientras que Guatemala y Perú cuentan con juzgados con jurisdicción exclusiva en la materia.

La respuesta a este delito debe contar con protocolos estandarizados de detección, protección y derivación a servicios para las víctimas; además de facilitar el intercambio de conocimiento y análisis de casos difíciles. De igual manera, de acuerdo con la Unodc, se debe considerar la capacitación continua del personal para apoyar las investigaciones criminales para la judicialización de tratantes.

El organismo también recomienda a los gobiernos que adopten medidas para asegurar que, al tiempo que se respetan las restricciones de viajes y la libertad de movimiento, también se garantice el acceso a los servicios esenciales para victimas de trata de personas sin discriminación.

“La trata de personas es el resultado del fracaso de nuestras sociedades y nuestras economías para proteger a las personas más vulnerables”. Así lo aseveró Ilias Chatzis, jefe de la Sección de Trata de Personas de la Unodc. “Las víctimas no deberían ser adicionalmente “castigadas” en tiempos de crisis”.

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