• Olnar Ortiz, coordinador de Foro Penal, relató para El Diario el viaje de regreso de los 12 pemones excarcelados hacia su comunidad. Estuvieron detenidos en el Rodeo II por su supuesta participación en la “Operación Aurora” entre los días 22 y 30 de diciembre de 2019
Los 12 pemones excarcelados
Foto: Cortesía

Un retorno tranquilo pero con sabor amargo. Así puede describirse el regreso a sus hogares de los 12 pemones, quienes -desde diciembre de 2019- se encontraban detenidos arbitrariamente por su presunta participación en la “Operación Aurora”, un asalto con sustracción de armamentos a una instalación del Ejército venezolano ubicada en el estado Bolívar.

¿Qué fue la “Operación Aurora”?

De acuerdo con el reporte especial del Foro Penal sobre los 13 presos políticos indígenas de la etnia Pemón fue “un asalto y sustracción de armamento militar de las instalaciones del Batallón 513° de Infantería de Selva del ejército venezolano “Mariano Montilla”, ubicado en la población de Luepa, municipio Gran Sabana del estado Bolívar y el asalto al 5102° Escuadrón de Caballería Motorizado, conocido como Fuerte Escamoto, ubicado en Santa Elena de Uairén, estado Bolívar”.

Los indígenas aprovecharon la monotonía del viaje para entonar cánticos característicos de su etnia. Esto les servía de bálsamo para apaciguar los recuerdos de lo que vivieron en prisión, torturas, tratos degradantes y poca atención médica.

“Cantaron en el Internado Judicial Rodeo II (Guatire, estado Miranda), en el autobús y en el avión donde le dieron las gracias a los pilotos y a los que los acompañaron durante el proceso de excarcelación”, detalló en entrevista para El Diario Olnar Ortiz, abogado defensor de los 12 pemones e integrante del Foro Penal

El sábado 13 de febrero se conoció la excarcelación de estos indígenas. La noche anterior fueron trasladados hasta la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas. 

Cuatro días antes de ese hecho, Ortiz detalló que recibió una llamada del Rodeo II para solicitar su presencia. Aunque no le proporcionaron mayor información, dice, intuía que se trataba de los 12 indígenas detenidos. 

“Hasta el momento, desconocía que sería bajo un indulto con medida cautelar. Solamente tenía la notificación”, detalló.

Sobre las torturas

Un reporte especial del Foro Penal confirmó que estos pemones fueron sometidos a diferentes tipos de torturas físicas tales como asfixia, golpes, incluso con objetos contundentes. Recibieron torturas psicológicas como amenazas e insultos, los hicieron dormir en el suelo y los obligaron a realizar sus necesidades fisiológicas en bolsas y botellas. La poca comida que les fue suministrada durante los primeros días de detención fue tirada al suelo y de ahí debían comérsela.

Días antes de la excarcelación 

Los pemones regresaron a sus hogares
Foto: cortesía

El jueves 11 de febrero a Ortiz se le permitió ver las boletas de excarcelación de los pemones y al día siguiente le permitieron el acceso al Rodeo II. Esta vez para que diera fe como abogado principal del caso y para que sirviera como testigo en el proceso de excarcelación. 

Según detalla el abogado, ninguno de los 12 indígenas sabía qué ocurría mientras se daba la causa, ya que no se les había informado. 

Ortiz confiesa que mantuvo la calma y bajo perfil las gestiones para la excarcelación de los presos políticos. Esto para no generar “demasiada bulla” en redes sociales que “enturbiara” el proceso. 

Ya tenemos casos en donde se hicieron las boletas de excarcelación, pero al final no se materializan”, comenta Ortiz, quien especifica que manejar estos casos de forma discreta permite la seguridad “de los involucrados dentro del penal”.

En el interín -menciona- no pudo dejar de pensar en Salvador Franco, uno de los pemones detenidos, quien falleció el pasado 3 de enero por desnutrición y debido a que le negaron la atención médica. Sin embargo, el abogado de Foro Penal se propuso como meta llevar a los otros 12 con sus familias. 

Igualmente recordó que todavía quedan 14 personas detenidas (entre civiles y militares) que fueron involucrados en la “Operación Aurora” y que esperan una solución a su situación.

Un primer paso

Tres semanas después de la muerte de Salvador, Ortiz cuenta que visitó la comunidad kumarakapay para hablar con los familiares de los 13 indígenas. En el lugar discutieron algunas propuestas para buscar la liberación, pues temían por la salud del resto de los detenidos.

Los familiares enviaron un comunicado a las autoridades nacionales, con el apoyo de Jorge Gómez (el cacique mayor de la comunidad kumarakapay), quien aceptó participar en este acercamiento.

La comunidad de kumarakapay, junto con los familiares de los 13 presos políticos, en apoyo de la Capitanía General del Sector 6, emitieron un comunicado el 27 de enero a la vicepresidencia del país, donde solicitaban dos cosas: el indulto para ellos y la responsabilidad por la muerte de Salvador.

También “se exigía lo que era el ejecute de la orden judicial de la revisión médica de Salvador”.  

De igual forma, en el texto se garantizaba que si se producía el indulto, los 12 indígenas serían llevados al consejo de ancianos, donde serían sancionados según sus costumbres y luego notificarían la decisión a un tribunal. 

En el municipio Gran Sabana, en Santa Elena de Uairén, no hay tribunales y el más cercano es el de Puerto Ordaz. Prácticamente si les colocan una orden de presentación cada cierto tiempo tendrían que verse forzados y con dificultades para asistir sin problemas”, dijo.

Por ende, con la medida de excarcelación, se les concedió libertad inmediata, pero con la condición de asistir al tribunal más cercano cada vez que así lo requieran.

El proceso de liberación

Previo a la excarcelación se les hizo un chequeo médico general en el Rodeo II a los 12 pemones y cuatro de ellos, incluidos Óscar Albaniz Pérez, Amilcan José Pérez, Willy Gabriel Martínez, presentaban problemas respiratorios, según constató Ortiz. 

Por consiguiente, les mandaron a hacerse pruebas de rayos X y de tórax, aunque por la rapidez del proceso no se concretaron las revisiones médicas. El abogado de Foro Penal aclaró que se les dio un récipe con indicaciones médicas, que debían cumplir una vez estuvieran en su comunidad. 

Luego de allí los llevaron a la Dgcim para pasar la noche y esperar que se hicieran las 6:00 am del día siguiente -el 13 de febrero. Fecha en la que se dirigieron al Aeropuerto Nacional de Maiquetía. 

En ese lugar Ortiz se encontró con los indígenas. Lo acompañaba Felicia Pérez, madre de Amilcan, Óscar y Pantaleón Pérez (tres de los indígenas que estuvieron presos). “Felicia ha sido la madre de los 13 desde que empezó toda esta situación”, detalló.

De Maiquetía viajaron en avión a Puerto Ordaz, para luego ir rumbo a Santa Elena de Uairén, su hogar, a donde llegaron a las 12:00 pm. 

En el lugar, los recibieron la ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez; la ministra de Pueblos Indígenas, Yeral Yamilet Mirabal; y la ministra de Centros Penitenciarios, María Iris Valera. También estaba el cacique mayor, Jorge Gómez, el jefe local de la comunidad, además de algunos familiares y amigos de los pemones detenidos.

Ortiz explicó que Meléndez le entregó a él las boletas de excarcelación para que verificara si las cédulas y los nombres de los indígenas eran correctos. Una vez que el abogado confirmó la información, la liberación procedió. 

Y allí estaban los nombres de Fiaciencio Meya Fernández, Lisandro González, Carlos Alfredo Fernández, Julio Leomar Delgado, Carlos César García, Ronny Kelvin Sánchez Lambos, Oscar Albaniz Pérez, Amilcan José Pérez, Frederick Fernández, Frank José Fernández, Willy Gabriel Martínez y Pantaleón Hovito Mesía.

Todos se desempeñaban en su comunidad como artesanos, agricultores y guías turísticos. 

El reencuentro con familiares

El primer reencuentro con sus familiares, junto con la sensación de tener un momento de calma fuera de las rejas de Rodeo II, provocó en cada uno de ellos sentimientos encontrados, que pasaron por el alivio, la confusión y la gratitud. 

De acuerdo con Ortiz, la ocasión estuvo llena de júbilo, pero al mismo tiempo de nostalgia y un poco de tristeza por recordar a Salvador como el que no logró volver a los brazos de su familia. 

Yo veía que estaban emocionados. De hecho, cuando a uno de ellos le entregaron su boleta decía que estaba alegre, pero petrificado por la emoción y la confusión al no creer que de verdad estaban de nuevo en su comunidad, dijo el coordinador del Foro Penal.

El recibimiento del resto de la gente, fue un acto lleno de cantos, anécdotas y un festín con su plato típico tumá. En todo momento homenajearon a Salvador.   

Ortiz también agregó que durante todo el viaje de regreso los escoltaron funcionarios del Dgcim. Notó que el trato hacia los indígenas había cambiado significativamente después del caso de Salvador. “Fueron tomados mucho más en cuenta”.

También define todo el proceso de liberación de los indígenas como una situación completamente atípica a lo que habitualmente se hace para lograr una excarcelación. 

“Normalmente nosotros como abogados buscamos la boleta de excarcelación, la llevamos al centro penitenciario, nos entregan a los muchachos y posteriormente los llevamos a sus hogares”. 

En este caso, fueron las mismas autoridades nacionales los que se encargaron de irlos a buscar, llevarlos a la comunidad y hacer el proceso de excarcelación formal.

La inocencia de los 13

Como abogado principal de la causa, Ortiz reafirmó que los 13 indígenas “fueron llevados bajo engaño” el día que se dio la “Operación Aurora”. 

“Ellos fueron llevados para hacer una jornada de trabajo, desconocen lo que pasó, estuvieron, pero no fueron los cabecillas. Cuando retornan a su comunidad, nueve de ellos se entregan y dicen que estuvieron ahí pero que no tenían nada que ver en esa situación y es cuando empezaron a hacer detenciones arbitrarias”, explicó. 

Concluyó con el recordatorio de que los 12 continúan con un proceso pendiente de todos los delitos que se les acusaron de manera formal en diciembre de 2019. Estos son conspiración contra la forma política, terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo. 

“Este proceso de excarcelación la celebramos, pero fue algo que se pudo haber evitado. Si el mismo gobierno hubiera querido, los pemones hubieran sido enjuiciados bajo la jurisdicción indígena desde el principio, lo cual era lo correcto desde un inicio”.

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