• Algunos demócratas han considerado establecer modificaciones migratorias fragmentadas, como el proyecto de DACA, que le permitiría a éstos jóvenes obtener la residencia permanente. Foto: EFE

El presidente de Estados Unidos, Joseph Biden apenas asumió el cargo envió al Congreso la propuesta de reforma denominada US Citizenship Act of 2021 (Ley de ciudadanía estadounidense de 2021), un proyecto ambiciosamente progresistas que busca romper con las normas xenofóbicas de la anterior administración, al tiempo que permitiría hacer cambios semánticos y normativos dentro del sistema migratorio nacional para regularizar la situación de los más de 11 millones de ilegales que viven en el país.

Biden en materia de inmigración se han centrado en reparar el daño causado por su predecesor, Donald Trump, quien emitió diversas órdenes ejecutivas que la mayoría de los tribunales rechazaron por considerarlas ilegales.

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El mandatario demócrata ha rescindido la prohibición de viajar impuesta a algunos países de mayoría musulmana, detuvo las obras en el muro a lo largo de la frontera sur, restauró el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que Trump trató de obstaculizar y retiró la instrucción de “tolerancia cero» sobre el control fronterizo que llevó a miles de separaciones familiares, que hasta el presente no se han logrado reunificar.

Pero ya enfrentó su primer obstáculo migratorio, la orden de congelar las deportaciones durante 100 días fue bloqueada temporalmente por un juez federal después de una demanda del fiscal general de Texas, quien argumentó que su estado lidia con enormes costos de servicios para inmigrantes indocumentados que no son removidos del país.

Inclusiva reforma migratoria

Los senadores demócratas promotores de la reforma, Robert Menendez, y Linda Sánchez, anunciaron esta semana los detalles del proyecto que levantaría los obstáculos para que los trabajadores inmigren legalmente a Estados Unidos, agregaría recursos para la inspección de fronteras e incluiría un camino de ocho años hacia la ciudadanía para las personas que entraron al país ilegalmente el 1° de enero de este año.

Tenemos un imperativo económico y moral de aprobar una reforma migratoria grande, audaz e inclusiva”, dijo Menéndez durante una conferencia de prensa virtual, describiendo la medida como un intento de modernizar el sistema y superar el “espectáculo de horror y odio del expresidente Donald Trump”.

Menéndez dijo que los demócratas han fracasado en este tema en el pasado porque “una y otra vez, nos hemos comprometido demasiado y capitulado demasiado rápido a las voces marginales, que niegan la humanidad de los inmigrantes y en cambio escuchan a los nacionalistas blancos.

El proyecto que Biden propone reconoce a Estados Unidos como una nación de inmigrantes y establece incluso modificaciones semánticas que cambian la conceptualización de los ilegales, eliminando la palabra “extranjero, por “no ciudadano,. De esta manera, el presidente trata de romper con el pasado adoptando un enfoque más cercano a los derechos humanos.

“El proyecto de ley es una medida con visión de futuro que ayudará a transformar nuestro sistema de inmigración roto en uno basado en políticas humanas y justas. Refleja los sentimientos de los votantes estadounidenses, con una mayoría apoyando un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados mientras prioriza la reunificación familiar, nuestra economía y la seguridad fronteriza inteligente. Como la primera organización latina nacional que apoyó al presidente Biden como presidente, nos alienta que haya cumplido su promesa de trabajar con el Congreso en la política de inmigración”, estimó Nathalie Rayes, presidenta y directora ejecutiva de Latino Victory Project.

Viabilidad del proyecto de reforma migratoria

El programa es mucho más progresista que el de su compañero de fórmula y expresidente Barack Obama llevó en 2013 al Congreso, que ofrecía una serie de concesiones: reforzar la seguridad en la frontera, limitar parte de la inmigración, y tomar medidas enérgicas contra el trabajo no autorizado que le impidieron tener margen de maniobra para negociar con los republicanos.

La última vez que se trató al Congreso una legislación de inmigración integral y bipartidista fue en 2013, y una reforma migratoria integral no se ha aprobado en más de 30 años. Desde entonces ha habido pocos avances al respecto, salvo el programa de DACA que fue creado por Obama mediante una orden ejecutiva.

“La oportunidad más realista en el clima político actual sería arreglar el programa de DACA a través de la legislación. Los republicanos han reconocido que dicha reforma cuenta con un apoyo tan amplio del público que sería una tontería no seguir adelante y sacar a casi 700.000 personas de este estado de limbo administrativo. La pregunta es si el ala más progresista de los demócratas intentaría evitar la reforma por sí sola, considerándola una solución fragmentaria o una medida a medias“, advirtió Lauren R. Aronson, directora de la Clínica de Derecho de Inmigración de la Facultad de Derecho Urbana-Champaign de la Universidad de Illinois.

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Aunque la propuesta demócrata ha sido elogiada por los progresistas y los defensores de la inmigración, la legislación enfrenta a una gran dificultad debido a la polarización política en el Congreso: los demócratas tienen mayorías reducidas y necesitan como mínimo de 10 votos republicanos para pasar la norma en el Senado.

«El hecho de que se presente este proyecto de ley no significa que en realidad haya un plan para aprobarlo,, dijo Evan Weber, director de políticas del progresista Movimiento Sunrise, uno de los grupos de defensa con los que consultó la Casa Blanca antes del lanzamiento. «Así que esa es una de las cosas que buscaremos de la Casa Blanca y los líderes demócratas: ¿Cuál es la estrategia?,

En lugar de buscar consensos para negociar un proyecto de ley, algunos republicanos ya han atacado la propuesta tildándola de «amnistía» para los ilegales.

La última amnistía en materia migratoria que concedió un presidente, fue precisamente uno republicano, Ronald Reagan a través de la Ley de Control y Reforma de la Inmigración en 1986, que legalizó a tres millones de personas. Pero incluso con el refuerzo de la aplicación de la ley en la frontera y algunas sanciones a los empleadores, dicha reforma no frenó la llegada de inmigrantes no autorizados.

Legalizar a 11 millones de personas (casi cuatro veces lo hecho durante la administración de Reagan) generaría cambios demográficos significativos, permitiría a esta población salir de las sombras y acceder a puestos de trabajos mejor remunerados, además de brindarles asistencia social, cobertura sanitaria y elegibilidad para el Seguro Social. También crearía un nuevo grupo de votantes, a mediano plazo.

Más del 60% de los 11 millones de inmigrantes indocumentados ha residido en el país durante más de una década y tiene más de cuatro millones de niños nacidos en Estados Unidos. Representan el 5% de la fuerza laboral, lo que representa la columna vertebral de los sectores de agricultura, construcción y hotelería de acuerdo con The New York Times.

Aproximadamente cuatro de cada 10 persona no ingresaron a Estados Unidos a través de la frontera suroeste (de forma ilegal), fueron extranjeros que entraron regularmente por puertos o aeropuertos con visas que superaron la estancia: turistas, estudiantes o trabajadores calificados temporales que nunca se fueron.

Esta es la agenda de inmigración más audaz que cualquier administración ha presentado en generaciones”, dijo Muzaffar Chishti, investigador principal del Migration Policy Institute. “Pero dado que los demócratas tienen una mayoría mínima en el Congreso, la administración necesita que sus expectativas sean moderadas”. Legalizar solo un grupo al principio, digamos, los trabajadores agrícolas, podría ser “más realista”, dijo.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata, estima que algunos demócratas quieren romper el proyecto de ley de inmigración y seguir un enfoque fragmentado, mientras que otros quieren usar el proceso de reconciliación presupuestaria para evitar el umbral de 60 votos del Senado. «Queda por ver cómo sucede a través del proceso legislativo. Pero es una prioridad,, dijo.

“Es genial que el poder ejecutivo proponga proyectos de ley más progresistas, pero la posibilidad real de que se apruebe de una manera verdaderamente bipartidista como está escrito actualmente parece remota,, advierte Aronson, quien explica que “cuando hay prosperidad económica, hay mucha menos preocupación por la llegada de inmigrantes de países pobres y la eliminación de puestos de trabajo. Cuando hay incertidumbre económica, como la hay ahora, el público tiende a volverse mucho más insular, más nacionalista y xenófobo. Eso no es un buen augurio para ningún tipo de legislación de inmigración,.

Abordar las causas originales de la migración

Entendiendo que la migración ilegal es consecuencia de los países con democracias ineficientes que no atienden y solucionan los problemas internos, el proyecto migratorio de Biden propone financiar un plan interinstitucional de cuatro años de 4.000 millones de dólares para abordar las causas subyacentes de la migración en la región, incluso aumentando la asistencia a El Salvador, Guatemala y Honduras, condicionada a su capacidad para reducir la corrupción endémica, violencia y pobreza que motiva su migración.

También crearía canales legales para que las personas busquen protección mediante el establecimiento de centros de procesamiento designados en toda América Central para registrar y procesar a las personas desplazadas para el reasentamiento de refugiados y otras vías de migración legal en EE UU u otros países.

El proyecto de ley restablecería el programa de menores centroamericanos para reunir a los niños con parientes estadounidenses y crea un programa de libertad condicional de reunificación familiar centroamericana para unir más rápidamente a las familias con peticiones aprobadas de patrocinio familiar.

¿A quiénes beneficiaría el proyecto?

La nueva legislación traza el camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados a través de un estatus temporal de cinco años, en el que después podrán solicitar la residencia permanente (Green Card), que deben tener durante tres años antes de poder solicitar la ciudadanía. Solo los inmigrantes indocumentados que estén en Estados Unidos antes del 1° de enero de 2021 serán elegibles para el proceso de legalización.

También beneficiaría a los 649 mil jóvenes del programa de DACA, los más de 400 mil titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que provienen de siete países El Salvador, Haití, Nicaragua, Honduras, Nepal y Sudán, miles trabajadores agrícolas, así como la facilitación de la reunificación familiar.

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La Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola crearía un camino hacia la legalización para los trabajadores agrícolas, así como también reforma el programa de visas existente para trabajadores agrícolas, conocido como la visa H-2A.

Uno de los cambios más significativos sería la eliminación de la regla de los tres y los diez años, que impide que los indocumentados regresen al país una vez que hayan sido deportados.

También ampliaría las sanciones para quienes contraten inmigrantes indocumentados, además de buscar establecer un equipo de trabajo con sindicatos y empresarios para el sistema E-Verify.

En lo que respecta a la seguridad fronteriza, el proyecto pediría mejorar la infraestructura tecnológica en la frontera para una inspección más sólida en los puertos de entrada para detectar el contrabando y la actividad delictiva, centrada en una visión más humanitaria, pero sin descuidar los aspectos de seguridad pública. La reforma abriría el camino para establecer programas que ayuden a reducir la inmigración de inmigrantes indocumentados de México y Centroamérica.

El proyecto de ley también aumentaría las visas de diversidad de 55.000 a 80.000. Promovería la integración y ciudadanía de inmigrantes y refugiados a través de fondos a los gobiernos estatales y locales, organizaciones privadas, instituciones educativas, organizaciones comunitarias y organizaciones sin fines de lucro para expandir programas que aumente la instrucción del idioma inglés y brindar asistencia a las personas que buscan convertirse en ciudadanos.

También habrá un enfoque especial en los tribunales de inmigración, para contratar más jueces, personal especializado, adquirir más tecnología e implementar programas de orientación legal.

El proyecto de ley también buscaría proporcionar fondos para los distritos escolares que educan a los niños no acompañados, al tiempo que aclara las responsabilidades del patrocinador para dichos niños.

Adicionalmente, el proyecto buscaría apoyar a los solicitantes de asilo mediante la eliminación del plazo de un año para presentar su caso y proporcionaría fondos para reducir las solicitudes de asilo atrasadas. También aumentaría las protecciones para los solicitantes de visas U, visas T y VAWA, incluso aumentando el límite de visas U (víctimas) de 10.000 a 30,000. El proyecto de ley también ampliaría las protecciones para los extranjeros que ayudan a las tropas estadounidenses.

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