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- El pasado 1° de marzo se realizó un aumento de 50% de los sueldos sin anuncios previos ni publicación en Gaceta Oficial. Para el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, el Estado viola el derecho constitucional de los trabajadores a percibir ingresos que cubran sus necesidades básicas. Foto: José Daniel Ramos
Un combo de dos empanadas y un jugo equivale al nuevo salario mínimo, que desde el 1° de marzo se aplicó para todos los trabajadores de la Administración Pública. Sin un anuncio formal del régimen de Nicolás Maduro, ni publicación en la Gaceta Oficial, entró en vigencia fácticamente y por debajo de la mesa.
El nuevo sueldo base es de 1.800.000 bolívares, un aumento del 50% respecto al monto anterior de Bs. 1.200.000. También se incrementó el bono de alimentación igual a Bs. 1.800.000, por el total del salario mínimo integral quedó en Bs. 3.600.000. La medida afecta también a los tabuladores salariales de diferentes organismos.
De acuerdo con una circular difundida presuntamente por el Ministerio de Ecosocialismo donde se muestra su tabla de remuneraciones, un funcionario con estudios universitarios y del rango más alto apenas percibe mensualmente Bs. 5.472.000.
Este nuevo sueldo apenas equivale a dos dólares al cambio. Si se toma en cuenta la tasa paralela publicada este jueves 11 de marzo, de Bs. 1.840.721,36 por dólar, el salario integral sería de $1,95. Por su parte, con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) de Bs. 1.874.468,12 por dólar el panorama no es mucho mejor: se reduce por unos centavos a $1,92.
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Violación de derechos
El director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, señaló a El Diario que tienen reportes de que hay empleados del sector privado y pensionados que han cobrado el nuevo salario. Y aunque no han sabido que se haya aplicado lo mismo en la Administración Pública, acota que lo más normal es que se aplique en ambas ramas.
Para el abogado, la forma en que el régimen de Maduro decreta los incrementos salariales refleja su “desprecio por el derecho”, pues no publicar en Gaceta Oficial el nuevo monto lo somete a un estado de ilegalidad.
Explica que el hecho de que el nuevo salario no esté publicado todavía en Gaceta Oficial sí afecta los derechos de los trabajadores. Señala que en materia de reivindicaciones laborales, como reclamos por despidos injustificados, liquidaciones o cuando se mide en salarios mínimos los ingresos de un trabajador, se usa como base el monto establecido en la gaceta, por el único legal.
“Esto ya ha ocurrido antes. Los aumentos se hacen y se publican mucho después en gaceta, por lo que el Ministerio del Trabajo y los tribunales laborales solo aceptan el salario que está en la última gaceta”, agrega.
Del mismo modo, señala que el aumento de apenas Bs. 600.000 del sueldo base viola flagrantemente los derechos laborales de los venezolanos, pues el artículo 91 de la Constitución establece que el salario debe ser suficiente para garantizar una vida digna y la resolución de las necesidades fundamentales de los trabajadores. En este sentido, el Estado está obligado a proveer “un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”.
Afirma que por este motivo los últimos ajustes salariales realizados por el régimen han pasado desapercibidos, sin los grandes anuncios en cadena de radio y televisión que los voceros del oficialismo, principalmente Maduro, solían hacer en años anteriores. Añade que al no querer hacer pública la cantidad del sueldo de sus trabajadores, también se viola el derecho civil y político del libre acceso a la información.
“Esto pone en evidencia que en el gobierno se está muy consciente de que el salario no está cumpliendo los parámetros que la Constitución establece, y para no defender lo indefendible, prefieren no decir nada”, dice.
El salario ideal
De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), la canasta básica de alimentos, bienes y servicios esenciales para enero de 2021 es de $406,66, equivalentes al cambio oficial a Bs. 762.271.156,9. Al comparar esa cifra con el salario anterior, de apenas $0,78, Daniels resalta la “abismal diferencia” que coloca a Venezuela entre la lista de los países con el salario mínimo más bajo del mundo.
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Asevera que cada ajuste salarial que realiza el régimen tiene un impacto directo sobre la economía nacional, ya que se trata de mayor empleador del país. Para él, la incidencia que tienen los aumentos en las escalas salariales del sector público toman relevancia cuando se multiplica lo que gana cada funcionario por la extensión de la nómina gubernamental. Por ese motivo, especula Daniels, se trata de que los incrementos sean lo más bajos posibles para evitar influir en los índices económicos.
Destaca que con estas medidas, los principales afectados no solo son los trabajadores que subsisten precariamente con el salario mínimo, sino muy especialmente los jubilados y pensionados, que deben depender de sus familiares al no poder buscar otros trabajos que les aporten ingresos extra.
Sobre si el Estado está en capacidad de permitirse el pago de un sueldo mínimo de $400, la respuesta para Daniels es una incógnita, pues desde hace tres años el régimen no publica información sobre el presupuesto de la nación. No obstante, el abogado no cree que los bajos sueldos se deban a que el Estado no cuenta con recursos suficientes para pagar, sino más a una mala distribución del presupuesto que prioriza otros sectores como el gasto militar, de acuerdo a reportes parciales a los que han tenido acceso organizaciones como Transparencia Venezuela.
“Justamente el hecho de que el gobierno esté dictando el gasto a cosas que no corresponden, que no tienen la misma importancia, se puede ver que sí ha habido un importante incremento de los salarios y el gasto en ese sector (el militar), pero en el caso de los pensionados y funcionarios públicos no ha tenido el mismo trato. Ahí se ve cómo ha habido una discriminación de áreas que son más vulnerables y desprotegidas”, comenta.
