• Las formas de maltrato físico, verbal o psicológico hacia una mujer durante el parto por parte del personal de salud es una agresión condenada por la legislación venezolana. En El Diario conversamos con dos especialistas para conocer las implicaciones de este tipo de violencia. Foto principal: Meridith Kohut- The New York Times

El parto podría ser para muchas mujeres una experiencia que cambia su vida, sin embargo, otras ven empañado su alumbramiento con agresiones, maltratos, humillaciones y procedimientos innecesarios por parte del personal de salud. 

Las agresiones en los hospitales constituyen una forma de maltrato dentro de las múltiples variaciones de violencia contra la mujer.

Se define como violencia obstétrica y, aunque es un término poco conocido en la sociedad venezolana, está consagrado en la legislación del país.

Venezuela fue el primer país de Latinoamérica en admitir el término de violencia obstétrica dentro de sus leyes. En el año 2007 con la creación de la Ley Orgánica para el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia se estableció la violencia obstétrica como una forma de violación a los derechos de la mujer. 

“Se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres”, el artículo 15, numeral 13 de la mencionada ley. 

Esta agresión contempla una multa desde 250 unidades tributarias hasta 500 unidades tributarias para los presuntos responsables. 

¿En qué consiste la violencia obstétrica?

Esta forma de violencia es aplicada por el personal de salud de un centro hospitalario, lo que incluye médicos, enfermeras e incluso trabajadores administrativos. La legislación venezolana considera como violencia obstétrica los siguientes hechos: 

  • No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas
  •  Obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical. 
  • Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre. Sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargar o amamantar al bebé inmediatamente al nacer. 
  • Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración. Sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. 
  • Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en una declaración publicada en el año 2015 condenó las agresiones que sufrían las mujeres en el mundo en el contexto reproductivo hospitalario. Aunque la OMS no usa la terminología de violencia obstétrica, considera que existen acciones que vulneran los derechos de la mujer. 

“Maltrato físico, la humillación y la agresión verbal, los procedimientos médicos coercitivos o no consentidos (incluida la esterilización), la falta de confidencialidad, el hecho de no obtener el consentimiento plenamente informado, la negativa a suministrar medicación contra el dolor, las graves violaciones de la intimidad, la denegación de admisión a los centros de salud, el abandono de las mujeres durante el parto que puede llevarles a sufrir complicaciones evitables y que puede amenazar su vida y la detención de las mujeres y sus hijos recién nacidos en los centros, tras el parto, debido a su incapacidad para hacer frente al pago”, establece la OMS, que también señala que estas formas de violencia ponen en peligro su derecho a la vida, a la salud, a su integridad física y a no ser objeto de discriminación.

Violencia obstétrica

En el año 2019 la Relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos de la mujer, Dubravka Šimonović, emitió un informe sobre la violencia contra la mujer en centros de salud reproductiva. Con énfasis en el parto y la violencia obstétrica. En el texto señalaba que se trata de un problema “sistemático y generalizado” y que no ha sido abordado desde la perspectiva de derechos humanos. 

Situación de Venezuela

Desde hace varios años Venezuela enfrenta una emergencia humanitaria compleja. A juicio de la abogada Luisana Barrios, esta crisis influye directamente en la violencia obstétrica que pueden sufrir las mujeres en los hospitales. 

“En el estado de emergencia humanitaria compleja donde nos encontramos actualmente es más complejo todo lo que tiene que ver con la materia obstétrica. Para dar a luz la mujer tiene que llevar absolutamente todos los insumos médicos, que son bastantes costosos. Por otra parte, para dar a luz en una clínica se requiere 3.000 y 4.000 dólares. Eso es un monto que no todo el mundo tiene”, señala para El Diario la especialista en derechos de las mujeres. 

Barrios señala que no atender de manera oportuna a una mujer que esté en proceso de parto, constituye un hecho de violencia obstétrica. Sin embargo, debido a la falta de insumos y equipos en los hospitales venezolanos la atención se ve limitada por los recursos que el personal de salud tenga disponibles. 

En redes sociales se han hecho virales videos de mujeres dando a luz en las puertas de hospitales. En muchos casos esto ocurre porque le niegan el ingreso a los centros de salud. El 5 de abril, en Tucupido, estado Guárico, una mujer parió en la plataforma de un camión que se utiliza para transportar ganado, que estaba estacionado frente a un hospital. 

“Una de las cosas por las que se tipifica la violencia obstétrica es no atender de manera oportuna y eficaz una emergencia materna. Cuando una mujer llega a un hospital y no se le atiende y ella pierde al bebé o ella termina muerta eso se considera violencia obstétrica. También cuando alteran el procedimiento del parto bajo riesgo sin obtener el consentimiento voluntario de la mujer”, afirma Barrios.

Responsabilidad del Estado

En Venezuela no se emiten cifras oficiales de morbilidad materna desde el año 2016. El ministro de Salud del régimen, Carlos Alvarado, aseguró en el año 2019 que la mortalidad materna durante ese año hubi una tendencia muy seria de reducción. Sin embargo, esta afirmación fue refutada por Jairo Fuenmayor, representante de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, quien aseguró que en Venezuela no se registra un decrecimiento de las cifras desde hace 15 años. 

Fuenmayor afirmó que hasta 2019 el índice de mortalidad materna era 112,2 por cada 100.000 nacidos vivos en promedio. Resaltó que las tres primeras causas de mortalidad materna en el país son hemorragias posparto, sepsis e hipertensión inducida por el embarazo. Estas complicaciones son tratables con la medicación adecuada y oportuna, pero señaló que los hospitales no poseen las condiciones óptimas. 

“La violencia obstétrica es violencia hospitalaria. Cuando obligan a un médico a atender a un paciente sin los recursos adecuados, eso es violencia hospitalaria. Pues obligan al médico a hospitalizar a un paciente, sin tener las condiciones adecuadas, por orden del director o de un jefe de servicio. No tenemos los recursos para brindar una atención materna con garantía de que todo vaya a salir adecuadamente”, señaló el obstetra durante una rueda de prensa en la Universidad Central de Venezuela. (UCV).

La abogada Luisana Barrios precisa que si bien es un tipo de violencia que involucra al personal de salud, no se les puede culpar totalmente de esta situación. Asegura que es responsabilidad del Estado prevenir estas formas de violencia. 

No es cuestión de culpar al personal de salud solamente, sino a todas las políticas públicas que se le ofrecen a ellos, porque si no tienen instrumentos o insumos también se les complica a ellos la situación. Además de eso viene el problema de los métodos anticonceptivos, de la educación sexual integral que no se cumple en Venezuela, si no es por organizaciones de la sociedad civil que se han encargado de informar y culturizar en el tema”, precisa la abogada Luisana Barrios

En el año 2020 el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por el aumento de las cifras de mortalidad materna en Venezuela. 

El comité citó las cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que contabilizaban 190 muertes maternas solo hasta el 6 de abril de 2019, con un promedio de 12 por semana, 98.6% de ellas ocurridas dentro de los centros hospitalarios. 

También se refirió a las denuncias de las organizaciones de la sociedad civil que apuntaban que debido a la falta de opciones y los elevados precios de los métodos anticonceptivos, el Estado venezolano estaría ofreciendo la esterilización como único método irreversible. 

Debido a esta situación, el comité solicitó al Estado publicar cifras sobre mortalidad materna; garantizar las condiciones óptimas para la atención de la gestación, el parto y el posparto en los centros de salud, erradicando cualquier práctica relacionada con la violencia obstétrica y proveer recursos suficientes al sector salud, a fin de que sean proporcionados a las mujeres métodos anticonceptivos modernos y seguros.

Mujeres pobres más propensas a sufrir violencia obstétrica 

La Organización Mundial de la Salud precisa en su pronunciamiento que existen algunas condiciones que hacen que una mujer sea más propensa a sufrir violencia obstétrica. “Es más probable que las mujeres adolescentes, las solteras, las de nivel socioeconómico bajo, las que pertenecen a una minoría étnica, las inmigrantes y las que padecen VIH, entre otras, sufran un trato irrespetuoso y ofensivo”, reza el comunicado. 

En el caso de Venezuela las condiciones socioeconómicas son un factor que influye en la violencia obstétrica. Debido a la crisis hospitalarias muchas mujeres cruzan la frontera con Colombia para dar a luz en ambientes más seguros. Sin embargo, esto también las coloca en una situación de vulnerabilidad. 

“Desde la perspectiva de los derechos humanos los sectores más vulnerables ven exacerbada esa condición en contextos de crisis. Un ejemplo de esto lo podemos evidenciar en lo que ocurre con respecto a la crisis migratoria. Donde nadie se pregunta bajo qué condiciones las mujeres embarazadas están viviendo su proceso: controles, alimentación, exámenes, parto”, afirma Amnistía Internacional. 

Violencia obstétrica en Venezuela
Los municipios de mayor residencia son Ibagué y Melgar.

También las mujeres que viven en zonas rurales o con poco acceso a la tecnología carecen de información suficiente sobre educación sexual y reproductiva. También sobre violencia obstétrica, además de un limitado acceso a métodos anticonceptivos. 

“Se le puede explicar a las mujeres a través de un foro chat o un webinar lo que es la violencia obstétrica.  Pero no solo es explicarle a las que tienen acceso a la tecnología. También es ir a las comunidades vulnerables y explicarles esta situación a esas mujeres porque ellas en gran parte son las que se ven más afectadas. Ellas no tienen la economía necesaria para costear los insumos médicos que te piden en un hospital. No tienen la información con respecto a la violencia y por temas económicos no tienen cómo llegar a una clínica”, comenta Barrios. 

La abogada precisa la importancia de que una mujer que sufrió violencia obstétrica introduzca una denuncia ante las autoridades. Señala que como parte de la responsabilidad penal del Estado, la mujer puede denunciar al agresor o incluso al hospital. Luego que haya una sentencia, la víctima puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios. 

“Obviamente esto no va a devolver al bebé, a la madre. O va a calmar el trato deshumanizador y la violencia psicológica que vivió pero sí es cuestión de hacer justicia”, afirma. 

Impacto psicológico

Como otras formas de maltrato, la violencia obstétrica puede conllevar secuelas psicológicas para la mujer durante y después del parto. La psicóloga Antonella Fabiano explicó para El Diario que la parturienta es colocada como paciente y pasiva ante su proceso donde queda subordinada a un protocolo médico. 

Tenemos muy internalizado que los protocolos médicos no se cuestionan. Cuando nos damos cuenta que una mujer se convierte en actriz expectante de su proceso esto se puede notar cuando se le niega la expresión de sus emociones en ese momento. La mujer embarazada es vulnerable. Estos malos tratos que se encuentran en el área sociosanitaria se naturaliza con comentarios discriminatorios como ‘las mujeres están hechas para parir’ o ‘de qué te quejas’, ya eso es maltrato”, comenta Fabiano

A juicio de la especialista, los protocolos médicos son mecanizados y estandarizados lo que genera que el trato hacia los pacientes sea deshumanizador. Precisa que en muchos casos a la mujer se le impide estar acompañada en el proceso de parto. Por lo que tiene que vivir ese momento sola.

¿Qué secuelas pueden sufrir?

Debido a esta situación, las mujeres pueden sufrir consecuencias psicológicas de acuerdo a cómo fue su experiencia hospitalaria durante el parto. Entre estas secuelas se encuentra la depresión posparto en la que las mujeres están siempre retraídas, con ganas de llorar o que no quieren tener contacto con su bebé. 

También pueden experimentar cuadros de ansiedad fóbicos. “Hay mujeres que quedan tan adoloridas o que el dolor ha sido tan traumático que les genera una especie de fobia a que las toquen”, asegura la psicóloga. En los casos más graves se pueden encontrar mujeres que sufren estrés postraumático luego del parto. 

“Es importante que se reconozca el potencial de daño que puede generar este intervencionismo médico. Si nosotros no reconocemos esto no podremos reconocer que un cuadro de depresión, estrés postraumático, puede ser el resultado de este intervencionismo”, afirma. 

La violencia obstétrica forma parte del universo de agresiones contra la mujer. Constituye una práctica discriminatoria que vulnera los derechos humanos. A pesar de que la ley venezolana tipifica este tipo de violencia, el problema radica en la falta de políticas públicas del Estado en materia de salud sexual y reproductiva, sensibilización del personal de salud en derechos de la mujer. Así como el desconocimiento de la población de las señales que constituyen una forma de maltrato.

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