• Apoyados en el Decreto Presidencial 269 de la Gaceta Oficial Extraordinaria 4.106 de 1989, que prohíbe la explotación minera en Amazonas, la Organización Indígena del Pueblo Uwotuja de Sipapo (Oipus) ha denunciado desde hace varios años este tipo de actividad ilegal, pero sin obtener respuesta del Estado venezolano

Tras conocerse la semana pasada un presunto enfrentamiento entre miembros del pueblo indígena Uwotuja por desacuerdos en torno a la minería ilegal que se ha denunciado en la zona de Sipapo, municipio Autana del estado Amazonas, los directivos de la Organización Indígena del Pueblo Uwotuja de Sipapo (Oipus) se pronunciaron al respecto. 

Este viernes 9 de abril se dirigieron a la opinión pública e informaron que solicitaron medidas precautelares ante el Ministerio Público y la representación de la Defensoría del Pueblo en el estado Amazonas. Esto en favor de proteger el medio ambiente y la integridad del territorio ancestral, según detalló Alirio López, miembro de la comisión de educación de Oipus, quien estuvo acompañado del coordinador de la organización Otilio Santos y del coordinador de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia), Eligio Dacosta. 

“Insistimos en que las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela deben desalojar de manera inmediata a los mineros ilegales de Cerro Quemado, en el sector Alto Guayapo. Así como medidas de protección a los líderes de las comunidades, a los jóvenes que integran la guardia indígena y a la Junta Directiva de Oipus, por las amenazas que han tenido hacia su integridad física en el marco de los hechos”, detalló López.

Además, denunciaron que “estos mineros y sus grupos patrocinantes amenazaron con quemar próximamente la comunidad de Caño Guama si no se les permite realizar su actividad minera. Debemos reflexionar sobre este punto, porque no solo corresponde al pueblo Uwotuja, sino a todo Amazonas y al Estado venezolano tomar cartas en el asunto”, subrayó el líder indígena.

Minería ilegal en Amazonas
Alirio López, miembro de la comisión de Educación de Oipus, y Otilio Santos, coordinador de Oipus

Ocho años de denuncias

Alirio López indicó que desde el año 2013 hasta la fecha han manifestado públicamente la presencia de grupos armados en el territorio ancestral. Y en el tiempo más reciente, la presencia de la minería ilegal. 

Desde abril de 2020, hace un año, se introdujeron las primeras máquinas para la extracción de oro en el sector Alto Guayapo y desde ese momento los problemas se intensificaron. En este sentido, hemos tratado a través del diálogo manifestar a estos actores externos nuestro desacuerdo con estas actividades, ya que deterioran el ambiente y están trayendo impacto sociocultural negativo, que apunta a la destrucción de la cultura ancestral”.

López insistió que esto se ha denunciado de manera constante y sistemática ante los organismos de seguridad del Estado. Como la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Todo sin haber logrado el desalojo por parte del Estado de los mineros en su territorio ancestral.

“Una de las acciones que se logró concertar a finales de 2020 fue entre el Ministerio Público y la Organización de Protección Ambiental Guardia Indígena Uwotuja, dedicada a cuidar la naturaleza y su tierra, para frenar el paso de combustible y provisiones que se trasladan al Alto Guayapo. Esto con la intención de incentivar y continuar con el trabajo de minería ilegal”, señaló.

Adicionalmente, el vocero sostuvo que ante la inacción de los organismos de seguridad, “se han sentido huérfanos del Estado venezolano”. Por ello se creó la guardia indígena, la cual se ha “criminalizado por personas ajenas a nuestra organización”. Algo que también están denunciando.

Finalmente, desde Oipus indicaron que esperan una respuesta pronta y positiva ante la solicitud de medidas precautelares. Pero de no ser así, tienen previsto elevar su solicitud a instancias mayores como el Ministerio de la Defensa y ante Nicolás Maduro. 

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