• El canal del Estado venezolano retransmite, de forma sistemática, producciones de la empresa estadounidense sin contar con la autorización requerida

La vulneración de los derechos en Venezuela no es un fenómeno reciente. Durante años esta se ha convertido en una política de Estado que ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por parte de la sociedad civil.

Un ejemplo reciente de esta violación de las leyes ocurrió luego de que el canal del Estado venezolano Tves retransmitió de forma ilegal contenido de la productora estadounidense, The Walt Disney Company. 

Las producciones difundidas por el canal fueron la película animada Soul (2020), nominada a los premios Oscar. Así como la serie de televisión de ciencia ficción WandaVision (2021). Este material solamente se encuentra disponible mediante el pago de la suscripción del servicio de streaming, Disney+.

Gabriela Núñez, abogada especialista en propiedad intelectual, explica para El Diario que la acción de Tves supone un delito al no contar con la autorización de la empresa estadounidense.

Apunta que esto se encuentra tipificado en la Ley de Derechos de Autor. Específicamente entre los artículos 119 al 124 en los que se establece como ilícita la “difusión, transmisión o retransmisión total o parcial de una obra audiovisual sin el consentimiento del autor o de los representantes de esos derechos de la obra”.

En dichos artículos se prevén penas de prisión para aquellas personas que cometan este tipo de delitos.

Ley Sobre Derechos de Autor

Artículo 120.- Será penado con prisión de uno a cuatro (4) años, todo aquel que con intención y sin derecho reproduzca, con infracción del encabezamiento del artículo 41 de esta Ley, en forma original o elaborada, íntegra o parcialmente, obras del ingenio, ediciones de obras ajenas o de textos, o fotografías o productos obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía o imágenes impresas en cintas cinematográficas equiparadas a la fotografía; o quien introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga de cualquier otra manera en circulación reproducciones ilícitas de las obras del ingenio o productos protegidos por esta Ley.

Posible demanda

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La experta indica que esto abre la posibilidad para que Disney inicie, en Venezuela, acciones civiles y penales por la violación de sus derechos patrimoniales. Sostiene que el hecho de que el delito haya sido cometido por parte de una empresa pública no representa una limitante al momento de ejercer acciones judiciales.

En el caso de los derechos patrimoniales involucrados en este tipo de infracción, estaríamos hablando el derecho por la transmisión y/o retransmisión no autorizada de la obra, y las pérdidas económicas ocasionadas a consecuencia de ello. Lo que debería ser resarcido por el infractor”, comentó.

Núñez agrega que el hecho de que las producciones que fueron objeto de la retransmisión hayan sido creadas para ser transmitidas exclusivamente a través de Disney+ podría incrementar el alcance de la infracción. 

“La magnitud de la infracción que este tipo de actos abarca es enorme. Pues una película o una serie, es una obra creativa cuya producción es compleja. Comporta un trabajo colaborativo que abarca un sinnúmero de expresiones protegidas por el derecho de autor y que pueden desagregarse de modo individualizado para reclamar el derecho infringido y que va desde el guión, la publicidad, la transmisión y retransmisión de la película o serie”, afirma. 

¿Qué ha dicho Disney?

El periodista Arnaldo Espinoza indica para El Diario que hasta el momento es una incógnita cuál será la respuesta de la compañía ante la retransmisión ilegal de Soul y WandaVision a través de Tves.

The Walt Disney Company no respondió las solicitudes de comentarios que se le enviaron para que se pronunciaran con respecto a este hecho”, comenta.

Asegura que pese a los mensajes difundidos en redes sociales donde se planteaba la posibilidad de que la empresa bloqueara su servicio a los usuarios residenciados en Venezuela, esto luce poco probable.

“Es mucho más el ruido que se está haciendo en Twitter que el share del canal”, sostiene.

El motivo de ello es que la plataforma de streaming de Disney es relativamente nueva. Además, se encuentra en una etapa de expansión en la que busca aumentar el número de nuevos suscriptores.

Piratería. La reproducción y distribución ilícita de obras y producciones intelectuales es denominada piratería.

Aunado a esto está el hecho de que otros servicios similares como HBO Max y Paramount+ ya están llegando al mercado latinoamericano. Por lo que una medida de este tipo podría ir en beneficio de sus competidores.

“No veo que la estrategia sea cerrar el mercado en estos momentos”, agrega.

Espinoza sostiene que la política de retransmitir producciones de Disney sin contar con los debidos derechos no es algo nuevo en Tves pues desde el canal. Ya han hecho lo propio con películas como Ralph, el Demoledor y Star Wars: Episodio IX.

“Esto es algo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Que lo estemos viendo ahora con WandaVision y Soul es nuevo porque son propiedades exclusivas del servicio de streaming”, señala. 

Ávila TV

Tves no es el único canal de televisión del Estado venezolano que ha optado por piratear producciones de servicios de streaming. Ávila TV otro canal público también hizo lo propio a mediados de 2020 cuando retransmitió capítulos de la serie La Casa de Papel, cuyos derechos son propiedad de Netflix.

En esa oportunidad, al igual que como ocurrió con Soul y WandaVision el hecho fue criticado en redes sociales donde los usuarios hicieron un llamado para que la autoridades investiguen este tipo de delitos.

Derechos de autor

TVES

Gabriela Núñez explica que el derecho de autor otorga a su propietario el derecho exclusivo sobre su obra creativa por el solo hecho de su creación. Esto representa que pueda disponer de ella para generar ingresos y que otras personas o empresas no pueden utilizarla para su beneficio sin su permiso.

Las obras que están sujetas a este tipo de derecho abarcan el el campo literario, artístico y científico.

“En términos de difusión, el titular de estos derechos tiene la facultad de disponer sobre la comunicación pública, y la forma, modo y tiempo de permitir acceso a ella. Todo esto implica el derecho a recibir una contraprestación y pago por todas esas modalidades de acceso, comunicación y divulgación de la obra. También por la transmisión y retransmisión cuando se trata de obras audiovisuales”, puntualiza. 

Núñez señala que si bien el reconocimiento de estos derechos es territorial, existen convenios internacionales que permiten hacerlos valer en prácticamente todo el mundo. Uno de ellos es el Convenio de Berna el cual ha sido suscrito por 179 países, entre los que se encuentran Venezuela y Estados Unidos.

Dos principios básicos del Convenio de Berna

1-Las obras que se originan en uno de los Estados miembros deben protegerse en cada uno de los Estados miembros de la misma forma en que esos Estados protegen las obras de sus propios nacionales.

2-Las leyes de los Estados miembros deben proporcionar los niveles mínimos de protección establecidos por el Convenio.

La abogada apunta que en el caso de la violación de los derechos de autor de Disney, es la propia compañía quien debe iniciar las acciones legales en contra. Bien sea del canal de televisión o del Estado venezolano. La razón de ello es que al tratarse de derechos de carácter privado, el Ministerio Público no puede iniciar una investigación.

Detalla que las posibles demandas podrían recaer en el Estado debido a que en la propia Constitución se establece que este debe responder patrimonialmente por los daños que sufran los particulares, sus bienes y derechos si la lesión es imputable al funcionamiento de la administración pública o sus servicios públicos

“En ese contexto es necesario tener en cuenta que Tves es una empresa estatal de servicio público. El Estado debe responder por sus acciones al difundir en forma no autorizada y por medios no permitidos, el contenido  protegido por derechos de autor de un particular”, concluye.

La decisión de los directivos de Tves de transmitir contenido sin contar con los debidos permisos de sus propietarios, además de ser un delito, constituye una acción que expone a Venezuela a potenciales demandas que podrían significar el pago de millones de dólares.

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