Lo que comúnmente se conoce como guerra sucia y el fenómeno paramilitar son dos de sus expresiones del terrorismo de Estado. En un régimen formalmente democrático, el terrorismo de Estado se expresa en una normatividad doble: por un lado, los derechos y garantías que da la Constitución y las instituciones que garantizan la libertad, la democracia, la justicia etc., y por otro lado la otra normatividad o la parainstitucionalidad, aquellas prácticas que se evidencian con las desapariciones, los asesinatos y demás atrocidades cometidas por autores desconocidos, entre comillas. 

La contraparte del terrorismo de Estado es la impunidad. Como dos caras de una misma moneda, guerra sucia e impunidad se complementan dentro de una estrategia de dominación a través del terror. En un régimen de terrorismo de Estado, la impunidad es el mecanismo a través del cual se asegura el continuado funcionamiento del sistema. 

La primera función es ocultar la identidad de los autores materiales e intelectuales de los crímenes, muchos de ellos funcionarios estatales, incluso del propio gobierno, frente al sistema jurídico y la opinión nacional e internacional. La segunda es infundir el miedo y la desilusión a través de la inoperatividad del sistema penal formalmente vigente. La única ley que en realidad rige es la ley de silencio que da como efecto una angustia y miedo paralizante que desarticula a los sectores de la población potencialmente en oposición al orden social, económico y político vigente.

El papel del paramilitarismo dentro este concepto del terrorismo de Estado es de ejecutar operaciones encubiertas de asesinados y desapariciones políticas, de limpieza social, de lucha contrainsurgente a través de una estrategia de “quitarle el agua al pez”, es decir, de vaciar y repoblar las zonas con influencia guerrillera. Ahora bien, existen otros problemas que radican en la estrategia: es cuando la guerrilla hace veces de paramilitarismo, pero con características propias de guerrilla y un paramilitarismo también existente solo en zonas urbanas, pero con importante corte izquierdoso. 

Para Medina Gallego y Téllez, la violencia parainstitucional es aquella que no tiene por objeto la transformación de la sociedad, sino la de garantizar, complementar y suplementar su adecuado funcionamiento cuando el Estado no está en condiciones de hacerlo. Entonces podemos deducir que lo parainstitucional no puede garantizar los objetivos del ordenamiento existente, por el contrario se compromete con el auxilio de la organización parainstitucional para ejecutar medidas en nombre del Estado, pero basadas en el terror.

Es muy interesante el origen y el surgimiento del fenómeno de violencia parainstitucional, fenómenos que se dan en situaciones de crisis y de legitimidad del Estado y que coinciden con el surgimiento de nuevos actores sociales y políticos que son vistos como una amenaza al sistema existente. El problema surge cuando distintos centros de poder, para resolver conflictos en los que son parte, reivindican de hecho el uso privado de la fuerza y se agudiza cuando el Estado amenazado recurre a ese mismo uso privado para asegurar su estabilidad, aniquilando extrajudicialmente a sus potenciales enemigos. En este momento que irrumpen formas parainstitucionales de violencia, paramilitar o parapolicial expresan formas específicas de terrorismo de Estado, como delincuencia institucional. 

La violencia parainstitucional es un fenómeno que se inscribe en los procesos de confrontación social en momentos en que la crisis del Estado se expresa como crisis de gobernabilidad y falta de confianza de la sociedad civil en la capacidad del Estado para garantizar la paz pública. Comentado esto, podemos indicar entonces que la incapacidad del Estado para resolver los viejos y nuevos problemas y lo mismo que para aceptar los retos de la transformación social y su propia modernización lo ha llevado a buscar soluciones de fuerza para enfrentar los conflictos, o sea, la institucionalización de la violencia, que no es más que la práctica de formas de terrorismo de Estado, que son estrategias oficiales para impedir el surgimiento y fortalecimiento de formas organizadas de la sociedad civil.

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