• Tareck William Saab ofreció un balance de los casos manejados por la Fiscalía General durante el tiempo que ha estado al frente de ella

Tarek William Saab, fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, reconoció este sábado 1° de mayo la responsabilidad de funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano en el asesinato de Juan Pablo Pernalete.

Durante una rueda de prensa explicó que el joven falleció como consecuencia del impacto en el tórax de una bomba lacrimógena disparada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Esto supone un cambio en la narrativa oficial pues hasta el momento se manejaba la tesis de que Pernalete había muerto luego de recibir un disparo, por parte de otro manifestante con una pistola de pernos en el pecho.

“En el caso de Juan Pablo Pernalete, que falleció tras recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho, se logró la imputación de 12 funcionarios de la GNB por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva”, indicó Saab.

Derechos humanos

MP recocnoció asesinatos de Juan Pablo Pernalete y Fernando Alban

Otro caso emblemático al que hizo referencia durante su alocución fue el del asesinato  dirigente político y concejal por el partido Primero Justicia, Fernando Albán. Al respecto comentó que dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y otros dos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se encontraban privados de libertad.

Entre los cargos que se les imputan están los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga de detenido. También se les acusa de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y tortura.

El pronunciamiento del dirigente oficialista se produjo luego de que envió un informe ante la Fiscalía Penal Internacional en el que detalló los “avances” en cada uno de los casos.

Con respecto a otros casos de violaciones de derechos humanos Tarek William Saab afirmó que durante los últimos tres años y ocho meses se ha imputado a 716 funcionarios de las fuerzas de seguridad y 40 civiles por presuntamente vulnerar derechos fundamentales.

Añadió que en este tiempo también se han acusado a 1.064 funcionarios y 136 civiles y se han logrado 153 condenas.

Caso Pernalete

Los comentarios de Saab suponen un giro de 180 grados con respecto a sus señalamientos realizados en el año 2017. En ese momento, el ahora fiscal general del régimen, aseguró que el asesinato de Pernalete se había producido a manos de personas armadas que habían “infiltrado las manifestaciones para causar victimas mortales”.

En una serie de tuits publicados por el entonces defensor del pueblo, instaba a los cuerpos de seguridad a esclarecer los eventos que llevaron a la muerte de Pernalete, pues aseguraba que los responsables eran “pistoleros y francotiradores”.

Añadió que esta táctica había sido utilizada en las manifestaciones antigubernamentales registradas en los estados Miranda, Táchira, Mérida y Barinas.

“Han usado desde armas de fuego convencionales, hasta armas caseras cuyas municiones son metras o rolineras para provocar macabros daños a la sociedad y generar un repugnante clima de ingobernabilidad, violencia y terror en Venezuela”, publicó en la red social.

Pese a estos señalamientos, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó al país que la muerte de Juan Pablo Pernalete se produjo luego del impacto en su pecho de una bomba lacrimógena. Asimismo la funcionaria indicó que la responsabilidad de esta muerte recae sobre los funcionarios de la GNB.

Precisó que el esclarecimiento de los hechos se logró gracias a cinco testigos que presenciaron la situación, aunado a las experticias realizadas al cadáver de Pernalete, entre las que se incluye la inspección técnica del mismo.

Luego de ser designado, de forma irregular como fiscal general, Saab indicó que la investigación de este caso había sido reabierta debido a que presuntamente se descubrió que el laboratorio criminalístico de la Fiscalía había alterado pruebas.

No obstante los más recientes comentarios de Saab echan por tierra sus propias declaraciones y dan por ciertas las conclusiones obtenidas por la investigación llevada a cabo por la fiscal Ortega Díaz.

Caso Albán

El cambio de la retórica del régimen con respecto al caso del concejal Fernando Albán es similar al visto en relación al asesinato de Juan Pablo Pernalete. Luego de conocerse la noticia del fallecimiento del dirigente político, Tareck William Saab expuso que su muerte ocurrió como consecuencia de un suicidio.

El hecho, de acuerdo con la versión oficial, se produjo cuando Albán se encontraba en uno de los baños de la sede del Sebin ubicada en Plaza Venezuela, lugar donde permanecía detenido. 

“Albán solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10. Las causas por las cuales lo hizo vamos a esclarecerlas e investigarlas en todas sus magnitudes”, afirmó Saab tras divulgarse la noticia.

Cargos en su contra. Fernando Albán fue acusado de participar en el presunto intento de magnicidio ocurrido en el año 2018 en contra de Nicolás Maduro.

Esta versión de un supuesto suicidio fue desestimada por parte de dirigentes de la oposición que alertaban sobre la posibilidad de que la muerte pudiese ser un asesinato por parte de funcionarios del régimen de Maduro.

“Lo ocurrido con nuestro amigo y concejal Fernando Albán es total responsabilidad del régimen. Quienes conocimos a Fernando sabemos que nunca podría haber actuado contra su vida. Era creyente de la justicia y hoy la exigimos en su nombre. Mi más profunda condolencia con su familia”, indicó el líder exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski en su cuenta de Twitter.

Esta postura fue compartida por los familiares de Albán, pese a esto, no se les dio autorización para que su cuerpo fuese exhumado y que expertos internacionales le realizaran una nueva autopsia.

Ante las inconsistencias que rodeaban la muerte del concejal, su caso fue incorporado en un informe elaborado por una Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, creado por el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El pronunciamiento de Tareck William Saab representa la primera oportunidad en la que un funcionario del régimen de Maduro reconoce que la muerte de Albán fue provocada por funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado, y por tanto que su caso no se trató de un suicidio.

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