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- Foro Penal aseguró que el traslado de presos políticos detenidos en calabozos del Sebin y DGCIM no se dio luego de la orden del régimen
El régimen de Nicolás Maduro emitió el 12 de mayo de este año un decreto en el que ordenaba el traslado de las personas que estaban detenidas en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) a las instalaciones penitenciarias pertenecientes al Ministerio para el Servicio Penitenciario.
La Gaceta Oficial número 42.125 ordena el traspaso de las funciones de custodios al Ministerio para el Servicio Penitenciario. También precisa que ambos cuerpos de seguridad tienen 30 días para ejecutar el traslado de los privados de libertad, incluyendo presos políticos.
A pesar del decreto del Ejecutivo, la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los derechos de los presos políticos, señaló que los traslados se produjeron con varias semanas de anterioridad. No se trata de un hecho reciente.
Destacó que el problema radica en que las autoridades están violando lo establecido en el Código Orgánico Penitenciario y el Código Orgánico Procesal Penal. Señala que cada uno de estos traslados se están realizando sin la notificación correspondiente a los tribunales, abogados defensores y familiares de los detenidos.
Durante varias semanas antes del decreto presidencial se habían producido varios traslados de presos políticos y comunes. Estos se encontraban recluidos en el DGCIM y el Sebin. Esta es la lista de los detenidos trasladados y los centros de reclusión que registró Foro Penal antes de la publicación del decreto del régimen.
Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF)
A este centro de reclusión ubicado en Los Teques, estado Miranda, fueron trasladadas las presas políticas: Ana María Pernía Mendez, Ivonne Coromoto Barrios Finol (ambas acusada por presunto terrorismo y detenidas en el DGCIM) y seis detenidas comunes.
Internado Judicial Rodeo II
A esta cárcel ubicada en el estado Miranda fueron enviados los siguientes detenidos: Eudis Girott ( director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela detenido por presuntos delitos de terrorismo) y cinco presos comunes.
Internado Judicial Rodeo III
Las autoridades policiales enviaron a este centro de reclusión a los siguientes presos políticos: Leovardo Primera (detenido en el Dgcim por presuntos delitos de terrorismo) y Heriberto Herde Marval (exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) además de cuatro presos comunes.
Yare III
Al centro penitenciario Cárcel de San Francisco de Yare, ubicado en Miranda, fueron trasladados: Andy Ramón Finol, Daevén Enrique Rodríguez ( ambos acusados de participar en una supuesta operación terrorista en el país y detenidos en el DGCIM) y otros dos presos comunes. A Yare II enviaron a dos presos comunes.
Fuerte Tiuna
Este centro de reclusión de tipo militar se encuentra en Caracas. Para ese lugar fue ordenado el traslado de José Eloy Rivas, el sargento Leonardo Carrillo Primera (presuntamente vinculado a la Operación Gedeón) , Gustavo Malavé Buccé (ex director de Producción Oriente de Pdvsa), Juan Francisco Rodríguez Dos Ramos(militar retirado acusado de terrorismo) y tres presos comunes.
Ramo Verde
Autoridades enviaron al Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, ubicado también en el estado Miranda, a los presos políticos: Renny Olivares Moreno (capitán de la GNB acusado de presunto robo de armas), Luis Miguel Albornoz León, Erickson Chaya Barroeta (presuntamente vinculado a la Operación Gedeón), Jhon Jairo Gasparini Carbonell (escolta detenido luego del allanamiento a la vivienda del jefe de despacho del dirigente opositor Julio Borges) Abraham Américo Suárez (mayor de la GNB), Rubén Darío Fernández Figuera (acusado de participar en un presunto plan desestabilizador) y nueve presos comunes.
Violación al debido proceso
La providencia presidencial ni siquiera menciona el Código Orgánico Penitenciario. Lo que quiere decir que está, de alguna manera, pasando por encima de la ley”, comentó Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, en una entrevista previa para El Diario.
El abogado afirma que estos traslados se han realizado sin la autorización de los tribunales respectivos. Y sin notificar a los familiares de los privados de libertad.
En el artículo 122 del Código Orgánico Penitenciario se establece que los privados de libertad podrán ser trasladados a otro centro de reclusión por motivos judiciales, para recibir atención médica. Así como cumplir actividades deportivas, recreativas o culturales, o por cuestiones de orden y seguridad.
La ley también indica, en su artículo 125, quién puede autorizar el traslado de un privado de libertad. En el caso de los imputados (personas que aún no tienen una condena), el juez que lleva la causa es quien puede ordenar el traslado. Mientras que en el caso de los penados (personas que tienen una condena definitivamente firme), es el Ministerio de Asuntos Penitenciarios el que debe emitir la orden. Posteriormente notificar al tribunal correspondiente. La misma especificación queda establecida en el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 473.
La orden publicada en Gaceta Oficial no aclara los motivos del traspaso de funciones de custodia al Ministerio de Asuntos Penitenciarios y fue emitida por el Ejecutivo nacional.
“Lo que está ocurriendo es que las personas que están arbitrariamente detenidas y en condiciones precarias van a ser trasladados a lugares con condiciones iguales. Se está violando las normas que rigen el traslado de los presos. Se han hecho de espalda a la defensa, a los tribunales y familiares. (…) Nada de esto implica que dejen de ser presos políticos. No hay en Venezuela una sola prisión que cumpla con las Reglas Mandela o parámetros internacionales para el cumplimiento de las condiciones mínimas de reclusos”, dijo Himiob durante la rueda de prensa.
