En el paramilitarismo se ha podido determinar que los paramilitares tienen un discurso político, indistintamente del país, región, estado o zona donde se encuentren, siempre tienen presente un rasgo fundamental, hacen política y pretenden ser un Para-Estado en ausencia o convivencia con el verdadero Estado; pero si bien no muy coherente, su lenguaje político, por lo menos no más incoherente y primitivo que los demás actores políticos, legales y extralegales que juegan en el mundo del partidismo político.

Ahora bien, una cosa es la teoría y otra es la práctica. En el caso de los paramilitares, es preciso señalar que la teoría es muy diferente de la práctica, por lo cual es preciso conocer un poco más a fondo su práctica política hacia la población civil en las zonas donde tienen influencia, además de determinar cómo esto se traduce en la participación política, más o menos clandestina, que ellos pueden ejercer en las regiones y a través de ello también en todo el país.

La gran mayoría de las explicaciones que se han tratado de dar para definir por qué los grupos armados ilegales han logrado sustituir las funciones del Estado en los países donde este fenómeno armado se ha presentado, incluso en países donde han podido contar con una representación política, gira en torno a la tesis de la ausencia o derrumbe parcial del Estado. Dicho de una manera muy sencilla, como toda comunidad humana necesita contar con algunas instituciones que cumplan las funciones más básicas de regulación de la sociedad, como es el ejercicio de cierta noción de ley y orden; es entonces cuando el Estado no es capaz o no tiene voluntad para ejercer estas funciones que surgen otras instituciones y/o organizaciones que reemplazan al Estado, total o parcialmente.

Eso, por supuesto, no significa que la ausencia del Estado necesariamente produzca organizaciones armadas, pero una vez que estas existen han adoptado la lógica de llenar los vacíos de poder que ha dejado el Estado y de allí tratar de construir sus propios núcleos de contrapoder.

En muchas zonas, esta es la “ley” que se impone por la ausencia del Estado. Pero también hay zonas donde si hay presencia del Estado, donde por cierto puede haber alcaldes, gobernadores, consejos municipales, e incluso comandantes militares, comandantes de las ZODIS, y los llamados protectores, y repito presencia de la policía y el Ejército, pero donde también existe “la ley paralela” que a menudo es la que más fuerza tiene.

Sobre todo, es el caso con los grupos paramilitares, o grupos irregulares disidentes que pueden operar en estados fronterizos pues compartan el dominio territorial de sus zonas con el Estado. De todas maneras, “la ley del monte” es un orden arbitrario y antidemocrático, pero a la vez mucho más eficaz que las instituciones estatales. Por ejemplo, lo que sucede actualmente en Apure los paras, los disidentes y guerrilleros dominan el territorio, en caso de que pase cualquier cosa pueden llamarlos a ellos. En fin, puede ser que la “justicia” paramilitar sea arbitraria, draconiana, antidemocrática e implica el ejercicio de un nivel de violencia muy alto, pero es eficaz y eso genera aceptación y adhesión entre la población, por una condición de miedo colectivo, y de adaptación y supervivencia. 

Si bien es indudable que los grupos irregulares y paramilitares han logrado construir alianzas con sectores de la política legal, no menos cierto es que estos grupos no responden sino a intereses particulares, y ello también constituye un problema para el Estado, para el funcionario amañado. En muchísimos casos el paramilitarismo y la guerrilla generan acciones de una violencia tan grotesca que el Estado, en un intento de aparentar ser el orden y mantener las acciones irregulares y antijurídicas dentro de un supuesto estatus quo, necesita acometer acciones en contra de estos grupos irregulares con los cuales mantiene un relacionamiento. Y es cuando vemos cómo se desborda la violencia y sale a relucir la realidad bélica del accionar irregular, y en muchos de los casos el estado paga las consecuencias en enfrentamientos militares con grupos irregulares, que repito, en muchos casos el Estado es quien lleva la peor parte, y ello significa en bajas de soldados para la nación.

De todas maneras, hay una contradicción muy clara entre teoría y práctica de los paramilitares y los grupos irregulares, sencillamente la práctica, no solo en el conflicto interno armado de carácter no convencional, sino también en la política, se contradicen y por lo tanto carecen de la credibilidad para un posible proyecto político que públicamente puedan manejar. Por lo tanto, si bien se articulan con la población en algunas regiones, lo más probable es que no representan, ni en la teoría ni en la práctica, un proyecto político que sea viable como una hipotética alternativa electoral a futuro; apalancados en las mesiánicas ideas de la izquierda socialista, o mal llamado socialismo del siglo XXI. Este hecho, conjuntamente con una serie de otras lógicas, hace muy difícil encontrar alguna solución política al cese de violencia de grupos irregulares en Venezuela, a corto, mediano y posiblemente tampoco a largo plazo, sin contar con el costo jurídico y la imposición de penas, que deben enfrentar por haber transgredido los ordenamientos jurídicos. 

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