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- El presidente saliente entrega a Guillermo Lasso un país sumergido en una recesión económica y una pandemia para la que no hubo un plan de vacunación definido. Sin embargo, el izquierdista afirma irse con un gobierno ordenado, que rompió una década de correísmo para dar el giro radical hacia la derecha. Foto: Cortesía AP / Dolores Ochoa
Lenín Moreno Garcés dejó el Palacio de Carondelet luego de cuatro años al frente de la presidencia de Ecuador. Fue sucedido por el liberal Guillermo Lasso, quien tomó posesión este lunes 24 de mayo de 2021, ante la Asamblea Nacional de ese país. Entre sus retos estará heredar una recesión económica y una pandemia por covid-19, de las cuales todavía no se ve la luz al final del túnel.
El gobierno de Moreno finalizó formalmente dos días antes, el 22 de mayo, con una reunión de todo su gabinete en el palacio presidencial. Bajo un pendón las frases “Gracias, Ecuador” y “Sembramos futuro”, ofrecieron un balance de su gestión. Aunque reconocieron muchas veces haber tomado decisiones “duras”, incluso impopulares, afirman que lograron recuperar la institucionalidad democrática y la confianza de los mercados internacionales.
El comentario no es gratuito. Lo que comenzó como una continuación política del mandato del expresidente Rafael Correa, pronto tomó otro rumbo. Un giro que llevó a Moreno a aliarse con sus contrincantes y ganarse la enemistad de sus antiguos camaradas. Los diez años de la revolución ciudadana de Ecuador terminaron con él, e inició un proceso de transición que se consagra hoy con el triunfo de Lasso en las elecciones.
Por la puerta chica
De acuerdo con la encuestadora Cedatos Gallup, Moreno cierra su gobierno con apenas 8,5% de aprobación de la ciudadanía, frente a un 82,1% de rechazo. Un contraste diametral respecto al porcentaje de aceptación que tuvo en su primer año, de 77% en julio de 2017.
En entrevista para El Diario, el politólogo y profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, Hernán Reyes, afirma que el balance del período del presidente saliente es enormemente negativo. “Será recordado como uno de los peores presidentes que ha tenido el Ecuador desde el retorno de la democracia”, sentencia.
Explica que la razón de su impopularidad se debe a que no cumplió con todas expectativas que se pusieron en él tras las elecciones presidenciales, donde prometió un ambicioso plan de construcción de viviendas, hospitales y universidades, así como planes para reducir el desempleo y apoyar a los campesinos. “Desde el inicio de su gobierno no solamente incumplió el plan de gobierno, se separó de las grandes directrices por las cuales la gente había votado en la campaña electoral de 2017”, señala.
Indica que Moreno reprobó cada uno de los aspectos de gestión, desde lo económico e institucional, hasta lo social y político. La falta de inversión en obra pública, especialmente en sectores como la Salud y la Educación, provocaron un malestar popular cada vez mayor. También la crisis institucional posterior a su ruptura con el correísmo, donde reformó varias veces su gabinete y lidió con una corrupción casi estructural.
“Pensemos, por ejemplo, que trabajó con un contralor general que ahora está en la cárcel acusado de delincuencia organizada. La gente ha perdido absolutamente credibilidad con respecto a las instituciones y a los ministerios”, observa.
Distanciamiento de Correa
“Nosotros vamos a dejar la mesa servida al nuevo gobierno”, exclamó Rafael Correa al despedirse de la presidencia en 2017. En ese momento su actitud confiada estaba apoyada en que el candidato del oficialismo era Moreno, quien venía de ser su vicepresidente. Daba por hecho que la continuidad de la revolución ciudadana estaba garantizada.
Aunque en ningún momento dejó de enarbolar la bandera de la izquierda en su discurso, Moreno se fue distanciando de su predecesor desde su primer año en Carondelet. Una de sus primeras acciones fue establecer el Diálogo Social Nacional, una serie de reuniones que lo llevó a acercarse a dirigentes opositores como Abdalá Bucaram Pulley, Jaime Nebot, Jimmy Jairala o el propio Guillermo Lasso. Esto generó fuertes críticas en el seno más conservador de su partido, Alianza País, y especialmente de Correa, quien desde su retiro en Bélgica comenzó a hacer comentarios cada vez menos favorables sobre su antiguo compañero de fórmula.
Por otro lado, desde el gobierno se argumentó que la situación económica del país era más delicada de lo que había declarado Correa. En una entrevista realizada al diario El Universo, Moreno aseguró que el expresidente le había dicho que la deuda pública era de 27 millardos de dólares; sin embargo, al revisar a los fondos, encontró que en realidad superaba los $65 millardos.
Reyes sitúa la ruptura definitiva en diciembre de 2017, cuando el vicepresidente Jorge Glas fue separado de su cargo. Al funcionario, cercano al expresidente Correa, se le acusó de asociación ilícita por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Durante sus 90 días detención preventiva fue separado del cargo. “El quiebre en dos del Movimiento Alianza País es la mejor señal, pero Moreno necesitaba un pretexto. Esa fue la narrativa que ideó sobre la corrupción”, acota.
Desde entonces, Alianza País se dividió en dos polos irreconciliables. La ausencia de Correa y su posterior orden de captura por corrupción ayudó a enterrar el proyecto de la revolución ciudadana.
Deriva económica
Más que una mesa servida, el gobierno Moreno enfrentó desde el primer momento una lucha contra el déficit fiscal y la deuda pública. El propio presidente reconoció que estos imprevistos le alejaron de cumplir muchos sus objetivos. Aunque para el politólogo, los acercamientos del Ejecutivo con las “élites” fue indicio temprano del cambio radical que habría en materia económica.
“El acercamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue casi inmediato. Las cámaras (comerciales) me parece que pudieron haber sido los intermediarios y sectores de la derecha que habían ocupado antes cargos y tenían las conexiones”, comenta.
Desde 2008 las relaciones entre Ecuador y el FMI habían sido casi inexistentes, luego de que Rafael Correa declarara el cese de pagos de deuda por considerarla ilegítima. Esa situación cambió en 2019, cuando Moreno llegó a un acuerdo de préstamo de $4,2 millardos, seguido de otro $6,5 millardos en 2020.
Uno de los aspectos que más caracterizó los cuatro años de Moreno fue la austeridad con la que dirigió el gasto público. El 22 de junio de 2017 se creó el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, con el propósito de dinamizar la economía, incentivar la inversión extranjera, reestructurar el Estado y reducir el déficit fiscal.
Reyes reconoce que era necesario realizar rectificaciones en el gasto público, pero los recortes aplicados por el gobierno fueron excesivos, especialmente con el cambio de Carlos de la Torre por Richard Martínez en el Ministerio de Finanzas en 2018. Señala que el sector más afectado fue el social, que sumado a los recortes salariales y despidos derivados por la pandemia por covid-19, complica el panorama para los ciudadanos.
“La vida se encarece también cuando la gente se empobrece. En el Ecuador uno de cada tres ecuatorianos está en situación de pobreza por ingresos. 15% de la población está en situación de pobreza extrema. Esto es dramático para un país dolarizado donde el costo de la vida en general es bastante alto”, analiza.
En términos generales, Ecuador cierra el cuatrienio de Moreno con una disminución de la deuda, que bajó a $15.825 millones de acuerdo con su Ministerio de Finanzas. Por otro lado, se renegoció con el FMI la deuda externa con la emisión de 10 series de bonos Global, con un plazo de hasta 12,7 años. Donde la pandemia golpeó fuerte fue en la contracción de la economía, que fue de 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Promesas incumplidas
Aunque Moreno logró atender el plano macroeconómico con la confianza de los mercados internacionales e independencia del Banco Central de Ecuador, el costo social fue demasiado alto. Reyes resalta que hubo una paralización drástica de la inversión pública, lo que generó brechas en materia de salud y educación entre las poblaciones vulnerables.
Curiosamente, una de las grandes banderas de la gestión de Moreno fue el Plan Toda una Vida, que agrupó a diferentes misiones sociales enfocadas en la atención de los más necesitados. Incluyó programas como Casa para Todos, para el desarrollo de viviendas, o Mis Mejores Años, para la atención de adultos mayores. También se continuó con la misión Manuela Espejo, enfocada en la inclusión y ayudas para las personas con discapacidad. Fue ampliamente reconocida durante su período como vicepresidente de Rafael Correa.
Moreno consideró al cierre de su gobierno que logró “la red social más grande de la historia” con más de $1.600 millones de dólares en ayudas económicas en 2020. Otro avance fue la aprobación en agosto de 2017 de la Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres. No obstante, Reyes comenta a propósito de esa ley que nació desamparada producto de los recortes. Pues las instituciones creadas para atender a las mujeres nunca contaron con presupuesto.
Igualmente, una verificación realizada por la Universidad de Las Américas demostró que de las 325.000 viviendas que se habían prometido durante la campaña presidencial, se estima que el plan Casa para Todos entregará 123.000.
Reinstitucionalizar el país
Desde su ruptura con el correísmo, una de las principales preocupaciones de Moreno fue reconciliarse con los sectores a los que el gobierno anterior había confrontado abiertamente. Esto pasó por un mejor trato con los medios de comunicación, a los que Correa hostigó con múltiples sanciones e incautaciones. También abriendo relaciones con empresarios, organizaciones no gubernamentales y partidos opositores.
Un punto de inflexión fue el 4 de febrero de 2018, cuando se realizó en Ecuador un referendo consultivo, en la cual se revirtieron una serie de medidas aprobadas por la Asamblea Nacional durante el gobierno de Correa, como la reelección indefinida. En esa votación la ciudadanía también eligió reformar leyes como la prohibición de la minería metálica en zonas protegidas, la muerte civil de los funcionarios públicos culpables de corrupción y una reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
En 2017 se destapó el escándalo de sobornos de la empresa constructora Odebrecht. El caso que salpicó a toda Latinoamérica cobró en Ecuador cárcel no solo para el entonces vicepresidente Glas, sino para varios exfuncionarios del gobierno de Correa. Fueron acusados de aceptar sobornos a cambio de agilizar los trámites de construcción de proyectos como la Central Hidroeléctrica Manduriacu o el acueducto La Esperanza-Refinería del Pacífico.
Bajo ese mismo caso de sobornos también fue señalado el expresidente Correa, quien en abril de 2020 fue condenado a ocho años de prisión por su vinculación con una red de financiamiento ilegal de Alianza País durante su gobierno.
A pesar de declararle la guerra a la corrupción, e incluso crear una dependencia de gobierno dedicada a este fin, el gobierno de Moreno no se vio exento de polémicas. En 2018 salió a la luz el caso Las Torres, que involucraba a la petrolera estatal Petroecuador. Entre los detenidos durante las investigaciones estuvieron el contralor general del Estado, Pablo Celi, y el secretario de la Presidencia, José Augusto Briones. Igualmente, durante la pandemia de covid-19, tres ministros de Salud fueron separados de su cargo bajo acusaciones de sobreprecios en la compra de insumos para los hospitales.
El propio Moreno tampoco escapó de los señalamientos. En abril de 2019 la fiscal general subrogante, Ruth Palacios, abrió una investigación preliminar contra el mandatario y varios de sus familiares. La indagación se centró en la presunta transferencia de altas sumas de dinero a través de al menos 10 empresas offshore propiedad de su hermano e hijas, entre ellas INA Investment Corp. No obstante, el caso, conocido por la prensa como los “INA papers”, hasta el momento no ha arrojado resultados concluyentes.
¿Qué le depara al nuevo gobierno?
Los cuatro años que le deparan a Lasso en la presidencia de Ecuador no se muestran para nada fáciles. Deberá lidiar con las secuelas de una pandemia que ya ha dejado 20.180 muertes y un proceso de vacunación que va con retrasos. De las 22 millones de dosis negociadas por el gobierno, apenas han llegado al país 2,5 millones, de acuerdo con la ahora exvicepresidenta, María Alejandra Muñoz.
La recesión económica y el desempleo tampoco son optimistas, con 5,7% de desocupación debido principalmente a la cuarentena. En materia política, deberá pactar con diferentes partidos dentro de la Asamblea Nacional para garantizar la gobernabilidad, de cara a la mayoría correista que podría poner obstáculos a sus planes económicos más controvertidos.
Moreno es consciente de las dificultades que le impidieron concretar su proyecto político. También de las fallas propias que enredaron más el camino abierto en este nuevo rumbo que emprende Ecuador. Por eso a diferencia de su antecesor, se va sin alardes: “No hay mesa servida, porque eso significa una mesa opípara, en la cual hay todo para disfrutar. No, no, aquí hay que trabajar mucho. A mí me tocó trabajar más. Sin duda yo dejo el país en mejores condiciones de las que encontré”.
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