• Venezuela tiene un marco legal restrictivo en materia de aborto mientras que los derechos de la comunidad LGTBIQ+ no están contemplados. Foto principal: Cuartoscuro

Muchos países de Latinoamérica han avanzado en incorporar debates y aprobar leyes en temas controversiales durante años. El aborto y matrimonio igualitario ya ocupan un espacio en la agenda legislativa de la región. Sin embargo, estos debates no se han dado en Venezuela dejando al país en una posición de especial retroceso ante los avances del continente. 

Salvo algunos comentarios y resoluciones,  no se ha propiciado la discusión e implementación de un marco legal que contemple el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+. 

El aborto en Venezuela

La discusión sobre este tema suele estar acompañada de controversia. Ha sido una conversación álgida en un país donde la interrupción voluntaria del embarazo está criminalizada. 

Aborto como derecho humano

La ONU señala que “los órganos de derechos humanos han puesto énfasis en que el acceso al aborto es un asunto de derechos humanos. Asegurar el acceso a estos servicios, de conformidad con los estándares de derechos humanos, es parte de las obligaciones del Estado para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y garantizar el derecho de éstas a la salud, así como a otros derechos humanos fundamentales”.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer especifica que “la negativa de un Estado Parte a prever la prestación de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales resulta discriminatoria”.

El Código Penal venezolano no ha sufrido cambios en materia de interrupción del embarazo desde 1873. El capítulo IV en su artículo 432 condena a toda mujer que intencionalmente, o con ayuda de terceros, interrumpa su embarazo. La condena oscila entre los seis meses y los dos años de prisión. 

El artículo 433 penaliza a cualquiera que provoque el aborto, con el consentimiento de la mujer. En este caso la condena es de 12 a 30 meses. La legislación establece, en el artículo 434 que quien realice la interrupción a una mujer sin su consentimiento se enfrentará de tres a cinco años de prisión.

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Foto cortesía

La única consideración que contempla la ley es cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre. En este caso es legal la inducción del aborto. Sin embargo, Selene Soto, abogada y miembro de la organización internacional Women’s Link, señala a El Diario que no existe una reglamentación ni especificaciones en torno a la única causal que permite la legislación venezolana para interrumpir el embarazo.

En países como Argentina, Uruguay, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico el aborto está despenalizado. En cambio, en otros es legal solo ante algunas causales como la salud física y mental de la mujer, viabilidad del feto, si es producto de una violación, condiciones socioeconómicas, entre otras. Las naciones donde está legalizado según algunas causales son: Brasil, Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile. 

“A diferencia de muchos países de la región, Venezuela sigue teniendo uno de los marcos más restrictivos en materia de aborto. Ha habido una completa invisibilización desde el punto de vista normativo”, explica. 

La abogada afirma que el aborto debe ser visto desde una perspectiva más amplia que aborde la situación de los derechos sexuales y reproductivos en el país. Precisa que en esta materia, Venezuela también tiene un atraso sumamente grande. 

Por el impacto de la emergencia humanitaria, en el tema de derechos sexuales y reproductivos, las mujeres están enfrentando situaciones parecidas a las del siglo XIX”, indica Soto.

Afirma  que en 2014 el Ministerio de la Mujer elaboró el primer plan nacional de derechos sexuales y reproductivos, pero tampoco menciona el tema del aborto. Ante la invisibilización normativa, la emergencia humanitaria, falta de métodos anticonceptivos y planificación familiar y la desinformación de la población, indica que muchas mujeres se enfrentan a maternidades forzadas e incluso a interrumpir el embarazo de manera insegura, lo que impacta en el aumento de mortalidad materna. 

“El Estado que ha recibido de manera reiterada recomendaciones de organismos internacionales de avanzar en la flexibilización del delito; al menos en las tres causales que son cuando está en peligro la vida de la mujer, cuando es producto de violencia sexual o esta en riesgo la salud. Pese a que el Estado ha dicho frente a organismos internacionales que este tema se va a discutir ante la Asamblea Nacional, pero no ha habido ningún avance concreto”, asegura Soto. 

Destaca el caso de Vanesa Rosales, una activista venezolana que se encuentra bajo arresto domiciliario por ayudar y brindar información sobre la interrupción del embarazo a una adolescente de 12 años de edad que fue víctima de abuso sexual.

A su juicio, el Estado no ha tenido voluntad política para abordar el tema de la salud sexual y reproductiva y eso ha impactado en los avances hacía la despenalización del aborto, a pesar de que la Constitución contempla un marco legal favorable. También señala que la sociedad venezolana aún está sometida a patrones socioculturales que son perjudiciales en cuanto a los derechos de la mujer.

Derechos de la comunidad LGTBIQ+

Uno de los pilares de las exigencias de la comunidad LGTBIQ+ en Venezuela es el respeto de sus derechos ante la ley. La legislación venezolana no contempla ningún derecho para las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. De esta forma se ven vulneradas ante la sociedad y tampoco gozan de una normativa que proteja sus derechos ante la discriminación y la homofobia. 

Foto: AFP

Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador, México (en algunos estados) son países donde es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo y sus derechos están contemplados ante la ley.

En el año 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante una opinión consultiva, determinó que los matrimonios entre parejas del mismo sexo deben ser reconocidos y está dirigida a los países firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Yendri Velásquez, activista de la ONG Caleidoscopio Humano, señala que Venezuela se encuentra en uno de los últimos lugares de la región en cuanto a avances en materia de derechos de la comunidad LGTBIQ+

“En Venezuela no hay ningún enunciado ni ninguna iniciativa, por el contrario el Poder Legislativo tiene tres períodos en mora ante la solicitud que se entregó con firmas en apoyo al matrimonio igualitario”, explica Velásquez. 

La Asociación Civil Venezuela Igualitaria, en conjunto con otras 47 organizaciones que defienden los derechos de la comuniad LGBT, presentó en el año 2014 ante la Asamblea Nacional (de mayoría oficialista) el proyecto de reforma parcial del Código Civil venezolano para incluir la extensión de ejercer el derecho civil al matrimonio a las parejas del mismo sexo. 

En 2008 el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que la Constitución no prohibía ni condenaba las uniones entre personas del mismo sexo. Si bien las parejas homosexuales tenían contemplados todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, la Constitución no les reconocía protección especial. Equiparable al matrimonio o concubinato entre un hombre y una mujer. El 22 de octubre de 2020 Nicolás Maduro pidió a la Asamblea Nacional ilegítima discutir sobre el matrimonio igualitario. Hasta el momento dichos debates no se han llevado a cabo.

Velásquez señala que más allá de menciones en resoluciones, no existe una normativa clara. Ni medidas efectivas para garantizar los derechos de las personas de la comunidad LGTBIQ+. 

“Hoy no existen garantías para las personas trans. La sociedad venezolana todavía tiene unos prejuicios muy grandes hacia la comunidad trans y la comunidad LGBTIQ+ en general. Es sabido que no existen leyes anti discriminaciones; algunas menciones en leyes como la del trabajo, la ley de arrendamientos, pero no hay medidas efectivas para garantizar eso. Para hacer de esos enunciados en las leyes medidas efectivas y hechos reales. La realidad es que las personas LGBTIQ siguen siendo discriminadas en sus lugares de trabajo, siguen siendo víctimas de bullying y acoso laboral”, afirma el activista.

Destaca que la exigencia de la garantía de los derechos de la comunidad sexodiversa ha sido usada por los diferentes partidos políticos como instrumento de propaganda. “Ni el chavismo ni la oposición han tenido la intención ni la voluntad política en los espacios de poderes que han ocupado para generar políticas y leyes que garanticen los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+”, afirma

El derecho a la identidad de las personas trans, una de las principales reivindicaciones del movimiento, es otra de las limitantes de la legislación venezolana. Se trata de un derecho que tampoco está contemplado. Velásquez señala que la identidad es fundamental para desarrollarse libremente como ciudadano. Comenta que esta situación afecta a las personas para realizar trámites legales, universitarios, bancarios, acceso a bienes y servicios, entre otros. También aumenta la vulnerabilidad y los índices de pobreza dentro de la comunidad trans, debido a que les dificulta la posibilidad de adquirir empleos. 

Al final la omisión de la garantía de los derechos humanos es sinónimo de homofobia y transfobia de Estado”, asevera

El régimen de Nicolás Maduro ha sido señalado por violaciones a los derechos humanos; es el centro de un proceso penal que se lleva ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la omisión de estos temas y la falta de voluntad política ha vulnerado los derechos de quienes sufren las consecuencias de un marco legal restrictivo.

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