Email
- Puerto Ayacucho es un territorio que no está exento de violencia de género. En la zona sur sigue siendo una debilidad la falta de denuncias por parte de las víctimas
“Si pudiera retroceder el tiempo lo denunciaría, porque a veces, cuando callamos, morimos”. Así recordó Susana el amargo episodio que le tocó vivir al lado de su expareja.
De hablar pausado y sereno, esta mujer pidió mantener en anonimato su verdadero nombre, al tiempo que reveló que experimentó muchas de las situaciones vividas por las mujeres que han sufrido violencia de género: miedo, culpa, baja autoestima, soledad.
Hace ya 10 años que esta mujer vivió en silencio lo que calificó como una vida de “miseria”. Relató que al principio ese muchacho con el que convivió durante cinco años, se comportaba “de maravilla, como todo hombre violento”, pero con el pasar de los meses, comenzaron los episodios.
“En la primera agresión, estábamos en un compartir y él me intentó ahorcar, aún así yo pensé que era por culpa mía, que él iba a cambiar. Me pidió disculpas y lo dejé así. Luego pasó otra situación, él estaba tomando y yo no, porque estaba embarazada, pero igual me golpeó y hasta me dio patadas. Le volví a dar otra oportunidad, me pidió disculpas, me dijo que iba a pedir ayuda profesional”, sostuvo Susana para El Diario.
Hoy esta mujer se ha apropiado de su vida y cada vez que puede, busca que otras mujeres no sigan siendo víctimas de violencia. Y es que Amazonas, aun cuando no tiene cifras altas de violencia de género como otros estados del país, presentó en el primer cuatrimestre de 2021, un aumento de agresiones hacia las mujeres, de acuerdo con el último reporte del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en Amazonas.
Según el monitoreo que realiza la organización en medios de comunicación y páginas web de los organismos de seguridad en el municipio Atures, “se registró, de enero a abril, 34 casos de violencia interpersonal, entre los que hubo 19 agresiones graves o leves que representan el 55,9% de todos los casos; de ellos, 14 se califican como delitos asociados a violencia de género”.
Romper la barrera del miedo
El OVV Amazonas conoció, a través de los reportes de prensa, que en ese período una joven recibió una golpiza por parte de su pareja, el cual fue capturado tras la denuncia de la víctima ante la comisión policial más cercana a su residencia, ubicada en la parroquia Fernando Girón Tovar del municipio Atures.
Otra situación se presentó en la parroquia Luis Alberto Gómez, donde un hombre intentó estrangular a su pareja, luego de una fuerte discusión. Los familiares realizaron la denuncia ante las autoridades y cuando llegaron al sitio, el ciudadano se rehusó a montarse en la patrulla, hasta que lograron mediar. Un tercer caso, en la misma capital amazonense, fue el de un sujeto que al culminar la relación de pareja, intentó sacar a su exesposa la fuerza de su casa, ocasionándole daños físicos durante la pelea.
En los casos citados hubo denuncias por parte de la víctima o sus familiares, lo que significa que este recurso es fundamental para atacar el problema. Sin embargo, en la zona sur de Venezuela sigue siendo complejo el tema de violencia de género y la mayoría de las víctimas no recurren a la denuncia ante las autoridades, lo cual no contribuye a la visualización del problema.
Precisamente, el OOV Amazonas tuvo acceso a los resultados preliminares de un proyecto de asistencia humanitaria, adelantado por la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, entre octubre de 2020 y abril de 2021, del que se desprende que “en ese período hubo 230 actuaciones en materia de violencia de género”.
Difícil de salir
Uno de los argumentos reiterativos de las mujeres para salir de ese círculo violento es el tema de los hijos. Unas quieren que sus pequeños tengan familia, otras consideran que no podrán valerse sin el apoyo de ese hombre, y algunas buscan protegerlos de otra agresión. Así lo detalló Yosmir Méndez, miembro de la Fundación para la Atención Integral de la Mujer en Amazonas (Faima).
Susana también lo creyó y pensó que no podría valerse por si misma. “Como no tenía nadie acá, familia o amigos, porque soy de Barinas, llevo aproximadamente 13 años en Puerto Ayacucho, pensé que ese hombre era mi único refugio, no tenía para donde irme y me quedé”.
Al nacer su hijo las cosas parecían cambiar, pero era tan solo una ilusión. Susana le daba oportunidades de perdón a su expareja y volvía la agresión. “Le decía que eso no era normal, que tenía que cambiar, y se calmaba por un tiempo, pero a los meses volvía”.
En la última golpiza que recibió Susana le pegó tan fuerte en la cabeza, que ella sintió la muerte de cerca. Entonces, se armó de valor y se fue. “Eso era un cáncer para mí, siempre era lo mismo, la misma miseria y cuando empecé a evolucionar, que vi otra cosa, dije, esto no es mío. Me mudé a una pieza donde sólo tenía mi cama y comencé de nuevo”, recalcó.
Susana es una de las pocas mujeres que se dejó ayudar. Pese a que no denunció y ese hombre quedó libre para seguir agrediendo a otras, ella se dio cuenta de su valor y escuchó la voz de una amiga.
Acompañamiento
Yosmir Méndez, miembro de Faima, hizo hincapié que si bien en Amazonas la violencia de género es menor que en otros estados del país, sí existe. Agregó que es un tema rodeado por el miedo, por lo cual actualmente manejan un programa denominado Faima va a las comunas, para lograr llegar hasta las mujeres afectadas.
“El mes pasado estuvimos en la comuna Libertador, y aunque es un tema del que no se pueda hablar abiertamente, si nos llegó un caso”, precisó.
La forma de trabajar en Faima es través de un equipo multidisciplinario integrado por promotoras sociales, psicóloga, abogados y trabajadora social. Lo primero que hacen es la visita social, para que la mujer afectada sienta la confianza de explicar el caso.
“¿Qué pasó con esta mujer de la comuna Libertador? En la visita verificamos el alto grado de violencia, donde no era solo física sino también psicológica, y que no era una mujer, eran dos: la esposa y la mamá de la esposa”, resaltó. Vale recordar que Faima no es un ente receptor de denuncias, eso se realiza ante el Ministerio Público, lo que la Fundación hace es el acompañamiento a la víctima.
También se han enfocado en hacer talleres y charlas de sensibilización para que la mujer entienda que “no se puede quedar de brazos cruzados y que tienen en la Fundación un apoyo”.
Méndez además reveló que en estos tiempos de Covid-19, llegaron a tener semanas enteras de denuncias con hechos de mujeres vulnerables, para lo cual reaccionaron rápido y enviaron al psicólogo, al trabajador social y al abogado.
En cuanto al tema indígena Méndez recalcó que es complejo, porque los pueblos originarios tienen su cosmovisión. “En el pueblo Uwottüja, por ejemplo, la mujer es la que carga, el hombre siembra y la mujer es la que carga la producción”. Es parte de una costumbre que, bajo los conceptos criollos, puede verse como falta de equidad de género, y de eso están consientes en Faima. De allí que están buscando una manera de abordarlo, pero les da temor meterse con los indígenas, porque a veces se excusan en sus costumbres.
No seas otra Yesenia
La denuncia da mucho temor, pero es la vía que tienen las mujeres en Amazonas para evitar convertirse en una Yesenia más, la primera víctima de feminicidio en el estado.
En la entidad ya se dieron dos casos asociados al delito de feminicidio: en uno la mujer falleció a causa de la golpiza que le dio su esposo, y el otro fue por intento de homicidio por parte de su expareja. Ambos hombres fueron condenados.
Xiomara Portela Vergara fue la fiscal provisorio de la Fiscalía novena de Puerto Ayacucho, que llevó la primera etapa del proceso de Yesenia. En su investigación pudo reunir los elementos para llevar el proceso hasta el acto conclusivo de acusación.
Portela indicó que en el hospital verificaron que la causa de muerte fueron esos golpes, pues tuvo un edema ocasionado por traumatismo craneoencefálico. El hecho ocurrió en el sector Ojo de Agua de la parroquia Fernando Girón Tovar del municipio Atures, la mañana del 7 de septiembre de 2019.
De acuerdo a los testimonios que recogió Portela cuando era fiscal provisorio, “el esposo de Yesenia la tomó por el cabello y la llevó hasta el baño -según ella misma contó a su hermana en el hospital- la golpeó contra el tanque de la poceta y la arrastró hacia el patio de la casa, unos cuantos metros. En ese trayecto estaba una vecina, quien le dijo que la dejara quieta. Allí hubo testigos y luego la autopsia reveló que los golpes fueron la causa de la muerte”.
La exfiscal provisorio precisó que en los casos de violencia de género se debe actuar rápidamente. Y eso ocurrió con el de Yesenia, pudo reunir las pruebas para lograr la orden de aprehensión, luego se hizo la presentación por el delito de feminicidio agravado, por lo que cuando el imputado fue condenado se le impuso la pena máxima.
Portela recordó que en este tipo de investigaciones se pueden recibir amenazas. Así fue como su testigo tuvo temor y se escapó el día de la primera prueba anticipada. Pero luego el proceso siguió su curso hasta que en diciembre de 2020, Carlos Alberto Lefebre Salazar fue condenado a 29 años de cárcel por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su pareja.
El otro caso ocurrió el 2 de mayo de 2017, en el sector Brisas del Orinoco de Puerto Ayacucho, cuando Pedro Palma Sequera agredió a su expareja y le ocasionó heridas a ella y a su hijo de dos años, así como intimidación a su exsuegra y su excuñado de 16 años. Después de la denuncia y el proceso, el hombre fue condenado a 21 años y nueve meses de prisión por el delito de feminicidio agravado tentado y violencia física agravada.
Ante episodios de violencia de género, el acompañamiento, la denuncia y la actuación rápida de los organismos del Estado competentes, pueden salvar vidas. Los casos de violencia de género van en contra de los Derechos Humanos, por eso a nivel internacional se le toman como delitos de lesa humanidad. El silencio no ayuda.
