La organización no gubernamental Espacio Público registró siete casos y nueve violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela durante octubre de 2026, el doble de los reportes contabilizados en agosto y septiembre, meses en los que documentó tres casos cada uno.
De acuerdo con el balance mensual de la ONG, la intimidación concentró 66 % de las violaciones registradas, seguida por las amenazas y la censura.
De las siete víctimas identificadas, cuatro eran periodistas o reporteros, dos correspondían a periodistas en general y una a una integrante de una organización no gubernamental. Los cuerpos de seguridad figuraron como responsables en tres de los ocho registros de victimarios.
El Distrito Capital concentró dos casos, mientras que Lara, Miranda, Vargas, Yaracuy y el entorno digital registraron uno cada uno, equivalentes a 14,29 % de los casos.
Sentencias absolutorias y persistencia de restricciones
En su balance, Espacio Público destacó que cuatro periodistas y una defensora de derechos humanos recibieron sentencias absolutorias durante octubre, decisiones que, a juicio de la organización, confirman que estas personas nunca debieron permanecer privadas de libertad.
Sin embargo, la ONG advirtió que durante el mes también persistieron las restricciones a la libertad de expresión en distintos ámbitos.
La organización señaló que la reforma parcial de la Ley contra el Odio sustituye las penas de prisión por multas que puede decidir el Ejecutivo, mientras que 40 sitios web permanecen bloqueados. También denunció restricciones al ejercicio periodístico en espacios públicos, en la Asamblea Nacional y en plataformas digitales.
Más de 180 violaciones en lo que va de 2026
Entre enero y octubre de 2026, Espacio Público acumuló 99 casos y 183 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela.
La intimidación encabezó los registros con 90 hechos, seguida por la censura, con 44, y el hostigamiento verbal. De las 131 víctimas identificadas durante este periodo, 77 eran periodistas o reporteros, lo que representa 58,78 % del total, mientras que 19 eran particulares, equivalentes a 14,50 %.
En su balance sobre la situación general entre enero y agosto, publicado el 2 de octubre, la organización había documentado 89 casos, 170 violaciones y 29 detenciones arbitrarias. Esta última cifra representó un aumento de 2,8 % respecto al mismo periodo de 2025.
