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- “Mucha oferta y poca demanda” sintetiza lo que ocurre en el mercado inmobiliario carabobeño
- El déficit habitacional en la entidad sería de 375.000 viviendas. Foto EFE
Adquirir una unidad habitacional es la gran aspiración de muchas familias venezolanas. Pero la paralización del mercado inmobiliario primario, el (muy) bajo poder adquisitivo per cápita y la falta de financiamiento por parte de la banca, entre otras razones, convierten esta meta en una misión imposible.
Y es que uno de los más afectados por la crisis económica de Venezuela es, precisamente, el sector inmobiliario. En la actualidad el déficit habitacional en el país es de aproximadamente 3 millones de viviendas, según César López, presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Carabobo, de los cuales dicha entidad tiene alrededor del 12,5 %.
Para dar solución a este problema, desde el Ejecutivo nacional se ha impulsado la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Sin embargo, esta arroja más dudas que certezas sobre su alcance real.
Múltiples causas
Son varios los factores que han contribuido a que el mercado inmobiliario esté de brazos caídos en el estado Carabobo y en todo el país.
Desde hace años este sector no cuenta con ningún financiamiento, ni para los promotores de nuevos desarrollos habitacionales, ni para quienes deseen comprar una vivienda. También está la escasez de insumos básicos tales como el cemento y la cabilla, entre otros. De allí que no se observan construcciones en la actualidad.
“Esto hace que sea bastante complicado, por no decir prácticamente imposible, para un promotor inmobiliario comenzar un nuevo desarrollo”, dijo López en entrevista para El Diario.
Sin nuevas viviendas en el horizonte, el llamado “mercado secundario” es el que actualmente da la cara por el sector inmobiliario. El éxodo masivo de venezolanos –5.636.986 personas según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) al 5 de junio de 2021– ha generado que muchos pongan en venta sus unidades habitacionales, incluso por debajo de su valor real, para tener un “colchón económico” en el exterior.
Por otra parte, cuando surgen rumores de invasiones, medidas políticas o de potenciales leyes dirigidas a regular aún más el sector, las personas con inmuebles desocupados se ven motivadas a vender dichas propiedades, de acuerdo con López.
Estos dos aspectos han incrementado la oferta de viviendas de segunda mano en la entidad carabobeña.
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Para las familias, la ausencia de financiamiento representa un golpe duro. La inmensa mayoría no cuenta con ingresos suficientes para adquirir una vivienda, oficina, galpón o terreno de contado, lo que reduce el número de potenciales compradores a muy pocos. Cosa que sí era habitual en el país hasta hace unos años.
Por lo tanto, se tiene un mercado secundario con una abundante oferta, pero con una escasa demanda, lo que impacta a la baja en los precios de los inmuebles.
No conforme con esto, si se llegan a concretar las negociaciones por la unidad habitacional, estas se terminan transando por un precio entre 25 % y 30 % menor, según la expresidenta de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, Ingrid Suárez.
La pregunta lógica que cualquiera se haría es: si las viviendas están más económicas, ¿significa que la gente está adquiriendo más unidades habitacionales? De acuerdo con López, la respuesta es no.
“A pesar del déficit habitacional y de que muchas familias quieren comprar su vivienda, no pueden hacerlo porque tienen poco poder adquisitivo. Esto afecta a todo el sector inmobiliario, a los profesionales, a los promotores, y las familias que cada día se les hace un poco más complicado tener acceso a una vivienda”.
Leyes punitivas
Otro aspecto que incide negativamente en el sector es la existencia de leyes que incentivan la contracción del mercado y lo hacen inviable. Una de ellas es la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria que, de acuerdo con López, castiga duramente a los desarrolladores inmobiliarios, ya que les exige que un porcentaje de las viviendas construidas sea destinado al arrendamiento.
Adicionalmente, esa ley obliga al constructor a entregar las propiedades en un tiempo determinado una vez que comienza la venta de los inmuebles, sin tomar en cuenta los retrasos producto del contexto país, tales como la escasez de materiales, temas de permisología, retrasos en los registros inmobiliarios, entre otros.
“Cuando se penaliza solamente al constructor y no se toman en cuenta todas las posibles causas y las variables que pueden existir, muchas personas prefieren migrar a otra actividad o eligen sencillamente no construir. Porque los riesgos son bastante elevados y todas las consecuencias las estaría pagando el promotor o el desarrollador inmobiliario”, argumentó.
Lo que debería cambiar
A juicio de César López, actual presidente de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, para dinamizar el sector se requiere de un conjunto de acciones, entre las que destacan:
Búsqueda de métodos de financiamiento bancario para los actores involucrados en el mundo inmobiliario: promotores, familias y personas jurídicas.
Suavizar, cambiar o derogar las leyes que paralizan el sector, como la mencionada Ley Contra la Estafa Inmobiliaria y aquellas que regulan los arrendamientos, tanto de viviendas como de comercios.
Digitalización de trámites en las alcaldías para fichas catastrales, impuestos inmobiliarios, registros y notarías, ya que la productividad en el sector inmobiliario se ha visto mermada durante la pandemia con el esquema 7×7 de cuarentena flexible y radical.
De esta manera se daría inicio a la construcción de nuevos desarrollos habitacionales y, por ende, a la reactivación del mercado primario que le brinda calidad de vida y tranquilidad a las familias venezolanas.
