• La ONG Un Mundo Sin Mordaza documentó en su reciente informe 29 incidencias entre retenciones y detenciones arbitrarias tanto a periodistas como a civiles. Foto: EFE

La situación de la libertad de expresión en Venezuela continúa deteriorándose con el paso de los años. Así lo evidenció el informe del primer semestre de 2021 de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, en donde se reveló que se registraron 74 casos que contemplan 150 violaciones de este derecho.

Rodrigo Diamanti, director de la organización, expresó que la destrucción de la mayoría de los derechos humanos en Venezuela comenzó con la debilitación de la libertad de expresión.

“Es una especie de efecto dominó. Una vez que pierdes la libertad de expresión empiezan a mermar los otros derechos humanos porque se cierra ese canal por el cual se puede levantar la voz”, precisó el activista durante una rueda de prensa este 26 de agosto.

Agregó que quienes hoy en día gobiernan el país no han desistido en su interés de tener el control total de los medios de comunicación venezolanos en su búsqueda por la hegemonía comunicacional.

Detenciones y retenciones

La periodista Isabella González, miembro de Un Mundo Sin Mordaza, detalló que en el informe se documentaron 29 incidencias entre restricciones y detenciones arbitrarias tanto a periodistas como a otros civiles. Dejando un saldo de 15 periodistas y 14 civiles víctimas de estas violaciones. 

El 31% de estas detenciones y restricciones fueron realizadas por policías estatales. Además, se registraron un total de 63 actos de hostigamiento, amenazas y agresiones a civiles y trabajadores de la prensa. 

Los funcionarios que realizaron los hostigamientos se dividen de la siguientes forma:

-44,4% cuerpos de seguridad (Sebin, DGCIM, FAES, entre otros). 

-22,2% funcionarios públicos. 

-12,7% desconocidos (funcionarios sin uniforme). 

-7,9% empresas estatales. 

-7,9% colectivos oficialistas. 

Informe sobre la libertad de expresión

Sobre la afectación a los medios clásicos de comunicación, González informó que se reportaron 22 casos de afectación. 23,7% fue hacia canales de TV, 63,9% a estaciones de radio y 13,6% medios impresos. También se registraron 13 casos de bloqueos a páginas web y redes sociales.

Régimen de Maduro incumple sus obligaciones

La abogada Luciana Denicio, miembro del equipo jurídico de Un Mundo Sin Mordaza, indicó que desde hace varios años el régimen venezolano ha llevado a cabo distintas violaciones de los DD HH y actos que configuran un incumplimiento de sus obligaciones en esta materia.

“Actualmente en Venezuela se está presentando una nueva faceta de ataques contra los medios independientes. Se suman a las violaciones, las detenciones arbitrarias y las limitaciones de acceso a la información que ya se venían viviendo desde el año 2020”, aseveró.

Sostuvo que esta nueva faceta revela una clara intención de criminalizar a los medios de comunicación, quienes aún luchan contra la censura e insisten en hacer un periodismo libre, a través de la difamación y amedrentamiento que llevan a cabo altos funcionarios del régimen con la participación de otros medios privados que tienen tendencia pro gubernamental. 

Son diarios los hechos en los que se busca silenciar a los periodistas y ciudadanos. Estas acciones responden a un patrón de persecución y criminalización del trabajo periodístico”. 

Enfoque del informe

Luciana Denicio detalló que el informe se enfoca en el análisis del cumplimiento de respeto, garantía, aseguramiento, cooperación, promoción y adopción de medidas en el derecho interno, más que en las cifras.

Para elaborar el estudio se realizó un trabajo de campo que consistió, entre otras cosas, en entrevistar a víctimas de violaciones a la libertad de expresión y a expertos en el tema.

Además, al informe se incorporó también la información recabada por otras ONG como Espacio Público,el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Instituto de Prensa y Sociedad, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), entre otras.

En el informe se tomaron en cuenta tres objetivos específicos: documentar las violaciones concernientes a la obligación de respeto a la libertad de expresión por parte del Estado; analizar las políticas empleadas por el régimen para determinar el cumplimiento de la obligación de garantía de este derecho; y evaluar los procedimientos para el cumplimiento de la obligación de promoción del mismo.

Leyes que regulan a los medios son contraproducentes

González puntualizó que en las precondiciones estudiadas encontraron que Venezuela cuenta con 14 normas que regulan de forma directa o indirecta el trabajo de los medios de comunicación, las telecomunicaciones, redes sociales, espacios web. Además de 35 reglamentos y 35 providencias administrativas. 

“Esto es contraproducente debido a que tener tantas normas permite que los castigos puedan ser más directos y se den con mayor facilidad. Ya que existen sanciones que permiten el cierre de los medios”, reiteró durante la rueda de prensa para presentar el informe.

Dentro de estas normas se encuentra la Ley Constitucional Contra el Odio, la cual ha sido criticada por la Comisión Interamericana de los Derechos humanos (CIDH), quien estableció que tales restricciones podrían impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Venezuela y generar un fuerte efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática. 

La CIDH ha pedido al estado venezolano que está ley se derogue debido a que viola directamente al derecho de la libertad de expresión y el Estado no lo ha hecho”, aseveró.

Ataques a la libertad de expresión

Los resultados expuestos en el documento de la ONG indican que hubo una afectación de derecho por fallas con la conexión a Internet y los servicios públicos. En los primeros seis meses del año  se registraron 38.004 fallas eléctricas en el país, de acuerdo con las cifras del Comité de Afectados por Apagones. 

Foto: EFE

Sobre el uso de la fuerza en protesta pacíficas y su efecto en la libertad de expresión se detalló que de 3.993 manifestaciones, 59 se reprimieron en 13 estados del país dejando un saldo de 25 detenidos, 7 heridos y un fallecido. Esto según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). 

Venezuela en lo más bajo del ranking sobre libertad de expresión

Según el ranking de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre la clasificación mundial de la libertad de prensa en 2021, Venezuela ocupa el puesto 148 de 180 países estudiados. Es el segundo país de Latinoamérica con una posición tan baja.

La periodista Isabella González indicó que el informe de 2020 de Freedom on the Net lo puntúa con 28/100, lo cual lo posiciona a nivel mundial como el país con la mayor caída en libertad de Internet desde hace cinco años.

Conclusiones y recomendaciones

En el informe de Un Mundo Sin Mordaza se concluye que, de acuerdo a lo detallado en el estudio, no existe intención del régimen de Nicolás Maduro de tomar medidas que respeten, garanticen y promuevan el respeto a la libertad de expresión y acceso a la información.

Debido a las graves violaciones de los DD HH en el país, la organización recomienda al Estado los siguientes planteamientos:

-Abstenerse de criminalizar y cometer arbitrariedades en el ejercicio de los periodistas, trabajadores de prensa, reporteros gráficos y población en general.

-Detener el uso de persecución, amenazas, hostigamiento, violencia o represalias por la manifestación de ideas y opiniones.

-Permitir un acceso más transparente a cualquier dato a través del INE u otros organismos estatales.

-Detener la censura administrativa impartida por los órganos de la administración pública sin fundamentación de derecho y violando los principios y criterios establecidos por la CIDH.

-Implementar modificaciones legislativas para compatibilizar, en el marco de la aplicación de controles convencionales, la legislación nacional con estándares de derechos humanos.

– Derogar la Ley Constitucional contra el Odio ya que es un instrumento normativo inconveniente y que busca criminalizar la libertad de expresión. 

Además, la organización indica que se debe garantizar el acceso a Internet de manera libre y sin restricciones o bloqueos. El Estado debe cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales, en torno a la libertad de expresión y acceso a la información.

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