- Un Mundo Sin Mordaza, el Observatorio Venezolano de Crímenes de Lesa Humanidad y Defiende Venezuela se unieron para trabajar en la identificación y registro de los casos de las víctimas que migraron sin denunciar los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado
Los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela cada día son más visibles y están bajo la lupa de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual consideró que existen bases suficientes para creer que el régimen de Nicolás Maduro cometió violaciones de los derechos humanos.
Para sumar esfuerzos en el trabajo de visibilización de las víctimas de estos delitos, tres organizaciones que trabajan en el ámbito de la defensa de los derechos humanos (Un Mundo Sin Mordaza, el Observatorio Venezolano de Crímenes de Lesa Humanidad y Defiende Venezuela), se unieron para crear la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad.
Alonso Domínguez, abogado y coordinador del proyecto, detalló en exclusiva para El Diario que el propósito de la red es ayudar en el proceso de identificación de víctimas de violaciones graves de los derechos humanos que se encuentran fuera de Venezuela.
“El trabajo de identificación de contacto, de seguimiento y apoyo a esas víctimas se ha dificultado para las organizaciones de DD HH porque ya no se está trabajando solamente con personas que viven en el país, sino que ahora viven en otras naciones”, indicó.
Modelo de trabajo
Domínguez destaca que el proyecto comenzó recientemente, aunque partió de una reflexión que tuvieron durante 2020 sobre cómo impactan las migraciones en el proceso de identificación de víctimas.
Debido a que el objetivo de la red es facilitar el proceso de contacto y respaldo de las víctimas, escogieron un modelo de trabajo que consistió en constituir equipos voluntarios en los países receptores de la migración venezolana.
Identificación de las víctimas, la tarea más difícil
El abogado explicó que muchas de las personas que fueron victimas de una violación de sus derechos, perpetrada desde el Estado y con un patrón sistematico, tuvieron que irse del país por razones politicas o por la tragedia humanitaria por la que atraviesa Venezuela.
“El trabajo más arduo es el de identificación de víctimas porque muchas de las personas que se fueron quieren pasar la página, para algunos fueron experiencias muy dolorosas y no quieren por lo tanto volver a abrir esa herida”, precisó.
En algunos casos, enfrentan también el desconocimiento de la propia persona de que fue víctima de crímenes de lesa humanidad Domínguez resalta que esto se debe a que la cultura autoritaria a veces hace ver determinadas prácticas policiales como normales o naturales, casi un atributo que pueden ejercer legítimamente, lo que forma parte de las consecuencias de vivir en un régimen.
“Eso es inaceptable, forma parte de un patrón que fue desarrollado por el Estado y que no ha sido castigado por los canales institucionales que ofrece el ordenamiento jurídico venezolano porque el poder judicial está subordinado al Ejecutivo”, aseveró.
Esfuerzos de los voluntarios
Actualmente cuentan con siete nodos constituidos, los equipos están llevando el proceso de identificación de víctimas en Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos, Perú y España. Además, se encuentran realizando contactos iniciales para constituir nodos en Costa Rica y en México.
Domínguez sostiene que los voluntarios tienen un proceso arduo de trabajo debido a que son migrantes y viven una situación difícil, adicional al voluntariado deben trabajar el doble para poder alcanzar objetivos,
“Estas personas tienen que buscar dos y tres trabajos, que muchas veces son oficios que no corresponden a sus profesiones, por lo que deben abrir un espacio en su agenda para mantenerse actualizados, contactar a las víctimas y hacerle seguimiento al caso, llenar los formularios, etc”, indicó.
No obstante, puntualizó que el trabajo lo realizan los voluntarios con su mayor esfuerzo y con el corazón puesto no solamente en Venezuela sino pensando en que están contribuyendo a lograr justicia para el país.
Proceso de identificación, registro y documentación
Domínguez detalló que el primer paso es la identificación de la víctima y el contacto. Este se puede realizar de dos formas: Word of Mouth (Boca a Boca), los migrantes en sus lugares de acogida, hacen contactos, hablan e intercambian información; y la difusión de las campañas realizadas en redes sociales que comparten las organizaciones locales.
El segundo paso es el registro del caso, el voluntario realiza un cuestionario sencillo en donde se hace el levantamiento inicial de la información.
Cuando encuentran testimonios con elementos para avanzar a un nivel jurisdiccional, el equipo de abogados, liderado por el jurista argentino Fernando Goldar, documenta el caso con mayor detalle siguiendo los protocolos que son el estándar en la materia.
El grupo de juristas trabaja con un panel de expertos de la OEA designados específicamente para la situación venezolana.
Complementar el trabajo de investigación
Alonso Domínguez resaltó que el esfuerzo por contactar y documentar los casos de las víctimas forma parte de lo que cualquier sociedad debe hacer para restablecer sus derechos, defenderlos y castigar a los culpables, en este caso en la CPI, la cual es una jurisdicción complementaria a la justicia ordinaria de cada país.
“Cuando una nación firma el Estatuto de Roma y queda bajo la jurisdicción de la CPI, esta puede intervenir cuando la justicia nacional falle y no actúe con independencia, por lo tanto no pueda responder frente a las violaciones que ocurren”, reiteró.
Teniendo eso en cuenta, aclaró que la red es un esfuerzo para pedir justicia pero no para reemplazar la acción política en Venezuela.
Régimen intenta demostrar que existe justicia
Sobre la visita a Venezuela del fiscal de la CPI, Karim Khan, comenta que forma parte de los esfuerzos de la Fiscalía internacional para determinar con claridad, más allá de la información que ha recibido, si la justicia venezolana es capaz de dar cuenta sobre la situación del país.
Domínguez sostiene que el régimen de Maduro intenta demostrar que la justicia penal internacional en el caso de Venezuela no aplica porque supuestamente se tienen los tribunales que sí están condenando a los culpables.
“Por eso es que hemos visto en las últimas semanas sentencias condenatorias de personas que participaron en la represión de las protestas del 2014 y 2017, es por eso que también hemos tenido información de que la fiscalía del país están contactando a las víctimas a sus casas invitándolos muy amablemente a que fueran a denunciar”, precisó.
Reiteró que el objetivo no solo es hacer un registro, sino que la documentación sea útil para el esfuerzo de reparación a las víctimas y que los culpables de esas atrocidades que se han cometido en Venezuela sean castigados.
