• De acuerdo con la ONG Prisoners Defenders indicó que la mayoría de los prisioneros derivaron de las protestas contra el régimen de Miguel Díaz-Canel en julio de 2021. De ellos, al menos 32 son niños

En Cuba se agranda la lista de presos políticos. En los últimos 12 meses, la dictadura de Miguel Díaz-Canel apresó a otras 1.054 personas por motivos políticos frente a los 137 con los que comenzó en febrero de 2021, de acuerdo con los datos que publicó el lunes 7 de febrero la ONG Prisoners Defenders.

Actualmente, la organización tiene verificados a 932 presos políticos condenados, pero advirtieron que esta cifra “no es más que una fracción, entre el 50 y el 60 por ciento de las cifras reales”, cuya verificación total es “simplemente inalcanzable por organización alguna”. Al menos 120 mujeres son presas políticas de Cuba.

La mayoría de esos presos políticos (794) derivaron de las masivas protestas que iniciaron el 11 de julio de 2021. Decenas de detenidos fueron liberados en los últimos meses, pero con unas multas “de cuantías exacerbadas para Cuba”, señala la ONG.

presos políticos
Manifestación en Cuba el 11 de julio de 2021. Foto: EFE/Ernesto Mastrascusa

Niños y niñas presos

Uno de los datos más alarmantes del informe revela que la dictadura cubana también persigue a niños, niñas o adolescentes.

De todos los presos de las protestas del 11J, Prisoners Defenders indica que al menos 32 son niños (28 varones y cuatro niñas). De 13 años de edad hay uno; tres tienen 15; de 16 años, nueve; y de 17 años, 21. Además, al 50 % del total y a 16 niños y niñas, los acusaron de sedición. La organización internacional denunció que entre ellos hay niños con “impedimentos y retrasos mentales incompatibles con la violencia y mucho menos con la sedición”.

“Cuba está haciendo añicos su firma y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, encarcelando y destrozando a la juventud, llevando el terror a las familias de todo el país y causando – de forma salvaje – un dolor irreparable en todos los encarcelados y en sus familias y allegados”, señala la ONG.

Silencio internacional

Ante la represión del régimen cubano, Prisioners Defenders criticó que los poderes políticos de Naciones Unidas, especialmente la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, están en un “silencio absoluto”. No así algunos relatores y técnicos, bajo denuncia y procedimientos de parte, sí se pronuncian, aseguran. También repudiaron el silencio del Alto Representante de la Unión Europea (UE), Josep Borrell.

“El silencio actual ante esto, cuando ya han pasado 6 meses desde el único e insuficiente pronunciamiento del SEAE dada la masiva y sistemática forma en la que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en Cuba, es compartido por el señor Josep Borrell de forma vergonzosa e inexplicable, lo que contribuye sólo a un resultado: perpetuar la situación de terror durante años, pero conservar las cadenas hoteleras españolas en Cuba, donde los empleados cubanos cobran una fracción insignificante de los beneficios que el régimen se reparte con las cadenas, que tienen pagar la práctica totalidad del salario al régimen”.

Injusticia en los procesos

Además de los presos políticos, Prisoners Defenders reconoció los otros 11.000 civiles jóvenes no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8.400 de ellos convictos y 2.538 condenados, con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel, mediante condenas “pre-delictivas”, es decir, sin delito alguno cometido.

El artículo 42 del Código Penal de la dictadura cubana establece que esas personas son proclives a cometer delitos en el futuro “por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista”. Así, les imponen penas de 1 a 4 años de prisión “sin delito investigado ni cometido”, señala la ONG.

Por otra parte, la organización se declaró “sorprendida” al leer un comunicado emitido por la dictadura de Cuba, en el que indica menos casos que los hechos públicos por las ONG, un total de 790 personas “instruidas de cargo por actos vandálicos”.

“La Fiscalía, una entidad jurídica y técnica en cualquier país democrático y cuya hipotético buen desempeño se basa en la precisión, ha emitido un comunicado político, repleto de faltas de precisión y términos ambiguos, en el intento de tratar de limitar lo ilimitable”, criticaron. “¿Por qué sólo da las cifras de los hechos de “mayor connotación”? ¿Es un comunicado de la Fiscalía o del Partido? ¿Qué es la “connotación” para la Fiscalía?”, añadieron.

Prisoners Defenders sostiene que desde el inicio de esta “razzia” (redadas policiales con signos de brutalidad) que más de 5.000 personas fueron detenidas y más de 1.500 procesadas. “Además de nuestras fuentes y estudios, los datos, los hechos y la Fiscalía misma contribuyen a hacer cada vez más palpable esta aseveración”, concluyeron.

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