• El alcalde del municipio Simón Rodríguez, Ernesto Paraqueima, promovió la discusión entorno al matrimonio igualitario, pero no legisló en ese sentido, pues su decreto solo tiene estipulado certificar una unión privada a través de un contrato entre personas del mismo sexo. Los abogados Alí Daniels y Mario D’Andrea conversaron con el equipo de El Diario al respecto | Foto: José Daniel Ramos (@danielj2511).

La discusión en torno al matrimonio igualitario en Venezuela se retomó luego de que en el estado Anzoátegui, el alcalde del municipio Simón Rodríguez, Ernesto Paraqueima (*), anunciara que su jurisdicción aprobaría mediante decreto las uniones entre personas del mismo sexo en las próximas semanas, de acuerdo con el artículo 4 de la ordenanza municipal.

Se trata de una propuesta local que certificará esas uniones a través de un contrato privado promovido en la ciudad de El Tigre, con un costo del trámite de al menos 400 dólares. De acuerdo con Paraqueima, es un “matrimonio simbólico”, que permite repartir bienes. Pero, para los juristas consultados por el equipo de El Diario, ese simbolismo lo que hace es “banalizar” las exigencias de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela sin ofrecer respuestas reales.

Así opina Alí Daniels, abogado y director de Acceso a la Justicia, aunque le parece positivo que se retome el tema en la opinión pública sobre un derecho que sigue siendo una deuda al grupo vulnerable en el país. El abogado Mario D’Andrea agregó que, ese procedimiento que se pretende promover en esa ciudad se puede hacer a través de la vía privada y no representará un “matrimonio”, ni cambia el estatus civil ante el Estado.

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La comunidad LGBTIQ+ en Venezuela se ha movilizado en distintas ocasiones exigiendo el matrimonio igualitario y otros derechos. Foto: José Daniel Ramos (@danielj2511).

¿Por qué no es matrimonio igualitario?

Paraqueima se valió del artículo 57 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal para ejercer acciones en favor de los intereses de la vida local y servir a la comunidad. Sin embargo, tanto Daniels como D’Andrea concuerdan en que, al vender la idea de “matrimonio igualitario”, ejerció competencias que no le corresponden.

Un contrato entre dos personas del mismo sexo no tiene los efectos que tiene el matrimonio de acuerdo al Código Civil y la legislación vigente. Es un contrato, pero no va a generar que esas dos personas del mismo sexo puedan opinar o sustituir la voluntad del otro en caso de una emergencia, tampoco que los hijos hereden, o que cuando una de las dos personas muera, la otra herede”, comentó Mario D’Andrea.

El decreto también aprovecha la ausencia de prohibición expresa del artículo 77 de la Constitución en referencia al matrimonio, que solo habla de protección del matrimonio, pero no dice que se prohíbe entre personas del mismo sexo, que sí ocurre en el Código Civil al señalar que solo permite las uniones entre “hombre y mujer”. De esos vacíos legales surgió la propuesta de El Tigre, que también tiene previsto pronunciarse en contra de la discriminación.

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“Para nosotros no es viable, en la medida en que un contrato privado no puede abarcar todo lo que implica una ‘unión de hecho’. Esto apenas se va a limitar a establecer una especie de ‘comunidad de bienes’, pero para eso no hace falta el visto bueno de la alcaldía pues lo pueden hacer los particulares directamente. El documento no va alterar en nada el estado civil de ninguno de los contrayentes”, agrega Alí Daniels.

El artículo 156 de la Constitución, en su numeral 32 señala que los alcaldes y gobernadores pueden dictar decretos, ordenanzas y ejercer acciones en su municipio, pero lo inherente a la legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales, incluyendo el ámbito civil, corresponde al Poder Público Nacional. “Los alcaldes sí pueden casar, quizás de allí viene la confusión, pero no pueden normar o regular el régimen del estado civil de las personas, que solo corresponde al Poder Público Nacional”, subrayó el abogado Alí Daniels.

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Posibles respuestas del régimen de Nicolás Maduro

Al consultar a los juristas sobre las posibles posturas de promulgar el proyecto, señalan que la respuesta inmediata podría venir del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La Sala Constitucional, amparada en la legislatura nacional, podría pedir la nulidad del mismo, revisión o señalar que es la Asamblea Nacional (AN) el único órgano que puede legislar.

“También puede decir que el Código Civil no es coherente con ‘el espíritu de la Constitución’, pues es anterior a la promulgada en 1999. Así, el decreto sí podría ser conforme a la Carta Magna, pues no tiene limitaciones expresas para el matrimonio. A partir de allí cambiaría la jurisprudencia”, explica D’Andrea.

Ambos expertos concuerdan en que el alcalde Ernesto Paraqueima dio una “respuesta política”, al aclarar que se trata de un contrato privado. De acuerdo con D’Andrea “sería una torpeza” detener o perseguir al alcalde por la iniciativa. Para él, la verdadera presión la puede sentir la AN, que, señala, en constantes ocasiones en años anteriores ha tenido la oportunidad de legislar en favor de la comunidad LGBTIQ+, pero no lo ha hecho.

Como antecedente, el director de Acceso a la Justicia explicó que ya la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) estableció su postura relacionada al tema del matrimonio igualitario. Específicamente en la sentencia del 28 de febrero de 2008. “En esa misma decisión se señaló que era posible que se estableciera un régimen jurídico para las ´uniones de hecho´ y señaló que el legislar en ese tema le correspondía a la Asamblea Nacional”, agregó Alí Daniels.

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El director de Acceso a la Justicia comentó que, si efectivamente el proyecto llega a ser aprobado, a la brevedad, personas del régimen solicitarán que se suspenda y que sea nulo todo acto que se haya ejecutado en torno a él. Para Mario, probablemente dejen pasar la situación, pues: “no es compromisoria de derechos humanos para el régimen, pero los deja en evidencia que no quieren legislar ni avanzar en esos derechos”.

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El de El Tigre, un proyecto sin incidencia nacional

Aunque Venezuela sea, en teoría, un Estado federal, en la práctica no lo es, explica el jurista Mario D’Andrea, por lo que las iniciativas regionales tienen poco poder de alcance nacional. Se descarta entonces que se siga el ejemplo en las propuestas hechas en países como México y Estados Unidos, donde el matrimonio igualitario inició como una iniciativa local, apoyada judicialmente. Ocurriría lo mismo si surge otro proyecto local en el resto del país, pues a juicio de los expertos, “no se está tratando el tema de fondo”.

En el caso del El Tigre, D’Andrea señaló que, cuando alguien vaya a ejercer el decreto e intente “casarse” frente a la autoridad designada, se va a encontrar que el Código Civil no ha cambiado y ese contrato podría solo tener vigencia en esa jurisdicción. Entrará en colisión entonces la decreto y lo establecido en la norma civil. “Lo que genera el decreto no es el matrimonio igualitario, sino la discusión para hacerlo posible”, completa el jurista.

Al firmar ese contrato, solo sería válido en El Tigre y se podría encontrar con trabas legales fuera de la jurisdicción. “Cuando quieras registrar una casa, con ese documento, dirán que no es válido. Es como que te vayas a casar a otro país y regreses a Venezuela. Aquí es inválido ese matrimonio porque el Poder Público Nacional no ha legislado para dar respuestas a ese tema”, expresa Mario.

Los abogados no ven posible que otros alcaldes sigan el ejemplo de la propuesta de El Tigre, pues evitarán hacer propuestas de ese estilo para “tratar de sobrevivir e incomodar lo menos posible” al régimen. Pero sí podrían medir lo ocurrido en Anzoátegui para presentar ciertas acciones en favor de la comunidad sexo genero diversa.

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Visibilizar una de las exigencias de la comunidad LGBTIQ+, lo destacable de la iniciativa

Lo que genera el decreto, agrega el abogado Mario D’Andrea, es que se genere una discusión en la opinión pública y en las “altas esferas de poder” respecto al tema del matrimonio igualitario y las exigencias pendientes de este grupo. Hace falta principalmente voluntad política, agregan los expertos, para dar respuestas acertadas para la comunidad LGBTIQ+.

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“El Estado debe ser laico. Lamentablemente las autoridades, afectas al régimen o no, promueven constantemente una parcialidad religiosa. Cuando este o sus instituciones representantes promueven una sola visión religiosa, católica o cristiana, impiden y violan el derecho a la libertad religiosa y el estado laico previsto en la Constitución”, señala Mario D’Andrea como una de las principales trabas para avanzar en legislación inclusiva.

Otra opción, aparte de la interpretación del TSJ o la legislatura de la AN, que daría los primeros pasos para legislar sobre el matrimonio igualitario es que se discuta una ley que regule las uniones de hecho. Para Alí Daniels es una vía que, en países como Chile, Bolivia e incluso España, a finales del siglo XX, fue adoptada como una unión civil. Luego, de esos proyectos, sí se avanzó en el área. “No es lo ideal, pero es un camino que permitiría darle una solución a una realidad social a las personas del mismo sexo que están juntas, eso el Estado debe regularlo. El Estado no está para sanciones morales, está para regular hechos”, relata Daniels.

D’Andrea cree que el ponerse a favor de las causas LGBTIQ+ tiene un costo político, tomando en cuenta que la sociedad venezolana es conservadora y arraigada a la religión católica, cuestión que muchos en el poder o los partidos políticos no quieren asumir. Dice que tiene que haber una modificación en el poder público nacional para que haya cambios palpables. Mientras el panorama social y político no cambie, el grupo seguirá siendo vulnerado, como han documentado las organizaciones por los derechos humanos en Venezuela.

El gobierno se la pasa hablando del colectivo LGBTIQ+ pero no ha reconocido ni este (matrimonio igualitario) ni ningún derecho por encima de este discurso populista; no se ha manejado bien. Esto pone en evidencia lo mal que se maneja el tema, el tabú que significa para muchos y el desconocimiento de los derechos que todo esto implica para un colectivo que tiene años pidiendo una reivindicación que es esencialmente justa”, concluyó el abogado Alí Daniels.

(*) El Diario contactó a Ernesto Paraqueima para la elaboración de este trabajo periodístico, pero no ofreció respuesta alguna.

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