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- La organización ambientalista denunció que el extractivismo del Arco Minero del Orinoco se extendió hasta la zona protegida. Esto trajo como consecuencia un aumento de los niveles de mercurio en los ríos y la exposición de los pueblos pemones a la violencia de las minas
La expansión de la minería, tanto ilegal como promovida por el Estado, además del aumento del turismo inconsciente sobre el Parque Nacional Canaima siguen dejando una huella dañina sobre sus ecosistemas. Así lo denunció la organización ambientalista SOS Orinoco el 23 de febrero de 2022, en su boletín mensual sobre la situación de esta área protegida.
En una actualización del reporte enviado a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (Unesco), los activistas resaltaron que en los últimos años se incrementaron significativamente estas actividades en el parque, declarado Patrimonio de la Humanidad. Señalaron que, de acuerdo a sus cálculos, la pérdida de bosques en Canaima es la tercera mayor en parques nacionales de Venezuela.
“Desde el año 2000 se han perdido un promedio de 1.483 hectáreas por año, pero a partir de 2015 esta tasa ya alcanza las 3.600 hectáreas por año. Estos últimos 5 años el bosque se ha perdido 2 veces más rápido que en los 15 previos”, advirtió.
Minería peligrosa
Si bien las minas ilegales han sido un problema histórico en el estado Bolívar, actualmente la preocupación de los ecologistas radica en el extractivismo como política gubernamental. El Arco Minero del Orinoco es un proyecto estratégico creado en 2016 por el régimen de Nicolás Maduro. Con él, se busca aumentar la producción de oro y otros minerales presentes en grandes extensiones de terreno en la cuenca del río Orinoco. Aunque en la práctica ha resultado en el auge de una minería sin regulaciones ambientales ni sanitarias.
A pesar de que la ley prohíbe la explotación de recursos dentro de los parques nacionales, la organización denunció que actualmente las minas han expandido sus dominios adentrándose en las áreas protegidas. “Luego de 4 años de seguimiento, hemos evidenciado cómo esta actividad sigue en expansión, afectando formaciones naturales de importancia ecológica, sumiendo en violencia al pueblo pemón y contaminando con mercurio los ríos y comunidades indígenas”, explicó.
En una investigación conjunta con Correo del Caroní, SOS Orinoco halló que hasta 2020, resultaron afectadas más de 1.540 hectáreas de Canaima por la actividad minera. Específicamente, en 59 sectores a lo largo de los ríos Caroní, Carrao, Kukenán y Caruay. Esto representa un aumento considerable respecto a 2019, cuando el área afectada era de 1.034 hectáreas.
“La minería dentro del Parque Nacional Canaima se ha expandido 8.4 veces desde el año 2000, a 80 hectáreas por año”, precisa.
Rastros tóxicos
La deforestación de los bosques (y respectiva pérdida de flora y fauna autóctona) no es el único daño que produce la minería. Para separar el oro de la roca, los trabajadores generalmente emplean mercurio, un elemento químico extremadamente tóxico. Aunque en Venezuela está prohibido su uso para cualquier práctica minera industrial o artesanal, SOS Orinoco reportó fuentes de este material provenientes del Arco Minero, y que contaminan las principales cuencas hidrográficas de la región.
Entre los mineros artesanales suelen abundar varias enfermedades producidas por intoxicación con mercurio. Los vapores inhalados durante la extracción producen diferentes afecciones respiratorias y neurológicas que a largo plazo pueden deteriorar las habilidades motrices y cognitivas del individuo. Durante su investigación, los activistas encontraron niveles de mercurio en los habitantes pemones de Canaima superiores a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
No obstante, estudios detalles mostraron que este grado de intoxicación no proviene directamente de la actividad minera. Alertan que posiblemente se debe al consumo de agua y peces contaminados del río. “No se evidenció una relación directa entre las concentraciones de mercurio en el cabello de la población Pemón y la actividad y cercanía a las minas, lo que sugiere una entrada del elemento tóxico por fuentes como la alimentación y/o agua”, advierte.
En imágenes satelitales de alta resolución, la organización detectó hasta 10 balsas mineras circulando por los ríos. El vertido de mercurio y otros químicos residuales constituye una de las principales fuentes de contaminación que actualmente sufren los ríos. Una situación que no solo afecta a los indígenas de Canaima, sino también a las ciudades y pueblos que se abastecen de ellos.
Fiestas en las alturas
El 9 de febrero de 2022 se divulgaron en redes sociales fotografías de una fiesta ocurrida en la cima del tepuy Kusari. Esta realmente ocurrió el 4 de febrero, por el cumpleaños del empresario Rafael Oliveros, dueño de un campamento turístico en Canaima. Aquel derroche de esnobismo generó indignación en las redes sociales, donde se le calificó como “una fiesta de enchufados” y se cuestionó el daño producido en un hábitat tan delicado.
SOS Orinoco fue una de las primeras organizaciones en denunciar el hecho y levantar un informe para la Unesco sobre sus consecuencias. En su momento, advirtieron que la fiesta de Oliveros es solo una de muchas actividades de turismo no sostenible que se realizan con cada vez mayor frecuencia dentro del parque nacional. Actividades que no están limitadas solo reuniones elitistas, sino que también se reflejan en las cantidades de basura que se encuentran a lo largo de la Gran Sabana, o la desertificación de las tierras producidas por las competiciones de vehículos todoterreno que se realizan allí.
Señala que este tipo de actividades violan la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio sobre Administración y Manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales. En ella, se limita el tipo de actividades de excursionismo que se pueden hacer. El turismo está permitido, siempre que sea sostenible y respetuoso de la naturaleza. También se establece que cualquier campamento o traslado en vehículos aéreos en zonas no autorizadas debe tener permiso del Instituto Nacional de Parques (Inparques), previo estudio de impacto ambiental. Por otro lado, el hacer una fiesta en la cima de un tepuy es una seria ofensa para el pueblo pemón, que considera estas mesetas como espacios sagrados.
