• En su informe actualizado ante el Consejo, Bachelet denunció 93 ataques al espacio cívico y democrático

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debatió este jueves 17 de marzo la situación de las libertades fundamentales en Venezuela. De acuerdo con la alta comisionada Michelle Bachelet, ha habido “algunos pasos en la dirección correcta” en los últimos meses. Aunque también alertó de la persistencia del acoso a activistas.

En su informe actualizado ante el Consejo, que cubrió eventos desde el pasado septiembre, Bachelet denunció 93 ataques al espacio cívico y democrático, incluyendo 24 casos de criminalización y amenazas a activistas de la sociedad civil, periodistas y otros elementos.

También se cerraron desde el pasado año al menos ocho emisoras de radio. Además se han bloqueado siete sitios web de medios de comunicación, destacó la alta comisionada sobre derechos humanos. Insistió en que “el pueblo venezolano tiene derecho a fuentes de información independientes”.

Bachelet recordó también que 12 personas cuyos casos son seguidos por grupos de derechos humanos siguen en detención arbitraria. Criticó la reciente persecución de la ONG FundaRedes, con más de dos décadas de activismo y cuyo director Javier Tarazona, con una salud en deterioro, sigue detenido.

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Avances

Por ejemplo, las reformas en marcha del sistema de justicia, la reestructuración de la policía nacional, la prohibición de enjuiciar civiles en tribunales militares o las medidas para enfrentar el hacinamiento en centros de detención preventiva “son pasos prometedores”, reconoció Bachelet.

Lo más destacado de la actualización que presentó Michelle Bachelet sobre la situación en Venezuela

Estas reformas “deben implementarse de manera significativa, genuina y efectiva para abordar las violaciones de derechos humanos del pasado y evitar que se repiten”, afirmó la expresidenta chilena.

La alta comisionada también valoró positivamente la reciente firma de un memorando de entendimiento entre Venezuela y la Corte Penal Internacional. Organismo que en noviembre abrió una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en el país.

Del mismo modo, Bachelet recordó que en los últimos seis meses condenaron a agentes estatales “en tres casos emblemáticos. Entre ellos el del homicidio y tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo”.

Con información de EFE

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