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- El gobierno de Pedro Castillo rechazó la resolución de la Corte y aseguró que recurrirá a instancias internacionales para revertir el fallo
El expresidente de Perú Alberto Fujimori saldrá en libertad en los próximos días. El 17 de marzo el Tribunal Constitucional (TC) emitió un fallo que restituyó el indulto humanitario que recibió Fujimori en 2017.
La resolución del TC fue aprobada con el voto decisivo del presidente del organismo, Augusto Ferrero. La decisión le dará la libertad al exmandatario, de 83 años de edad, condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad cometidos entre los años 1990 y 2000.
La noticia fue recibida con indignación en parte de la población así como en altas esferas del poder. Incluso, el gobierno del presidente Pedro Castillo, quien enfrenta una crisis, anunció que recurrirá a organismos internacionales para intentar revertir la decisión..
En medio de esa polémica, Fujimori puede ser excarcelado el lunes 21 o martes 22 de marzo, cuando se concluyan los trámites judiciales y legales para acatar la resolución, según adelantó su abogado defensor, Cesar Nakazaki.
Mientras que los seguidores del exgobernante celebraron la decisión, y decenas de ellos llegaron hasta las afueras de la cárcel de Lima en la que cumple su condena, su hija mayor, Keiko Fujimori, afirmó que la medida “es de justicia” y que la familia esperará los siguientes pasos para que el Poder Judicial cumpla con la resolución del TC.
La polémica decisión del TC
El voto dirimente de Ferrero decidió la nulidad de la resolución judicial que suspendió el indulto otorgado en 2017 a Fujimori, luego de que la votación del recurso de habeas corpus que solicitó esa medida quedara empatada en tres votos a favor y tres en contra.
En ese sentido, el TC declaró fundado un recurso interpuesto por el abogado Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema que en 2018 dejó sin efecto el indulto otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
El Poder Judicial había anulado ese indulto por considerar que no cumplía con las exigencias legales y carecía de efectos jurídicos, por lo que Fujimori debió regresar a la prisión del cuartel policial del este de Lima en el que cumple su condena.
Rechazo ciudadano y del gobierno
En ese sentido, la decisión del TC también generó el rechazo de cientos de ciudadanos, que se reunieron en el centro histórico de Lima para protestar de manera pacífica, junto con los familiares de las víctimas de los crímenes por los que fue sentenciado Fujimori.
La resolución motivó el rechazo del presidente Castillo y del primer ministro, Aníbal Torres, una posición que luego fue ratificada desde el punto de vista jurídico por el viceministro de Justicia, Juan Carrasco, y el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa.
Tras reunirse en el Palacio de Gobierno con el gobernante, Carrasco adelantó que el Ejecutivo acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para revertir este fallo.
Landa, un reconocido constitucionalista que presidió el TC entre 2006 y 2008, sostuvo, por su parte, que la decisión no es válida, porque va en contra de las decisiones de la CorteIDH y, por tanto, “corresponde ser revertida” por ese tribunal.
Fujimori fue condenado como autor mediato (con dominio del hecho) de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina, así como por los secuestros de un empresario y un periodista tras el golpe de Estado que dio en 1992.
Fujimori: Odiado y amado
Alberto Fujimori gobernó Perú entre 1990 y 2000. Si bien puso fin a una época de hiperinflación que estaba perjudicando al país, fue señalado de cometer crímenes contra los derechos humanos. También fue acusado por corrupción.
En el año 2000 circularon videos de su jefe de servicios secretos intentando sobornar a varios políticos. Por esta razón, dimitió y se fue a Japón donde solicitó la ciudadanía y permaneció durante años. Viajó a Chile y fue apresado y deportado a Perú en septiembre de 2007.
En 2009 fue condenado a 25 años de cárcel por su papel como instigador de dos masacres de civiles que dejaron 15 muertos en el año 1991 y otros 10 fallecidos en 1992. Los asesinatos los realizaron unas bandas paramilitares organizadas y entrenadas por el Estado, en una operación contra las guerrillas de extrema izquierda.
La violencia política en Perú generada por los conflictos entre los rebeldes de Sendero Luminoso y varios gobiernos, entre ellos, el de Fujimori, causó más de 70.000 muertos.
Hubo también un escándalo de esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas y pobres durante su mandato, una medida con la que Fujimori pretendía luchar contra la pobreza. Las autoridades obligaban a las mujeres a subir a ambulancias, las llevaban a centros donde las desnudaban con violencia y las operaban en condiciones sanitarias precarias.
Entre 270.000 y 350.000 mujeres y 25.000 hombres habían sido víctimas de esta política de esterilizaciones forzadas durante la década de Fujimori.
Con información de EFE
