• La política estatal de expropiaciones iniciada durante el gobierno de Hugo Chávez es una de las causas de las pérdidas mil millonarias que ha sufrido el país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones

Las políticas económicas de nacionalizaciones y expropiaciones arbitrarias implementadas por el Estado venezolano desde la llegada del chavismo al poder han dado paso a una larga lista de demandas internacionales en contra de Venezuela.

Muchas de estas querellas judiciales han sido llevadas a cabo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), un organismo perteneciente al Banco Mundial (BM) y del cual Venezuela forma parte.

Ante la falta de cumplimiento de las normas internacionales ante este tipo de casos, el CIADI ha emitido fallos en contra del Estado venezolano, lo que ha significado pérdidas para la nación de varios miles de millones de dólares. El más reciente de estos juicios tuvo como protagonista al Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos, el cual demandó a Venezuela por la expropiación de las compañías Agroisleña, Insecticidas Internacionales, Proyefa y Venezolana de Riego, en 2010.

Como parte de la decisión judicial el Estado deberá resarcir a los afectados con un pago de 1.640 millones de dólares, un monto que representa una pequeña fracción de la deuda internacional de Venezuela por concepto de laudos arbitrales perdidos.

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De acuerdo con el CIADI, la postura asumida por el régimen venezolano significó una violación del acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Venezuela que previamente había sido firmado por el Estado.

Conducta repetitiva

Caso Agroisleña: la más reciente derrota del Estado venezolano ante el CIADI

El fallo del CIADI correspondiente a la demanda de los antiguos duelos de Agroisleña en contra de Venezuela no es el único pleito legal en el que se ha visto involucrado el país. 

De acuerdo con el exprocurador designado por el gobierno interino, José Ignacio Hernández, en conjunto, los fallos del CIADI en contra de Venezuela han supuesto una pérdida de 16.304.808.500,15 dólares, un monto que excede ampliamente las actuales reservas internacionales del país, que según el Banco Central de Venezuela (BCV) se ubican en poco más de 10 millardos de dólares.

“El monto total de las condenas en contra de Venezuela ante el CIADI, a la fecha,  es de 16.304.808.500,15 dólares. Todas esas condenas son causadas por las arbitrarias políticas socialistas de expropiación”, publicó recientemente Hernández.

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Uno de los casos más representativos involucra a la compañía petrolera ConocoPhillips, la cual demandó al gobierno venezolano por la expropiación de sus inversiones en la Faja Petrolífera del Orinoco, específicamente en los proyectos Petrozuata y Hamaca.

La condena emitida por el CIADI el 8 de marzo de 2019 estableció que Venezuela debe pagar por concepto de indemnización un total de 8.446.305.166 dólares.

Su caso ha sido de los más noticiosos debido a que la compañía estadounidense ha intentado ejecutar el pago de la deuda utilizando los activos en el exterior de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

En tal sentido, han intentado hacerse con parte del control de Citgo, la filial de la estatal petrolera venezolana; sin embargo, no han tenido éxito hasta el momento, gracias a protecciones implementadas por el gobierno de Estados Unidos.

Otras decisiones que aumentaron la deuda externa de Venezuela

1. Vestey Group Ltd: la compañía inglesa demandó a Venezuela por la expropiación de 350.000 hectáreas de terrenos productivos que fueron catalogados como improductivos por el gobierno nacional.

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El CIADI ordenó, en el año 2016, al Estado venezolano pagar 98.145.325 dólares a Vestey Group Ltd por concepto de sus activos expropiados y los daños generados por la medida. Gracias a un acuerdo alcanzado por el gobierno interino del presidente Juan Guaidó, el pago de esta deuda logró retrasarse hasta julio de 2022, mes en el que deberán comenzar a abonar los pagos correspondientes.

2. Flughafen Zürich A.G. y Gestión e Ingeniería IDC S.A.: estas empresas de origen suizo y chileno respectivamente contaban con una concesión para administrar y operar el Aeropuerto de la Isla de Margarita. Sin embargo, dicha concesión les fue expropiada por el gobierno de Hugo Chávez, lo que obligó a las compañías a llevar el caso ante el CIADI.

El 18 de noviembre de 2014, el organismo internacional ordenó a Venezuela pagar 12.113.140,5 dólares a cada uno de los demandantes como indemnización e intereses.

3. Crystallex International Corporation: es una compañía minera canadiense que obtuvo un fallo a su favor ante el CIADI por la expropiación de sus inversiones en Venezuela en el negocio de exploración y explotación de oro.

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El dictamen del CIADI establece que el Estado venezolano está obligado a pagarle a la compañía una indemnización de 1.000.000.202 dólares, más intereses. Al igual que en el caso de ConocoPhillips, esta empresa ha solicitado que parte de la deuda se pague con la liquidación de Citgo. 

Sin embargo, hasta el momento sus esfuerzos y deseos no han llegado a materializarse.

4. OI European Group B.V: esta empresa neerlandesa dedicada al negocio del vidrio inició un juicio en contra de Venezuela por la expropiación de sus plantas productoras y distribuidoras de envases de vidrio.

El fallo a su favor establece que Venezuela deberá pagar una indemnización de 378.211.982 dólares.

5. Rusoro Mining Limited: es otra compañía canadiense dedicada al negocio de la explotación de petróleo, gas y minería cuyas inversiones en el país fueron expropiadas por el gobierno nacional durante la Administración de Hugo Chávez.

El Ciadi dictaminó en una decisión judicial publicada en 2016 que el Estado venezolano deberá pagar 971.079.502 por concepto de indemnización, costos judiciales e intereses.

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