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  • Sin mayores detalles, el Juzgado Tercero en Funciones de Ejecución de Caracas negó a la prisionera política el permiso de salir de arresto domiciliario para su tratamiento contra el cáncer. La organización Acceso a la Justicia calificó el hecho como una demostración de la falta de independencia del sistema judicial venezolano

El Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Angelimar Carmona, negó el 29 de marzo de 2022 el permiso de viaje a María Lourdes Afiuni. En su cuenta de Twitter, la exjueza y presa política informó que la solicitud tenía como fin cumplir con su tratamiento contra el cáncer.

“Es cierto, me fue negado permiso de viaje para realizar chequeo integral post tratamiento de radio y quimio, toda vez que el tipo de cáncer (carcinoma adenoide quístico) repite dentro del lapso de dos años. Me encuentro dentro de los 18 meses. Un día más, un día menos”, escribió.

La jueza Afiuni fue diagnosticada de un carcinoma en el labio inferior del rostro a finales de 2021. En octubre se le realizó una intervención quirúrgica en el que se le extirpó gran parte del tejido maligno. También tuvo una operación estética para la reconstrucción de la zona afectada. Si bien sus familiares han declarado que no hay riesgo de metástasis, debía viajar antes del 31 de marzo de 2022 a Estados Unidos para una revisión de control. La respuesta de la jueza Carmona rechazando la solicitud tiene fecha del 17 de marzo.

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La prisionera de Chávez

Tribunal le niega permiso de viaje a la jueza Afiuni por motivos de salud
Detención de la jueza Afiuni, en diciembre de 2009. Foto: Cortesía

María Lourdes Afiuni es, junto al excomisario Iván Simonovis, uno de los casos más emblemáticos de presos políticos durante el gobierno de Hugo Chávez. Antes de su detención, era jueza del Tribunal 31 de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. El 10 de diciembre de  2009, decidió acatar las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y conceder libertad condicional al banquero Eligio Cedeño. Días después, el empresario, quien desde 2007 había sido perseguido por el chavismo, huyó de Venezuela. 

Chávez culpó públicamente a Afiuni por la fuga de Cedeño. En cadena nacional, el entonces presidente ordenó su detención y exigió condenarla a la pena máxima, de 30 años de prisión. Su petición se cumplió, y el 17 de diciembre de 2009 la detuvieron sin orden judicial y trasladaron al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

Las irregularidades en el proceso de la ex jueza alertaron a varios organismos internacionales, incluyendo el mismo Grupo de Trabajo de la ONU. También entes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y el gobierno de Estados Unidos se pronunciaron a favor de su liberación.

La funcionaria pasó cuatro años en el INOF, donde denunció haber sido víctima de torturas y abuso sexual por parte de sus custodios. Entre 2011 y 2012 tuvo que oerarse en dos ocasiones por afecciones en la vejiga, por las cuales recibió casa por cárcel. En junio de 2014 se hizo oficial su libertad condicional, aunque su juicio se extendería por varios años más hasta 2019. El juez Manuel Antonio Bognanno la condenó a una pena de cinco años por “corrupción espiritual”; es decir, por un presunto hecho en el que no recibió dinero a cambio. Se le otorgó una medida cautelar, con la cual puede cumplir su condena en casa, con prohibición de salida del país y de declarar directamente a medios de comunicación.

Castigo ejemplarizante

A través de su cuenta de Twitter, la organización Acceso a la Justicia condenó que se le negara el permiso a Afiuni para atender su enfermedad en el extranjero. Denunció que Carmona no dio ninguna justificación para sustentar la privación del derecho a la salud. Atribuyen la medida al ensañamiento con el que el Poder Judicial ha actuado contra la exjueza desde el primer día de su detención.

En varios informes, Acceso a la Justicia bautizó a esto como “el efecto Afiuni”. Una suerte de castigo ejemplar que sirva como referencia de lo que podría ocurrirle a cualquier juez o funcionario que actúe fuera de los lineamientos del poder central. Además de Afiuni, este tipo de amedrentamiento quedó evidenciado con el caso de Luisa Ortega Díaz. Como fiscal general, se encargó de ejecutar todo el procedimiento contra Afiuni, llegando incluso a negar ante la ONU que fuera una prisionera política, o que se cometieron violaciones de derechos humanos en su contra. No obstante, tras rebelarse contra el régimen de Nicolás Maduro en 2015, Ortega sufrió la misma persecución política, lo cual la obligó a partir al exilio.

“Situaciones como esta debilitan aún más la ya endeble independencia judicial existente en Venezuela. Porque no solo inhibe a los jueces decidir de acuerdo con la ley y su conciencia, sino que pone a los ciudadanos a merced de un poder arbitrario”, comentó la organización.

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