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- El Ministerio Público solicitó libertad plena para el sindicalista de Ferrominera Orinoco, quien cumple una condena de 15 años de prisión. En 2011 fue acusado por un asesinato durante una asamblea de trabajadores, a pesar de que los testigos señalaron a otro dirigente vinculado al oficialismo. Desde entonces, su causa ha pasado por numerosos retrasos judiciales y atentados
El Ministerio Público afín al régimen de Nicolás Maduro consignó el lunes 11 de abril de 2022 una solicitud para liberar al sindicalista Rodney Álvarez. El documento fue publicado en redes sociales por el fiscal general Tarek William Saab, y busca revertir la sentencia a 15 años de prisión que Álvarez recibió el 8 de junio de 2021.
En el oficio, el fiscal Regino Antonio Cova Rojas solicitó al Juzgado 11° de Primera Instancia en funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas que Álvarez reciba libertad plena y sin restricciones. Acusado de homicidio por un tiroteo ocurrido durante una asamblea de la empresa básica Ferrominera Orinoco, en 2011, el dirigente obrero pasó 10 años en prisión preventiva mientras se desarrollaba su juicio. De acuerdo con el fiscal, ya cumplió el tiempo de condena que habría tenido de haberse declarado culpable.
“El acusado ha demostrado la intención de colaborar con el proceso, manteniendo una conducta ejemplar, así como ha cumplido desde su detención hasta ahora el 83 % de la pena mínima a imponer, siendo que de haber admitido los hechos, ya hubiese cumplido con la misma, poniendo fin al proceso seguido en su contra”, señaló.
Sin embargo, diferentes organizaciones sindicales declaran que Álvarez no tiene nada qué confesar, pues nunca fue culpable del delito que se le imputó. Señalan que su caso representa un ejemplo de la persecución del oficialismo contra líderes obreros y criminalización de su lucha por mejores condiciones laborales. Una situación en la que también estuvo en tres oportunidades el exsecretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González; o el director de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela.(FUTPV), Eudis Girot, actualmente detenido.
Acusado de asesinato
El 9 de junio de 2011, se realizó una asamblea de trabajadores de Ferrominera en su sede de Ciudad Piar, estado Bolívar. Miles de obreros se congregaron en un ambiente de tensión política para elegir a los miembros de la comisión electoral para las elecciones del sindicato. Por un lado, estaba la plancha 7, representada por Alfredo Spooner e identificada con el chavismo. Por el otro, estaba la plancha de González, la cual desde hacía años venía denunciando las irregularidades dentro de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Álvarez era obrero de la planta y aunque no tenía mucho reconocimiento como sindicalista, había participado en varias actividades de Sintraferrominera contra la tercerización y el cambio de su contrato colectivo. Ese día acudió a un acto de apoyo a González. Durante esa reunión ocurrió un encontronazo entre sindicalistas opositores y chavistas en el portón de la empresa. Los trabajadores protagonizaron varias peleas e intercambios de insultos, hasta que se escucharon varios disparos. Allí cayó Renny Rojas, de 28 años de edad, quien era militante de la Juventud de Trabajadores del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Murió en el hospital Américo Babó de Ferrominera, a causa de un impacto de bala en el cuello. También resultó herido en la pierna el dirigente sindical Luis Quilarte.
En ese momento, todas las miradas se dirigieron contra Héctor Maicán, secretario de finanzas de Sintraferrominera y miembro de la Federación Bolivariana de Trabajadores (FBT). De acuerdo con los testigos, fue él quien disparó contra la multitud y luego huyó a las oficinas de la directiva. De acuerdo con la organización Provea, Maicán fue detenido allí por funcionarios de la Guardia Nacional, quienes le incautaron una pistola. Fue presentado en tribunales al día siguiente por el delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles. Contra todo pronóstico, lo liberaron dos días bajo régimen de presentación.
El mismo día de su liberación, Maicán y miembros de la plancha 7 acusaron de los hechos violentos a Rubén González. Poco después, militares arrestaron a Álvarez acusándolo de ser quien accionó el arma bajo órdenes del secretario de Sintraferrominera. En su recuento del caso, Provea aseguró que el tribunal absolvió a Maicán por presión del entonces gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, al ser miembro del PSUV en la región.
“La burocracia estatal y sindical del estado Bolívar necesitaba incriminar a otro obrero para liberar de cualquier responsabilidad penal al directivo sindical y militante del PSUV, Héctor Maicán. Además, Rodney Álvarez era parte de los trabajadores que habían impulsado bajo el liderazgo de Rubén González, un sindicalismo independiente y combativo en Ferrominera del Orinoco”, explicó.
Proceso viciado
Por los hechos en el portón de Ferrominera, González también fue detenido y condenado a siete años de prisión por instigación a delinquir, violación de zona de seguridad, agavillamiento y coacción a la libertad de trabajo. Sin embargo, la presión activa de los sindicatos de Bolívar que permanecieron dos días de protesta obligó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a revertir la medida. Álvarez no tuvo la misma suerte, y para evitar nuevas manifestaciones, fue trasladado a la cárcel de Rodeo II, en el estado Miranda.
Una vez su caso pasó a manos del Circuito Judicial de Caracas, cayó en un limbo que lo mantuvo 10 años sin una sentencia definida. De acuerdo con el Correo del Caroní, durante su retardo procesal, Álvarez ha tenido 10 aperturas de juicio y más de 25 audiencias diferidas. Esto sin que se encontraran pruebas que demostraran su culpabilidad, ya que las cámaras de seguridad demuestran que estaba lejos del lugar en el momento del ataque. Igualmente varios testigos, entre ellos el propio Quilarte, declararon que fue Maicán el verdadero autor de los disparos. El 8 de junio de 2021, cuando el abogado defensor estaba enfermo por covid-19, el tribunal lo declaró culpable de homicidio calificado por motivos fútiles.
La sentencia ignoró por completo la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que desde 2019 ha exigido la libertad del sindicalista. También el de varias organizaciones defensoras de derechos humanos. De hecho, el rostro de Álvarez se ha convertido en una lucha de los sindicatos en cada marcha.
Familia separada
La detención de Álvarez dejó un impacto profundo para su familia. Ferrominera lo despidió sin aún empezar su juicio, y retiró a su familia de todos los beneficios para los trabajadores. Entre esto acceso al seguro y la inscripción de sus hijos en la escuela de la empresa. De acuerdo con Provea, tras perder el sustento económico del obrero, su esposa debió trasladarse a las minas de Bolívar para mantener a la familia. Por ese motivo, sus tres hijos actualmente están a cargo de su abuela, Yanitza Rodríguez.
“Suelten a mi hijo. Es inocente, pónganse a agarrar a los verdaderos culpables, que los tienen metidos dentro del mismo gobierno”, declaró al Correo del Caroní.
En Rodeo II, al otro lado del país, tampoco hay oportunidades para las visitas. Rodríguez señaló que si bien al comienzo intentaba verlo una vez al mes, actualmente le es imposible debido a la escasez de combustible y encarecimiento de los pasajes de autobús. Ya está próxima a cumplir cinco años sin ver a su hijo.
Persecución contra sindicalistas
Álvarez se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de la persecución contra sindicalistas opositores. Un legado del gobierno de Hugo Chávez que heredó el régimen de Nicolás Maduro e intensificó con el segundo arresto de Rubén González entre 2016 y 2020. También ha sido el caso de Eudis Girot, director de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV). Este último está preso también en Rodeo II desde noviembre de 2020, por denunciar los actos de corrupción de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la incapacidad operativa de las refinerías en el oriente del país.
Los ataques contra ambos sindicalistas no se han limitado al plano judicial. Durante su estancia en prisión, Álvarado ha sufrido tres atentados contra su vida. También maltratos por parte de sus propios custodios. Por ejemplo, el 7 de abril de 2022 ocurrió un hecho irregular en los calabozos del Palacio de Justicia de Caracas, donde Álvarez y Girot, además de otros 26 reos, esperaban por una audiencia. Un grupo de guardias arrojó una bomba lacrimógena dentro de la celda, asfixiándolos. El suceso fue denunciado en un comunicado por la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT). Denunciaron además que tras suspenderse sus audiencias, Girot fue trasladado a la cárcel de La Planta, donde permanece incomunicado.
Con la solicitud del Ministerio Público, la defensa de Álvarez tiene una nueva oportunidad para apelar la sentencia. Esperan que esta vez, con el respaldo de ese documento, puedan lograr la libertad del sindicalista. Esto en un momento donde la Corte Penal Internacional (CPI) sigue de cerca los avances de Venezuela en materia de derechos humanos y liberación de presos políticos. Aunque se logre la liberación del sindicalista de Ferrominera, las organizaciones recuerdan que todavía existen muchos dirigentes y obreros presos arbitrariamente por denunciar irregularidades en sus empresas, o simplemente por exigir que se cumpla su derecho a una vida digna y beneficios acordes a sus trabajos.
