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- La asociación solicitó al CNE iniciar desde este año la inscripción y modificación de datos de votantes. Indicó que al menos 4,5 millones de venezolanos tendrán que hacer el proceso desde el extranjero, mientras 1,5 millones deben resolver su reubicación forzosa de centro de votación
La asociación civil Súmate difundió un comunicado en el que instó al Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzar de inmediato el proceso de actualización del Registro Electoral (RE). Esto para garantizar la máxima participación en las elecciones presidenciales de 2024. Advirtió que de no tomar medidas a tiempo, se comprometería el derecho al voto de más de 10 millones de venezolanos.
El informe, publicado el 27 de abril de 2022, recoge datos suministrados por el propio CNE, así como del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Organización Internacional de Migraciones (OIM). A partir de allí, realizaron un estimado de la población electoral proyectada para las próximas elecciones, que serán dentro de dos años. También del porcentaje que requerirá de asistencia para ingresar al sistema.
De hecho, la cantidad exacta de potenciales votos comprometidos es de 10.287.887. A su vez, desglosaron este total en cuatro grupos importantes: personas no inscritas en el RE; jóvenes que serán mayores de edad al momento de las elecciones; venezolanos actualmente en el extranjero y que aún votan en su país; y votantes ya inscritos en el RE, pero que necesitan hacer algún tipo de modificación de sus datos.
Futuros votantes
De acuerdo con el CNE, el Registro Electoral es de 21.229.389 votantes, en su corte de enero de 2022. Esto con una población actual de 33.295.444 venezolanos, tomando como base el estimado del INE para abril de 2022. De cumplirse las proyecciones hechas por Súmate, será un reto para el ente incorporar el nuevo flujo de electores que estará apto para votar. Esto sin mencionar la población actual que, por diferentes motivos, todavía no está registrada.
El informe calcula que en este momento existen 4.645.968 personas que no están inscritas en el RE. Resalta que de este número, la gran mayoría puede considerarse como población joven, pero que nunca ha participado en una elección. Señala que 3.017.037 de este grupo está en el rango entre 18 y 45 años de edad. Acotando más, se tiene que 2.017.037 de menores de 45 años de edad siguen en Venezuela, mientras 1.000.000 emigraron.
Esto es solamente el presente. Súmate va más allá e incluye a aquellos venezolanos que en este lapso tendrán edad para votar y deberán inscribirse. Partiendo de los datos del INE, 1.396.356 alcanzarán la mayoría de edad entre abril de 2022 y abril de 2024. De este total, 256.371 están en el extranjero y 1.139.985 dentro del país.
Este sería uno de los puntos más fáciles de atender para el CNE. La Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) establece que la administración del RE corresponde a la Comisión de Registro Civil y Electoral, a través de la Oficina Nacional de Registro Electoral. Normalmente este organismo abre un proceso de inscripción en los meses previos a un evento electoral, el cual se puede realizar en las oficinas de la Junta Regional Electoral (JNE) de cada estado, en puntos especiales habilitados en lugares de fácil acceso. Solo se necesita la cédula de edad, y se puede realizar el proceso siendo menor de edad, siempre y cuando tenga ya los 18 años el día de los comicios.
Desde afuera
El mayor problema en el registro de los nuevos votantes será incorporar a aquellos que están en el extranjero. Este proceso generalmente se lleva a cabo en coordinación con las misiones diplomáticas venezolanas en cada país; sin embargo, en los últimos años la situación internacional del régimen de Nicolás Maduro ha sido complicada, con cierres de embajadas que han dejado huérfanos a los venezolanos que residen allí.
De acuerdo con la OIM, para abril de 2022 se registraron 6.113.035 venezolanos en la diáspora. Además de los 1.256.371 que deben ingresar por primera vez en el RE, Súmate estima que hay también 3.299.663 personas que sí están inscritas, pero aún figuran como votantes en Venezuela y deben cambiar su lugar de residencia. No obstante, dado el crecimiento cada vez mayor del éxodo venezolano, es posible que estas cifras se queden cortas para 2024.
La actualización del Registro Electoral para venezolanos en el exterior ha sido una de las mayores exigencias de diferentes organizaciones políticas en los últimos años. Una deuda pendiente por parte del CNE, en la que muchos aseguran existe un fuerte matiz de discriminación. Un hecho especialmente delicado en el contexto de 2024, ya que las presidenciales son las únicas elecciones en las que se permite el voto desde el exterior, al tener una repercusión nacional.
Súmate resaltó que, más allá del estatus diplomático y de reconocimiento del régimen de Maduro, existe un problema de infraestructura. Indicó que actualmente resultaría logísticamente imposible realizar la actualización del RE en los 127 consulados venezolanos dispuestos en 88 países. Esto también resultará problemático el día de las elecciones, ya que sería la primera vez que el CNE tendrá que organizar en cientos de ciudades alrededor del mundo mesas de votación con una concurrencia tan grande. Un desafío que, en países como Colombia o Perú, sería casi equivalente a la población de estados como Carabobo.
Cambios de centro
Otro desafío que tiene el CNE por delante es la actualización del RE para todas las personas que ya están inscritas y siguen en Venezuela. Súmate estima que 2.574.831 votantes deben cambiar su centro de votación para 2024, bien sea porque ahora residen en otra ciudad, o porque el lugar donde sufragaban ya no existe.
De esa cifra, resalta la cantidad de migraciones inconsultas en el sistema. Durante la gestión de Tibisay Lucena como presidenta del Poder Electoral, se hizo común la denuncia por parte de ciudadanos que a última hora eran cambiados de centros de votación. Una irregularidad que se acentuó en las elecciones regionales de 2017, cuando bajo el pretexto de las protestas, varios centros fueron cerrados y sus electores mudados a puntos bastante alejados. Aunque este fenómeno ya no es tan frecuente, la organización encontró que entre agosto de 2019 y 2020 habían 1.574.831 venezolanos que fueron cambiados de centro sin su consentimiento.
Al igual que en el caso de los ciudadanos no registrados, las actualizaciones se resuelven fácilmente en los operativos realizados por el CNE. Sin embargo, Súmate acota que entre 2019 y 2020 no se hicieron jornadas de este tipo, en gran parte debido a la pandemia de covid-19. En 2021, a propósito de las elecciones regionales y municipales, se abrió brevemente el proceso, pero no logró abarcar todos los municipios ni cumplir con la meta aproximada de registro.
Cabe destacar que antes de cualquier elección, el CNE publica un Registro Electoral preliminar, con el fin de preparar su logística según la distribución de electores que posee en su último corte. El cronograma electoral debe estipular un periodo para inscripciones y actualizaciones, además de depurar el sistema de fallecidos e inhabilitados. Solo después de esto, se aprueba el RE definitivo, el cual es usado el día de los comicios.
Recomendaciones
En su comunicado, Súmate insistió en la necesidad de comenzar este proceso desde este mismo año, para evitar que luego no alcance el tiempo, y un sector vulnerable de la población quede excluido de las elecciones. Por ello, además de su advertencia, hizo una serie de recomendaciones para optimizar el trabajo del árbitro electoral.
La primera es ampliar la red permanente de puntos de registro. Además de los que deben operar en las sedes de cada JRE, propone que exista uno por cada municipio, así como otro en cada una de las 100 parroquias con mayor densidad poblacional del país. Esto supondría un aproximado de 459 puntos permanentes en todo el país.
A esto se sumarían los más de 1.000 puntos correspondientes a operativos especiales de inscripción y actualización. El artículo 33 de la LOPRE establece que estos deben estar en lugares de fácil acceso para la población, y ser proporcionales a su población. En este punto, Súmate plantea aumentar la cantidad de jornadas durante estos dos años, para que no se concentren en las fechas electorales. “Al menos activar un operativo trimestral con un período de 30 días continuos de duración, iniciando con dos operativos en el segundo semestre de 2022, cuatro operativos en 2023 y cuatro operativos en 2024”, apuntó.
Como tercer punto, tomando en cuenta el voto en el extranjero, propone al régimen de Maduro abrir mecanismos de diálogo con los países receptores de migrantes, con los cuales se puedan articular estos operativos, así como las elecciones. También considerar el uso de medios tecnológicos o correo para que los venezolanos puedan registrar o actualizar su estatus de forma remota.
Finalmente, y quizás más importante, instó al CNE a elaborar de manera oportuna un cronograma electoral detallado, y cumplir cabalmente con sus lapsos. Que no solo contemple un amplio margen de tiempo para los operativos, sino también para otros procesos vitales como la depuración de las listas y la promoción de campañas para motivar a la población flotante a inscribirse en el RE. Una tarea ardua, en la que piden unir fuerzas con otros sectores de la sociedad civil, incluidos los mismos partidos políticos, para “la recuperación de la confianza en el voto como solución a la grave crisis política, económica, social e institucional del país”.
