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- Pese a que la figura de los consejos comunales no está contemplada en la Constitución, el régimen de Nicolás Maduro ha intentado otorgarle poder a través de reformas en otras leyes
La más reciente reforma de la Ley para la Protección a las Familias, Maternidad y Paternidad introdujo al poder comunal en la resolución de conflictos entre familias. También pretende que figuras como los consejos comunales ofrezcan mecanismos de protección y de formación para la vida familiar.
Esta no es la primera vez que el régimen de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional oficialista otorgan a las comunas competencias que deberían ser responsabilidad del Estado y de la administración pública.
De hecho, acciones similares han ocurrido con la creación de casas de justicia, el proyecto de ley de ciudades comunales y la reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia y abogado, conversó con El Diario sobre las implicaciones que tienen las nuevas funciones impuestas a las comunas y consejos comunales por medio de esta ley.
Falta de infraestructura y capacidades para proteger
En la reforma, el artículo 39 establece que “el Estado creará un programa de medios alternativos de solución de conflictos para las disputas y diferencias familiares, que incluya, entre otros, servicios públicos de conciliación familiar en las comunas ubicados en las casas de justicia y los comités de gestión comunal para el fortalecimiento familiar y la cultura de paz”.
Daniels expresó su preocupación ante la posible intención del Estado de evadir sus responsabilidades al delegar la protección de las familias a organismos como los consejos comunales. Alertó que muchos de estos grupos no cuentan con infraestructura para sus trabajos cotidianos.
El abogado aclaró que las comunas y los consejos comunales no forman parte de la administración pública, sino que son estructuras asociativas con las que el régimen de Maduro pone en práctica sus políticas públicas. Además, alertó que se trata de una figura que no está contemplada en la Constitución, por lo que implica contradicciones en la legislación venezolana.
Esta falta de infraestructura cobra mayor relevancia cuando se revisa el artículo 37, donde establece que el poder popular, los movimientos sociales y las organizaciones de base comunitarias promoverán actividades de educación, información y sensibilización. Más adelante el texto detalla la creación de escuelas para madres y padres para la preparación de la vida familiar.
Falta de un órgano rector definido para la protección de las familias
El artículo 40 señala que “los consejos comunales, comunas y demás estructuras de poder popular promoverán mecanismos para la protección social de las familias en su ámbito territorial, articulando para ello con los órganos y entes competentes a objeto de garantizar la efectividad de las políticas sociales”.
Con respecto a esta modificación, Daniels señaló las ambigüedades presentes en el texto, ya que la ley no define los mecanismos ni los órganos y entes competentes.
La ley tiene un artículo dedicado al “órgano rector en materia de protección integral de las familias”. No obstante, se desconoce si este ente se rige por un ministerio o institución del Estado.
El abogado indicó que al no definir las estructuras y mecanismos a seguir durante la protección de las familias, cada organización comunal podría hacer sus propias interpretaciones de la ley.
Al carecer de una estructura jerárquica en los entes competentes, no se puede notificar a autoridades superiores cuando algunos de los que laboran dentro del poder popular comete alguna falta.
“El poder comunal que es una estructura que está muy desorganizada. En el caso, por ejemplo, de que un funcionario del concejo municipal o de la gobernación haga una falta yo puedo ir ante su superior jerárquico ¿qué puedo hacer en el caso de que eso ocurra en un consejo comunal? no lo dice”, enfatizó.
Preocupación ante un tratamiento poco objetivo
Otra inquietud que mencionó el vocero de Acceso a la Justicia fue la posibilidad de que las comunas y consejos comunales no actúen de manera objetiva o que no consideren los derechos de los distintos tipos de familias constituidas en Venezuela.
“Puede que tengan una concepción familiar que no responda a la realidad social, porque en Venezuela hay familias que están constituidas por dos madres o dos padres y esta realidad no está recogida en la ley a pesar de que quiera hacerse pasar como igualitaria y de equidad”, añadió
El abogado advirtió que al momento de brindar los mecanismos de protección, quienes están en los consejos comunales podrían atender a los distintos tipo de familias con prejuicios, lo que sería contraproducente.
Recordó que las personas que integran las comunas no necesariamente deben tener conocimientos sobre niñez, paternidad y familias, por lo que sería necesario un proceso formativo en estas materias o la incorporación de personal especializado.
Daniels recalcó la necesidad de revisar la ley y reconsiderar que los mecanismos de conciliación sean empleados desde la administración pública. Alegó que la reforma hizo avances importantes en el reconocimiento y participación de los padres, pero aún tiene mucho camino por recorrer para poder brindar una verdadera protección a las familias venezolanas.
