• El equipo de El Diario conversó con Alí Daniels, abogado constitucionalista y director de la ONG Acción por la Justicia, y con Omar Villalba, abogado y exconcejal de Baruta. Detallaron que la ley es inconstitucional y que afecta la autonomía municipal

La Ley de Ciudades Comunales planea crear estructuras paralelas a los municipios con base en los consejos comunales ya existentes. De esta manera el régimen de Nicolás Maduro pretende normar el funcionamiento e interrelación entre las jurisdicciones, gestión de servicios públicos y la transferencia de recursos por parte del Ejecutivo. Se trata de un sistema con fines políticos, administrativos, económicos y productivos. 

Esta ley se aprobó  el 11 de marzo en primera discusión en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional afín al régimen. Previamente, el líder socialista entregó a este Parlamento dos propuestas en torno a promover la instauración del Poder Comunal. 

La legislación constituye una continuación de una política que lleva más de una década tratando de instaurar un Estado Comunal en el país, mediante la Ley de Consejos Comunales, aprobada en 2009, y la Ley de Comunas, en 2010. 

Ley de Ciudades Comunales
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Con esta legislación, el régimen pretende crear una estructura diferente y paralela a la político-territorial tradicional de Venezuela. Sin embargo, la aprobación y aplicación de esta ley carece de bases y respaldo constitucional. Incluso puede generar consecuencias en el poder administrativo y la autonomía de los municipios. 

¿Por qué la Ley de Ciudades Comunales es inconstitucional?

Alí Daniels, abogado constitucionalista y director de la ONG Acceso a la Justicia, explicó para El Diario que la Carta Magna de Venezuela no establece la creación de estructuras de poder paralelas ni ciudades comunales. Señala que los únicos mecanismos territoriales que contempla la Constitución son el municipal, nacional y estadal. 

Lo que más nos llama la atención es que se habla del ejercicio de la soberanía a través de estas ciudades comunales, cuando en realidad estamos seguros y convencidos que la aplicación de estas leyes no va a variar las relaciones de poderes en Venezuela. Va a continuar la misma oligarquía que ha gobernado el país, de modo que no hay ningún ejercicio directo de soberanía”, afirma.

A juicio del jurista, no se va a generar ningún cambio en las estructuras ni en el ejercicio del poder ya existente en los municipios. Esto porque a los consejos comunales ya existentes se les asignarán algunas competencias que actualmente realiza la jurisdicción municipal.

Sin embargo, explica que la aplicación de esta ley y el aumento del poder de los consejos comunales implican una amenaza para la autonomía municipal. Precisa que la autonomía municipal es “el eslabón más débil” en la cadena de poder por lo que quitarle competencias a los municipios no implica ningún peligro para el gobierno nacional.

El abogado y exconcejal del municipio Baruta Omar Villalba precisó que si bien la aprobación de de esta ley es inconstitucional porque no está respaldada por la Carta Magna, en el año 2007 la propuesta de implementación de un Estado Comunal fue rechazada en el referéndum realizado en el país ese año durante el gobierno de Hugo Chávez. 

“En nuestra propia Constitución dice que somos un país federal con sus leyes y reglamentos, pero en ningún lado hay un carácter de cambiar la estructura territorial a las comunas”, explica. 

Villalba detalla que debido a que ya cesaron las competencias de la asamblea nacional constituyente (ANC), creada en 2017 con el objetivo de modificar la Constitución, el régimen no puede realizar ninguna acción para cambiar la estructura territorial. Esto debido a que la ANC no realizó cambios a la Carta Magna para luego llevar las modificaciones a un referéndum. Precisa que todas las acciones que vienen realizando en torno a este tema carecen de legalidad. 

Objetivo electoral y represor

La aprobación de la Ley de Ciudades Comunales tiene un objetivo netamente electoral, a juicio de Villalba. Señala que en medio de las exigencia de condiciones para la realización de comicios justos, libres y transparentes, con esta ley se pretende forzar a la ciudadanía a participar. 

Por su parte, Alí Daniels le da otra interpretación a los objetivos de esta ley. Señala que la implementación de comunas como estructuras paralelas pretende silenciar a las los personajes críticos que forman parte del régimen y que cuestionan las políticas de privatización. 

Corrupción y falta de control en los consejos comunales 

El concejal explica que la idea original del consejo comunal era el enlace que estas organizaciones podrían establecer con las instituciones del Estado mediante un carácter vinculante. Sin embargo, este objetivo fracasó y se comenzaron a generar denuncias de mal manejo de recursos por parte de los consejos comunales.

Uno de los aspectos que contempla la ley es la inyección de recursos a estas estructuras comunales con la intención de autogestionar el funcionamiento de los servicios públicos. 

Esto es una ley cazabobos. Estamos completamente convencidos de eso en un país que no tiene ni siquiera recursos para poder combatir el covid o el tema inflacionario. Vemos cómo la gente no cree en ese Estado socialista, porque tienen necesidades. Si se trata de la entrega de recursos, el gobierno lo puede hacer de manera directa. No hay necesidad de crear una zozobra y una preocupación más a las personas que viven en nuestro municipio.”

Daniels resalta que los consejos comunales vienen ejerciendo atribuciones que no les corresponden y que no están amparadas en ninguna ley. Sin embargo, la legislación planea darle una especie de legalidad a estas funciones. 

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“En muchos casos esos consejos comunales están cobrando por esos servicios. La pregunta es: ¿quién está controlando esos gastos? Esto pretende crear más burocracia y al generar unos ingresos se crea una capacidad de alimentación de las bases del partido de gobierno a través de estos mecanismos. Al final de lo que se trata es de inyectarle recursos a los mismos mecanismos que el gobierno tiene para mantenerse en el poder”, precisa el director de Acceso a la Justicia. 

Los consejos comunales carecen de regulación y de formalidad legal, por lo que no existe seguridad jurídica en torno a estas organizaciones, explica Daniels. Señala además que la implementación de estas estructuras paralelas generarán más anarquía institucional debido a que a su juicio “los consejos comunales son tierra de nadie”. 

“Lo importante es el control político, no el control administrativo. Al final son estructuras hechas para tener aparatos del partido del gobierno que se beneficien de tener estas competencias”, afirmó Daniels.

Propuesta de separación. Jackeline Farias, exjefa de gobierno del Distrito Capital, aseguró que llevaría una propuesta a la AN afín al régimen Maduro que consistía en separar a los municipios Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre del estado Miranda y anexarlos a la jurisdicción capital. La propuesta fue rechazada por los alcaldes y la funcionaria fue destituida de su cargo el 28 de enero.

Factor ideológico 

El factor ideológico es otro aspecto que contempla la ley en su exposición de motivos. La necesidad de crear un Estado Comunal bajo las ideologías socialistas y guiado por el legado del expresidente Hugo Chávez demuestran la raíz ideológica y doctrinaria de esta legislación.  

“Hay una esencia doctrinaria y de tratar de resaltar el carácter del socialismo del gobierno. En la exposición de motivos señalan que esa ley se realiza por instrucciones del presidente Nicolás Maduro y el legado de Hugo Chávez. Una ley no se hace con el espíritu de un hombre, se hace tomando en cuenta la realidad nacional”, precisa Villalba. 

Durante la sesión del Parlamento afín al régimen, Luis José Marcano aseguró que las “ciudades comunales están llamadas a hacer el epicentro de la revolución cultural, la nueva ética socialista”.

Alí Daniels precisó que esta ideologización también es inconstitucional. “La ley tiene un montón de elementos que hablan, por ejemplo, de la construcción del socialismo. En ninguna parte de la Constitución dice que un estado o municipio están constituidos para construir el socialismo. Al final se trata de establecer estructuras paralelas para fortalecer el aparato ideológico del régimen y no para gestionar los problemas de los ciudadanos”, puntualiza 

La Ley de las Comunas tiene varios matices e interpretaciones. Sin embargo, el punto de coincidencia es la inconstitucionalidad que representa. A pesar de ello esta legislación planea ser aplicada próximamente en medio de un difuso y cuestionado marco legal.

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