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- El viernes 13 de marzo de 2020 se decretó el estado de alarma por la detección de los primeros casos de coronavirus en el país. Muchos han sido los acontecimientos que han marcado en este tiempo la agenda política, económica y social venezolana, desde el control social bajo el encierro, hasta la mezcla de esperanza e incertidumbre por la vacunación. El Diario resume algunos de los hechos más relevantes ocurridos durante la cuarentena
Hace un año el régimen de Nicolás Maduro decretó el estado de alarma nacional ante la llegada de la pandemia de covid-19 al país. Los rumores de la presunta aparición del virus en hospitales de diferentes ciudades habían causado nerviosismo en las redes sociales los días previos, y aunque todos fueron luego desmentidos, para la población solo era cuestión de tiempo. Fue ese viernes 13 de marzo de 2020 cuando la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó los primeros casos oficiales en dos pasajeros de un vuelo proveniente de España.
En ese momento fue casi inmediato el anuncio de una cuarentena radical. Primero aplicó para los estados y municipios donde se detectaron focos de coronavirus, y posteriormente se extendió a todo el territorio nacional. A través del decreto N° 4.160 quedó establecido el estado de excepción que hasta el día de hoy se mantiene.
Publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.519 del mismo 13 de marzo, el decreto otorga al Poder Ejecutivo la potestad de restringir la libre circulación en determinadas áreas, cerrar espacios públicos como parques y playas; además de suspender actividades académicas, culturales, deportivas y comerciales que no se pudieran realizar de manera remota. El uso de tapabocas también se volvió obligatorio; mientras que los trabajadores de sectores prioritarios debieron tramitar salvoconductos para poder usar el transporte público o cruzar las múltiples alcabalas que cercaron las ciudades.
Aunque el artículo 338 de la Constitución señala que los estados de excepción tienen una duración de 30 días, con posibilidad de prórroga por 30 días más, el decreto de estado de alarma nacional se mantiene vigente. Ha sido extendido en 12 ocasiones por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen. De acuerdo con la ley, a esta sala solo le corresponde declarar la constitucionalidad del estado, mientras que su aprobación corre a cargo del Parlamento. Pero esta última formalidad jamás se ha cumplido.
En un año tan atípico como 2020, el tener que abandonar las aulas para ver clases en línea o asistir a reuniones de trabajo por videollamada se volvió un reto a la paciencia en un país. Uno con la segunda peor velocidad de Internet del mundo, mientras que colas frente a las estaciones de gasolina se convirtieron en un paisaje cotidiano. En lo político, el país también presenció desde un informe elaborado por la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas que expuso la cara más oscura de las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen, hasta unas elecciones parlamentarias marcadas por la ausencia tanto de la oposición como de votantes, y cuya Asamblea Nacional elegida no es reconocida por decenas países y organismos internacionales.
Ahora, en este 2021, el mundo comienza tímidamente a recuperar su normalidad ante la pandemia con la esperanza que proveen las diferentes vacunas aprobadas. Y Venezuela parece apuntar en esa dirección a pesar de tener más de 144.000 casos hasta la fecha y 1.400 muertes; además de la amenaza emergente de la variante P1 del SARS-CoV-2, originada en Brasil.
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Control Social
Como en muchas regiones del mundo, la pandemia cambió drásticamente la dinámica social y económica de una gran parte de la población; sin embargo, en el caso de Venezuela, también hubo un fuerte sesgo político que impulsó la toma de decisiones dentro del régimen de Nicolás Maduro.
En entrevista para El Diario, el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (Cepyg-UCAB), Benigno Alarcón, sostiene que la razón por la que Maduro promulgó el decreto N° 4.160 obedece más a la búsqueda de afianzar el control social sobre los venezolanos que a una genuina preocupación por contener el virus.
Con esto, el politólogo para nada niega la veracidad de la pandemia en Venezuela; pero sí afirma que Maduro “la aprovechó para reducir la conflictividad por la gasolina y las protestas”, que ya se cocinaban desde 2019. Recuerda que el anuncio de la cuarentena en marzo coincidió con el llamado a nuevas acciones de calle por parte del gobierno interino de Juan Guaidó.
Tres días antes de la confirmación de la llegada del coronavirus, la Asamblea Nacional presidida por Guaidó intentó marchar hacia el Palacio Federal Legislativo; en un acto que luego fue desviado hacia la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes debido a la represión. Allí se aprobó en sesión el Pliego Nacional de Conflicto, un plan de acción para aumentar la presión interna contra el régimen oficialista, y que al final solo quedó en el papel. “Había una tendencia a que aumentaran las protestas”, proyecta Alarcón. Esa tendencia se vio truncada por la necesidad de quedarse en casa.
La gasolina fue otro factor que influyó dentro de las restricciones de circulación aplicadas en la cuarentena por la pandemia. El abogado resalta que la medida sirvió para que la crisis en las estaciones de servicio fuera más manejable para el régimen. Y del mismo modo, la escasez indirectamente ayudó también a contener la curva de contagios, al reducir las movilizaciones de largas distancias. Del mismo modo, señala que la situación actual de Venezuela en el escenario internacional sirvió de filtro para evitar la penetración del virus; a diferencia de otros lugares donde la alta afluencia de viajeros contribuyó a una mayor propagación de los casos activos.
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Una de las mayores preocupaciones del director del Cepyg es que el régimen pueda instrumentalizar eventos en pandemia como la vacunación. Esto para ejercer el control con fines políticos de cara a las elecciones regionales pautadas para este año. Menciona que ya el chavismo tiene antecedentes de utilizar ayudas sociales y programas gubernamentales. Como la bolsa de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como mecanismo de chantaje para coaccionar a la ciudadanía. “La vacunación podría convertirse en un nuevo CLAP”, advierte.
Cifras inciertas en pandemia
Alarcón se suma a la voz de diferentes gremios que dudan de las cifras de muertes y contagios dadas por el régimen. Señala que evaluar el manejo de la pandemia en Venezuela es complicado; principalmente debido a la desconfianza que generan las estadísticas oficiales y a la posibilidad de una incidencia del virus mucho mayor a la reportada.
En mayo de 2020, la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) publicó su informe Estado actual de la epidemia de la covid-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios. Allí habla de “un comportamiento atípico” de la curva de contagio a partir de los datos oficiales. Los académicos sospecharon de la existencia de un subregistro de casos provocado por la baja cantidad de pruebas diagnósticas realizadas por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (Inhrr), en comparación a los casos potenciales sin detectar.
Dos meses después, en julio, la presidenta de la Acfiman, Mireya Rincón de Goldwasser, advirtió en una entrevista para Radio Caracas Radio que el único ente autorizado en ese entonces para realizar las pruebas de Proteína C Reactiva (PCR), el Inhrr, estaba “saturado” y sin capacidad para cubrir su demanda. Por este motivo, dijo, los resultados mostrados por el régimen tenían un retraso de 10 a 15 días y no reflejaban la realidad epidemiológica del país.
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Alarcón señala que la poca voluntad del régimen de Maduro por descentralizar y masificar los diagnósticos PCR es una muestra de la fuerte politización de la pandemia. De ese modo mantiene el dominio de la información sobre el virus y puede dar la impresión de un Estado donde todo está en orden.
“El decreto no buscó hacer un control de la pandemia, sino un control social con fines políticos, porque no hubo diagnósticos masivos y, por el contrario, se monopolizó para dejar a las clínicas afuera. El gobierno se negó a reconocer la gravedad de la pandemia y las cifras reales”, asevera.
Desde finales de 2020 el análisis de las pruebas PCR ya no está centralizado por el Inhrr. Se puede hacer en otros centros como el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y el Centro Nacional de Genética Médica. Ambos en el estado Miranda, o en el Laboratorio de Biología Molecular Dr. Félix Pífano, en el estado Yaracuy. También se autorizó a las clínicas privadas a realizar los diagnósticos con tarifas dolarizadas; incluso se instaló un laboratorio en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía que cobra a los viajeros 60 dólares por cada examen.
Represión en pandemia
Luego de la publicación del reporte científico de la Acfiman, el entonces presidente de la asamblea nacional constituyente (ANC), Diosdado Cabello, lanzó esa misma semana una amenaza pública contra la institución. “Leí este artículo y leí las referencias, esto es una invitación para que los organismos de seguridad del Estado llamen a esta gente. Están generando alarma”, declaró. Actualmente, el informe ya no está disponible en la página de la academia.
Momento en el que Diosdado Cabello amenaza a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. pic.twitter.com/ggtvd4eyAe
— Aula Abierta (@AulaAbiertaVE) May 14, 2020
En un país paralizado por la cuarentena debido a la pandemia, el régimen de Maduro no solo avanzó en su control social. También en la represión de cualquier voz disidente que pudiera poner en entredicho la narrativa oficial. En agosto de 2020, la organización no gubernamental (ONG) Human Rights Watch denunció que en Venezuela se intensificó, desde la declaración del estado de excepción, la persecución contra periodistas, trabajadores de la salud, abogados y defensores de los derechos humanos; a quienes se les acusó de terrorismo y se les aplicó la Ley contra el Odio, entre otros cargos.
“El estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno, que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos”. Esto fue lo que señaló entonces el director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco.
Entre los casos investigados por Human Rights Watch está la detención por parte del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) del médico Julio Molino, de 72 años de edad, por denunciar en marzo que el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, en el estado Monagas, no estaba en condiciones de atender a pacientes con covid-19. También mencionan el caso de la enfermera Ligia Margarita Gamboa, a quien detuvieron el 19 de marzo funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), luego de difundir un video en que mostraba cómo se le negaba la atención en el Hospital Periférico de Coche. A la mujer le imputaron los supuestos delitos de “terrorismo, desestabilización, falsificación de documentos y de crear angustia y zozobra en la sociedad”.
Los ataques contra periodistas y medios de comunicación también se intensificaron. De acuerdo con el reporte anual El virus de la censura, publicado por el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), durante 2020 se contabilizaron 374 incidentes de los que se desprenden 636 violaciones a la libertad de prensa; entre agresiones, amenazas, incautación de equipos, allanamientos y actos de censura o autocensura. Un número bajo si se toma en cuenta los 1.032 atropellos cometidos durante 2019.
El informe destaca entre las violaciones más graves 48 casos de detenciones arbitrarias de trabajadores de la prensa, así como el asesinato de los periodistas José Carmelo Bislick y Andrés Eloy Nieves Zacarías, ambos ocurridos con una semana de diferencia. El cuerpo de Bislick fue hallado dentro de su carro el 18 de agosto, horas después de haber sido secuestrado en la ciudad de Güiria (estado Sucre). El docente y locutor, quien fue partidario del chavismo, había realizado los días previos a su muerte fuertes denuncias en su programa de radio, donde hablaba sobre el tráfico de combustible y drogas en la zona, así como de la trata de personas.
Por su parte, a Nieves Zacarías lo ejecutaron el 21 de agosto funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB); durante un allanamiento a las instalaciones de la televisora local Guacamaya TV, ubicada en Cabimas (estado Zulia). Junto al camarógrafo también asesinaron a Víctor Torres, hijo del dueño del canal.
Al igual que la prensa, las organizaciones no gubernamentales y activistas por los derechos humanos también han tenido dificultades para hacer su trabajo durante la pandemia. Un ejemplo fue la ONG Alimenta la Solidaridad, que en noviembre denunció una campaña de hostigamiento por parte del régimen de Maduro. Entre las acciones contra la organización estuvo la inspección de sus oficinas y la congelación de sus cuentas bancarias por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban), situación que casi deja desamparados a más de 25.000 niños que dependían de sus programas de alimentación tras el cierre de los comedores escolares durante la cuarentena. Otras organizaciones que fueron víctimas de situaciones similares fueron Caracas Mi Convive, Prepara Familia, Rescate Venezuela, Acción Solidaria y Convite.
Una ONG a la que golpeó fuertemente la persecución estatal durante la pandemia fue Azul Positivo. Creada en 2004 en el estado Zulia, se dedica a educar y dar asesorías en materia de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, además de dotar de medicamentos y ayudas a pacientes con estas enfermedades. El 12 de enero de 2021 funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) intervinieron su sede en Maracaibo y detuvieron a seis de sus activistas. El hecho generó preocupación en diferentes instancias internacionales, incluidas las Naciones Unidas, que solicitaron la liberación inmediata de los miembros de Azul Positivo. La excarcelación se dio el 10 de febrero, aunque quedaron bajo régimen de presentación en tribunales.
En este sentido, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) recoge en su propio informe que durante 2020 se registraron 303 ataques contra activistas y ONG, de los cuales el 90% ocurrieron durante el estado de alerta. También expresaron su inquietud ante una resolución conjunta de los Ministerios de Relaciones Exteriores e Interior, Justicia y Paz, publicada el 27 de octubre de 2020 en la Gaceta Oficial N° 41.994, donde se ordena crear un registro especial obligatorio para todas las organizaciones no gubernamentales que operan en Venezuela estando domiciliadas en el exterior. Para la CDJ, la medida busca limitar la operatividad de estas ONG en el país, además de controlarlas a través de revisiones periódicas de sus sedes por funcionarios del régimen.
“Preocupa la discrecionalidad con la que puedan actuar los representantes del Estado y el uso que pueda darse al instrumento, especialmente acciones que puedan obstaculizar la respuesta humanitaria que las organizaciones internacionales están dando en cooperación con las ONG locales”, señala.
Sobre la forma en la que el régimen de Maduro recrudeció su sometimiento contra la oposición, política o no, Alarcón comenta que el año pasado tuvo una dinámica represiva menos violenta con respecto a otros años como 2017 o 2019, pero sí de mayor contención de la población. Sus palabras se ven ratificadas por el informe anual del Foro Penal, donde se registró el menor número de detenciones con fines políticos desde 2014, con 421. “Esto es producto de las restricciones de movilidad producto de la pandemia de covid-19, lo que trajo como consecuencia una disminución de las protestas”, expresa el texto.
Aún así, los venezolanos en varias ocasiones rompieron la cuarentena en la pandemia para salir a las calles a exigir sus derechos. Quizás no articulados por la dirigencia opositora, pero sí impulsados por la indignación ante las deficiencias en los servicios públicos. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en 2020 hubo 9.633 protestas, un promedio de 26 diarias. Aunque la cifra contrasta con las 16.739 registradas en 2019, se mantuvo la tendencia en la población de manifestar por reivindicaciones laborales, mejores condiciones de vida y rechazo a la escasez de gasolina.
“Ni la represión del régimen de Nicolás Maduro ni el covid-19 detuvieron a la sociedad civil en la exigencia de derechos. Vecinos, trabajadores, sindicatos y gremios demostraron que hay un país que quiere vivir con dignidad y en democracia”, señala en el informe el director del OVCS, Marco Antonio Ponce.
Sin bienvenida en su tierra
Las consecuencias que la pandemia de covid-19 ha dejado en cada país fácilmente se podría comparar con la estela de destrucción dejada por un huracán. El virus arrasó con la estabilidad económica de todas las regiones, especialmente América Latina, que recibió el golpe en un momento de fragilidad institucional y repercutió con mayor gravedad en sus sectores más vulnerables: los pobres y los migrantes.
Ante un escenario de desempleo, desalojos forzosos, colapso de las estructuras sanitarias y hasta xenofobia, muchos fueron los venezolanos que decidieron regresar a su país para al menos encarar la pandemia junto a sus seres queridos, en un territorio menos hostil y desconocido. Sin embargo, cuando finalmente cruzaron la frontera, donde al pasaporte lo reemplaza la cédula de identidad, se encontraron con una realidad diferente que les hizo recordar la razón por la que se fueron. Ya no eran recibidos con los brazos abiertos por su propio Estado.
Para Alarcón, el régimen de Maduro durante los últimos años se benefició disimuladamente del éxodo masivo que sufrió el país, pues significa menos gasto social en tiempos de austeridad; además de una oportunidad de exportar mano de obra que luego retribuirá ingresos al país a través de las remesas enviadas a sus familiares.
El politólogo afirma que para el oficialismo es complicado recibir de nuevo a los venezolanos repatriados. En su mayoría se trata de personas que agotaron sus recursos y necesitan de más ayudas económicas y sociales. Ante la incapacidad de mantener tanto a los residentes como a los retornados, se buscó mediante diferentes campañas cortar el flujo migratorio.
Al principio, el régimen aprovechó el regreso de los venezolanos por la pandemia para fines propagandísticos, dando la imagen de un país fuerte y estable respecto a la situación crítica que enfrentaban otras naciones como Ecuador, Perú o Brasil. Con esa visión, se resucitó el Plan Vuelta a la Patria y se abrieron puentes aéreos principalmente con países como México, Panamá y República Dominicana. Pero la hospitalidad duró poco.
A finales de mayo de 2020, el entonces ministro de Comunicación e Información del régimen, Jorge Rodríguez, culpó a los venezolanos retornados por el aumento del número de casos de covid-19, presuntamente al contraer el virus durante sus viajes y contagiar a la población local. Para esos “casos importados” se anunció la creación de los Puestos de Atención Social Integral (PASI). Espacios donde los migrantes debían pasar 14 días de cuarentena obligatoria antes trasladarlos a sus ciudades de origen.
Si bien la idea de los PASI en cierto modo permitía un mayor control de los potenciales contagios que ingresaban al país, en la práctica se convirtieron en una pesadilla para los retornados, a quienes forzaban a estar allí por lapsos a veces mayores a las dos semanas. Tampoco se les garantizaba la alimentación, servicios básicos o medidas para evitar contagios dentro. Todo ello se recogió en el informe Cuando la protección se vuelve represión: cuarentenas obligatorias durante el covid-19 en las Américas, de Amnistía Internacional, donde se denuncian las pésimas condiciones sanitarias y violaciones de derechos humanos cometidos en los 105 refugios fronterizos registrados para julio de 2020.
Cifras de la migración
De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), más de 5,4 millones de venezolanos han emigrado a diferentes países de América Latina desde 2014, la mayoría concentrándose en Colombia (720.112), Perú (477.606), Chile (472.827) y Argentina (213.552). nnEn cuanto al número de retornados durante la pandemia, las Naciones Unidas calculan que cerca 117.000 venezolanos volvieron a su tierra hasta diciembre de 2020.
De acuerdo con Amnistía Internacional, el uso de cuarentenas obligatorias tuteladas por el Estado es una práctica que solo debe realizarse como último recurso al fallar medios no invasivos como el uso de confinamientos voluntarios y campañas educativas. No obstante, reportan que en países como Paraguay y El Salvador, estas medidas se dieron de manera desproporcionada en la pandemia.
En el caso de Venezuela, señala además que el mal manejo de las instalaciones por parte de militares y la crisis humanitaria del país confluyeron para que los PASI se convirtieran en espacios sin electricidad ni agua, antihigiénicos. Y en los que los refugiados no tenían acceso a atención médica, comidas regulares ni tapabocas. Incluso se tiene reportes de que los ocupantes debían dormir en el suelo, a veces sin colchoneta, y que las condiciones del sitio hacían que padecieran otras enfermedades como diarrea o afecciones en la piel.
“En lugar de ofrecer condiciones y garantías adecuadas frente a violaciones de derechos humanos, las autoridades de Venezuela y El Salvador, en concreto, han convertido esta intervención de salud pública en una respuesta punitiva, que afecta de manera desproporcionada a las comunidades de ingresos bajos y a la población refugiada y migrante que vuelve a sus países de origen”, comenta la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas.
Entre los meses de abril y julio, cuando hubo mayor concentración de connacionales queriendo regresar a sus hogares, el régimen de Maduro instaló un protocolo en sus puntos fronterizos que solo permitía la entrada de entre 200 y 300 personas diariamente. Esta situación, sumado al temor de cumplir cuarentena en los PASI, llevó a varias personas a entrar al país por caminos irregulares, conocidos como trochas, generalmente controlados por grupos guerrilleros o bandas delictivas. Los “trocheros” no tardaron en volverse los nuevos responsables de los repuntes de coronavirus en las versiones del oficialismo, que inició campañas de persecución y hostigamiento contra ellos.
En su informe, Amnistía Internacional condena la forma en que en la pandemia los voceros del régimen de Maduro apuntaron contra los “trocheros” con el uso de términos despectivos y amenazas de cárcel. Señalan que se buscó inculcar en la población un temor hacia los migrantes retornados que se convirtió luego en una estigmatización general, incluso de aquellos que habían entrado por los canales regulares.
Uno de los calificativos más llamativos contra por los repatriados fue “bioterroristas”, usado por el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan), Remigio Ceballos. El 21 de mayo de 2020, el secretario de Gobierno del estado Zulia, Lisandro Cabello, los comparó con “armas biológicas” y aseguró que al ser capturados pasarían su cuarentena en una celda por violar las leyes migratorias de Venezuela, a pesar de ser ciudadanos.
El propio Nicolás Maduro en más de una oportunidad insinuó que los retornados formaban parte de un plan del presidente de Colombia, Iván Duque, que consistía en contagiarlos intencionalmente para luego llevarlos a Venezuela e inocular el coronavirus en la población. “Nosotros tenemos el ataque del virus colombiano que manda Iván Duque con los trocheros, los paramilitares que han invadido, inundado y contagiado importantes pueblos y ciudades del país”, declaró durante una alocución el 12 de julio de 2020.
Actualmente, el régimen de Maduro rara vez toca el tema de los “casos importados” durante sus boletines diarios. De ser el 50% de los nuevos contagios en mayo de 2020 (en palabras de Jorge Rodríguez), desde finales de junio los desplazaron rápidamente los focos de transmisión comunitaria. Aunque las autoridades no brindan información actualizada sobre el número de casos provenientes del exterior, se estima que para 2021 representan menos del 20% del total nacional. Igualmente, desde la apertura de las rutas aéreas a determinados países, Colombia ha dejado de ser el principal exportador del virus, que ahora llega desde Turquía, México, República Dominicana, Bolivia y Panamá.
Entre la flexibilización y la dolarización
Durante 2020, en pandemia, se acentuó más en Venezuela el contraste de dos realidades que, a pesar de ser tan distintas, conviven en el mismo espacio. Por un lado, existe un país donde la liberalización de los controles estatales y la dolarización no oficial han reabastecido los anaqueles de varios comercios, además de permitir un estilo de vida acomodado en determinados grupos sociales. Por el otro, persiste el país azotado por la hiperinflación y donde datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2019-2020, arrojan que el 96% de la población está en situación de pobreza, mientras 79,3% no tiene cómo cubrir sus necesidades básicas.
Casi dos semanas después del decreto del estado de alarma, el 24 de marzo de 2020, el vicepresidente sectorial para el Área Económica, Tareck El Aissami, anunció una serie de medidas con el fin “proteger a la familia y la clase trabajadora venezolana” de los efectos que la cuarentena por pandemia tendría sobre un aparato productivo ya frágil y mermado por la propia crisis interna del país.
Entre sus acciones estuvo la extensión hasta el 31 de diciembre de 2020 del decreto de inamovilidad laboral, para impedir despidos injustificados, así como la suspensión durante seis meses del pago de alquileres tanto en viviendas como inmuebles comerciales. Igualmente se anunció que el Estado pagaría una parte de la nómina de las pequeñas y medianas empresas registradas en el Sistema Patria. No obstante, por más que se ofrecieron bonos para compensar la depreciación del salario mínimo (actualmente inferior a 2 dólares), muchas de estas medidas realmente no brindaban soporte al grueso de los sectores económicos.
Durante los primeros tres meses de cuarentena radical, solo se permitió operar a sectores considerados prioritarios, como alimentación, salud, servicios públicos y telecomunicaciones, lo cual representó una paralización casi total de la economía nacional, así como un duro golpe para miles de empresas y negocios que debieron bajar sus santamarías o cambiar de rubro para mantenerse abiertos. El informe de Encovi señala que más del 80% de la población se dedica a actividades terciarias como el comercio y prestación de servicios; mientras que un 10% trabaja en sectores secundarios como la construcción y manufacturas. También muestra que el 45% de los venezolanos trabaja por su cuenta, por lo que no percibe un salario fijo y, en muchos casos, tampoco aplican para recibir el pago de nómina a través de Patria.
Ante el estancamiento del comercio tradicional y la necesidad de generar ingresos desde casa, las redes sociales se convirtieron en la vitrina donde muchas personas comenzaron microemprendimientos como medio de subsistencia. Igualmente, aunque en otros países ya estaba normalizado el uso de plataformas de pedidos en línea, la cuarentena fue el empujón que permitió a Venezuela unirse al boom de las compras digitales y el delivery.
El régimen de Maduro anunció a finales del mes de mayo la implementación de un nuevo sistema para administrar la cuarentena al que denominó “esquema 7+7”, pues alternaba una semana de confinamiento radical con otra de flexibilización de la movilidad y la actividad comercial. Se comenzó a aplicar el 1° de junio de 2020 en los estados con menor incidencia del covid-19, aunque gradualmente se extendió a todo el país, indiferentemente de la situación epidemiológica de sus entidades.
Aunque en un principio generó críticas por el riesgo de contagio que representaba el incentivar a la gente a salir de nuevo, el esquema 7+7 significó un respiro para el 90% de las empresas del país, que ya presentaban fuertes pérdidas de acuerdo con un balance realizado en septiembre por el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio).
2.959,8%
Inflación acumulada en 2020 según el Banco Central de Venezuela (BCV).3.713,0%
Inflación acumulada en 2020 según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).73.688,73 bolívares por dólar
Era la tasa de cambio oficial del BCV para el 13 de marzo de 2020.El economista y director de la firma de asesoría financiera GCG Advisors, José Gonzales, comenta a El Diario que este alivio del sector comercial promovido por el modelo de flexibilización del régimen no necesariamente significa que el esquema funcione. La capacidad del Estado aún es limitada y las actividades económicas sufren de un mal mucho mayor: la hiperinflación.
Señala que la acelerada depreciación del bolívar hace que la economía discrimine entre los sectores que han adoptado la dolarización de facto y los que no. A su juicio, las empresas y negocios que se manejan únicamente en divisas poseen una ventaja al percibir una mayor estabilidad en sus ingresos, además de ahorrar en el pago de servicios por su bajo costo.
“El 15%-35% de los sectores que participan en la economía del bodegón (término usado para referirse a la tendencia actual de abrir locales de venta de productos importados) compensa el costo de los bienes, dolarizado y alto, con el de los servicios que así estén dolarizados son muy bajos. Así, esos sectores que cuentan con ahorro externo y capacidad de movilizarlo domésticamente están experimentado cierta estabilidad, más aún cuando el abastecimiento del sector ha ido mejorando”, explica.
Aún con esto, el régimen de Maduro sigue apostando al esquema 7+7 para mantener a flote la economía nacional; incorporando cada vez a más sectores como las ventas de licores, hoteles, cines y espacios culturales. El 1° de diciembre de 2020 marcó un precedente cuando se decretó un mes entero de flexibilización con el fin de cumplir un doble propósito. Movilizar electores para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y preparar a los comercios para la temporada navideña. El experimento se repitió recientemente por una semana durante el asueto de Carnaval, del 15 al 21 de febrero de 2021. Y ya Maduro adelantó que volverá a aplicarse del 29 de marzo al 4 de abril, debido a la Semana Santa.
Con 4.205 contagios registrados por el régimen nada más en los primeros nueve días de marzo, Gonzales apunta que Venezuela experimenta un leve incremento de su curva de contagio relacionado con la semana de flexibilización por Carnavales. No obstante, asegura que el oficialismo no cambiará su postura; mantendrá estas medidas en el futuro, ya que, independientemente de los feriados, es una forma de distender las presiones de la población. Esa que ve limitadas sus interacciones sociales en cuarentena.
El asesor financiero coincide con Alarcón en que el aislamiento de Venezuela y las restricciones de circulación producto de la escasez de gasolina han ayudado a contener el impacto de la pandemia. A lo que agrega también la poca movilización de personas por la paralización de la economía. Pero con el surgimiento de la variante P.1 y el reciente aumento del número de casos, cree que el coronavirus mantendrá su ritmo de contagio.
“Independientemente de que la infección se multiplique lentamente en Venezuela por la falta de actividad económica y movilidad, esta tiende a avanzar lenta pero segura en su progresión geométrica”, dice.
Fe en las vacunas
El 13 de febrero de 2021 llegó al país un cargamento desde Rusia con 100.000 dosis de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. El régimen de Maduro celebró por todo lo alto el arribo de los primeros lotes de antivirales contra el coronavirus. En ese momento anunció que el país empezaría una campaña de vacunación de los sectores prioritarios. Más adelante, el 1° de marzo, se sumarían otras 500.000 dosis, esta vez elaboradas por la empresa china Sinopharm.
La jornada de inmunización ante la pandemia comenzó el 18 de febrero en tres hospitales de la región capital y se espera que gradualmente se extienda a todos los centros centinelas del país. De acuerdo con la Comisión Presidencial para la Prevención y Control del covid-19, órgano presidido por Delcy Rodríguez, los primeros en recibir la vacuna son los médicos y enfermeras que están en la primera línea de acción en los hospitales. Seguido del personal docente.
El presidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo, comentó a El Diario que se requieren cerca de 30 millones de dosis para alcanzar niveles óptimos que permitan cubrir a más del 70% de la población. Considera que la vacunación es la herramienta fundamental para disminuir la mortalidad y evitar mutaciones del virus SARS-Cov-2; que pudieran dar pie en el futuro a nuevas variantes.
Aunque en el pasado López Loyo reconoció el régimen ignoró al gremio médico e incluso lo tachó de “enemigo público” por cuestionar sus políticas sanitarias, actualmente parece que los escucharon. Desde hace tres semanas la Academia Nacional de Medicina forma parte la mesa técnica nacional encargada de asesorar a la Comisión Presidencial en todo lo relacionado con la vacunación.
En esa tribuna, la institución ha emitido diferentes boletines en los que realiza recomendaciones sobre el número de dosis adecuado, su transporte y preservación; además de la necesidad de que las provisiones vengan de diferentes fuentes con la debida aprobación de instancias reguladoras internacionales.
López Loyo expresa que la academia vela por servir como puente para un acuerdo político entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó. Esto con el fin de acceder al Fondo de Acceso Global para Vacunas covid-19 (Covax) y adquirir fórmulas de varias compañías farmacéuticas.
Destaca que uno de los avances obtenidos de esa mediación es la liberación de 120 millones de dólares de recursos públicos que estaban congelados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y que serán directamente transferidos a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para activar el mecanismo Covax. Acota que el proceso aún está en una fase burocrática, pero ya se acordó el pago de los primeros 1,8 millones de dólares, mientras que el resto podría ser aprobado en el transcurso de las próximas semanas. Con esto, Venezuela podría adquirir alrededor de 4,7 millones de vacunas de la OPS.
“Lo fundamental es mantener una línea de apoyo a la necesidad de la salud pública nacional, no a la necesidad de un gobierno. De acuerdo a esto, nuestra academia está dispuesta a seguir colaborando desde su experiencia y con sus profesionales para que se logre el objetivo fundamental de establecer un programa de vacunación exitoso”, resalta.
Caídos en el deber
De acuerdo con un conteo de la organización Médicos Unidos de Venezuela, entre el 16 de junio de 2020 y el 8 de marzo de 2021 murieron en el país 354 trabajadores de la salud en casos con criterio de covid-19.nnHasta ahora el estado Zulia concentra el mayor número de decesos con 80, seguido por el Distrito Capital con 32. Le siguen Carabobo (29), Bolívar (24), Táchira (21), Anzoátegui (21), Lara (18), Mérida (16), Aragua (15), Trujillo (14), Falcón (11), Barinas (10) y Monagas (10).nnLos estados con menos muertes de personal sanitario reportadas son Miranda (8), Guárico (8), Vargas (7), Nueva Esparta (7), Portuguesa (6), Yaracuy (4), Sucre (4), Cojedes (4), Apure (3) y Delta Amacuro (2).
Un día antes de empezar la campaña de vacunación, el 17 de febrero, Nicolás Maduro generó controversia durante una de sus alocuciones. Lo hizo al incluir a políticos y militares entre los grupos prioritarios que recibirían las primeras dosis. En ese acto, no solo pidió vacunar a 14.000 brigadas del Movimiento Somos Venezuela para que puedan hacer recorridos casa por casa; también resaltó la necesidad de inmunizar a ministros, gobernadores, alcaldes y diputados de la Asamblea Nacional del chavismo.
“En el plan nacional de vacunación van incluidas autoridades que por su trabajo justifican su actividad de calle; su protección especial para que el Estado continúe su marcha, para continuar su trabajo. Igualmente los diputados y diputadas también serán vacunados en esta primera etapa”, afirmó.
Como parte de la mesa técnica nacional de vacunación, López Loyo desmiente las declaraciones de Maduro. Aclara que la primera fase solo contempla a los trabajadores de la salud; mientras que los militares y demás funcionarios están contemplados para la segunda. Sobre la aplicación del antígeno a altos cargos del régimen no dio mayores detalles, pero sí una recomendación.
“Hemos escuchado que la vacunación se ha utilizado de manera prioritaria en grupos políticos. Nosotros respetamos esa decisión que ha tomado el Ejecutivo, pero simplemente hacemos un recordatorio de los preceptos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De que a medida que se vaya generando el ingreso de vacunas se deben hacer prioridades, y está bien establecido que quienes lo requieren son los grupos que están en la primera línea de trabajo. Como el equipo sanitario y los pacientes mayores de 65 años; sobre todo los que presentan cuadros de comorbilidades y tienen mayor probabilidad de mortalidad”, afirma.
Ante la llegada de la variante P1 al país, López Loyo considera que no es necesario implementar nuevas medidas ni volver a la cuarentena radical que existía antes de junio de 2020. En su opinión, solo se necesita reforzar la vigilancia epidemiológica y acatar estrictamente las medidas individualizadas en pandemia; como el distanciamiento social o el uso de tapabocas.
El anatomopatólogo explica que la mutación parece, según investigaciones preliminares, ser más infecciosa que el covid-19 convencional. Por ello el sistema de salud debe prepararse para una mayor exigencia de insumos y recurso humano ante un aumento del número de contagios. Mantiene su optimismo con respecto a las vacunas, siendo escéptico de los rumores de una posible inefectividad o debilitamiento de algunas fórmulas ante las nuevas variantes. Expresa que todavía no hay estudios científicos que avalen esas teorías.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado a la comunidad científica internacional que la Sputnik V trabaja bien frente a las diferentes variantes del covid-19. De acuerdo con investigaciones de la revista británica The Lancet, la eficacia de la vacuna es de 92% ante la actual cepa dominante. Por su parte, la agencia Reuters reportó que la fórmula de Sinopharm, que aún se encuentra en la última fase de los ensayos clínicos, parece ser capaz de inmunizar a pacientes con variantes como la B1351 surafricana; aunque su potencia se ve debilitada en el proceso. Estudios preliminares sitúan en 79% la eficacia de la vacuna china.
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El final del camino de la pandemia
López Loyo no es tan confiado sobre las posibilidades de salir de la pandemia antes de finalizar 2021. Considera imposible superar la situación causada por el covid-19 en un año; pues se debe tener en cuenta factores como la reaparición de focos de infección en diversas áreas o la mutación del virus en nuevas variantes.
El presidente de la Academia Nacional de Medicina apunta a que el panorama mejorará en la medida que más países se incorporen en los programas de vacunación. Especialmente aquellos con altos índices de población, así como de migración y transmigración.
“Esta pandemia va continuar, va atenuar y convertirse luego en epidemias, que son la aparición de focos en áreas específicas geográficas. Todo dependiendo de la estrategia de vacunación global”, pronostica.
Sobre cuánto tiempo podría tomar el mundo en recuperarse, señala que no se puede realizar un cálculo matemático preciso debido a que el coronavirus sorprendió a la comunidad científica al ser una patología nueva. Recuerda que tomó un año entero aprender cómo funciona el virus y estandarizar las primeras dos fases, que fueron el desarrollo de mecanismos de diagnóstico y la búsqueda de terapias.
Señala que la tercera fase, correspondiente a la vacunación, todavía está en una etapa temprana. Será con el pasar de los próximos meses que se podrá evaluar la verdadera efectividad de los diferentes antivirales. Indica que para el próximo semestre se harán nuevas pruebas que medirán la resistencia del virus a las vacunas. Para así saber si serán necesarios ajustes y actualizaciones hasta finalmente lograr la inmunidad total.
“Esto es un libro abierto, es un lienzo por pintar. Es una situación inédita a la que nosotros no podemos responsablemente colocarle un límite exacto”, añade.
De momento, aquellos tiempos de conciertos masivos, abrazos despreocupados y rostros descubiertos seguirán siendo una añoranza para la mayoría de los venezolanos; pues la pandemia continúa. El tapabocas continuará presente en la cotidianidad, como un símbolo de que todavía queda un largo camino por recorrer. Su fin dependerá no solo de la responsabilidad del Estado de inmunizar a la población siguiendo los lineamientos internacionales correctos, sino también de la voluntad de cada individuo de protegerse y cortar la cadena de contagios.
