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- Javier Tarazona, director de Fundaredes, aseguró que estos puestos están supervisados por policías, militares y grupos irregulares armados
Militares, agentes policiales y miembros de grupos irregulares armados de origen colombiano, son algunas de las personas que gestionan alcabalas ilegales en el territorio nacional. De acuerdo con Fundaredes, cada uno de estos grupos cobra a quienes se movilizan por carretera un monto en dólares.
Javier Tarazona, director de Fundaredes, aseguró que desde agosto de 2020 la organización no gubernamental lleva un registro de esta situación irregular en gran parte del país. Destacó que la medida afecta a todos los venezolanos que deben trasladarse de una entidad a otro, pero que los más vulnerados han sido los residentes del estado Táchira.
El también profesor denunció que tras el anuncio de Abreu, aún no ha sido publicado un decreto o resolución sobre el cierre del estado andino.
Aclaró que, a mediados de 2020, los cuidados comenzaron a reportar la presencia de estas alcabalas móviles. Sin embargo, las restricciones en el estado fronterizo agudizaron el problema.
Modus operandi
El vocero de la fundación señaló que las personas que salen del estado Táchira a alguna otra parte del país deben abordar un transporte en el sector Punta de Piedra, en Barinas.
El primer cobro de “vacuna”, detalló Tarazona, ocurre en el momento de emitir el pasaje. Afirmó que los usuarios son obligados a cancelar cinco dólares para la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el mismo monto para la guerrilla.
“El comandante Román es el encargado de recaudar la plata en ese lugar. Ya ahí son 10 dólares de extorsión que pagan los venezolanos”, añadió.
Tarazona señaló que Fundaredes logró registrar 19 alcabalas, ubicadas a cada 44 kilómetros aproximadamente, desde el estado Táchira hasta la ciudad de Caracas. En las paradas le exigen al transportista entre 20 y 50 dólares por autobús, monto que también se descuenta del bolsillo de los pasajeros.
Asimismo, denunció que dentro del estado Táchira existen varios puestos de control militares y policiales, algunos con menos de 50 metros de distancia entre sí, en los que también se exige un pago en divisas.
El activista alegó que estas actuaciones irregulares se intensifican en las semanas de cuarentena radical, decretadas por el régimen de Nicolás Maduro.
Trabas para los tachirenses
En una investigación previa, el equipo de El Diario conversó con un tachirense que tuvo que enfrentar varias trabas para regresar a su estado desde la ciudad de Caracas.
Daniel Santamaría tardó alrededor de 26 horas para completar un viaje que usualmente dura 12 horas. Su travesía ocurrió días después de que Abreu anunciara la restricciones en Táchira.
El usuario pretendía llegar directamente a la ciudad de San Cristóbal. Sin embargo, al llegar a Guasdualito, estado Apure, el conductor desembarcó a los pasajeros y les señaló el camino para llegar a La Pedrera (Táchira). Debían cumplir ese trayecto a pie por las nuevas medidas de transporte.
Tras varias horas de camino, bajo el sol, sin agua ni comida; el tachirense se descompensó y acudió a unos desconocidos en una finca cercana que le brindaron su apoyo para llegar hasta La Pedrera.
En ese sector consiguió finalmente un transporte hasta San Cristóbal. Denunció que el pasaje de ese trayecto costó 60 dólares, mientras que de Caracas hacia Guasdualito el boleto fue de 35 dólares.
Inseguridad en las carreteras
El director de Fundaredes indicó que, además de las alcabalas dolarizadas, los ciudadanos que viajan dentro del territorio nacional deben enfrentar la inseguridad.
La falta de alumbrado público y de vigilancia de organismos de seguridad son algunos de los factores que más preocupan a la ONG. En el mapa suministrado por Fundaredes están señalados los tramos más riesgosos, en ellos los transportistas y usuarios se han topado con “miguelitos”(objetos punzantes para reventar los cauchos), falta de iluminación, vías en mal estado y sujetos que lanzan piedras u objetos contundentes a los autobuses.
Lara y Trujillo son las dos entidades en las que se registran frecuentemente estos problemas.
El activista y profesor señaló que estos factores, junto con los puntos de control, violan el derecho al libre tránsito de los venezolanos.
Denuncia sin respuesta
Fundaredes acudió a las oficinas de la Defensoría del Pueblo venezolana, con los registros y las denuncias de ciudadanos sobre las alcabalas irregulares.
Tarazona indicó que no recibieron ningún tipo de respuesta del organismo defensor, por lo que decidieron replicar la denuncia ante medios de comunicación y redes sociales.
“Es necesario destacar que estas actuaciones violan el derecho al libre tránsito de los ciudadanos y promueven la acción delincuencial de los uniformados en distintas zonas del país”, agregó.
El activista señaló que los pasajeros que no logran recaudar el dinero suficiente para pagar en cada alcabala están expuestos al amedrentamiento y a la revisión de sus pertenencias, lo que también atenta con sus derechos e integridad.
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