• La defensa legal del equipo de la organización zuliana dio la información. Sin embargo, el proceso judicial contra los activistas continúa

Después de casi un mes, los cinco miembros de la ONG Azul Positivo fueron liberados la noche de este miércoles, 10 de febrero, pero con medidas cautelares y con presentación de cada 30 días. La información la dio a conocer Lisseth Mogollón, una de las abogadas defensoras de los activistas. Sin embargo, el proceso judicial continúa.

El pasado jueves 21 de enero, la esposa de uno de los miembros de la ONG Azul Positivo que permanecían detenidos recibió una llamada. Le exigieron llevar medicamentos para tratar el covid-19 a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Maracaibo, estado Zulia. Los activistas por los derechos humanos presentaban fiebre, dolor de cabeza, tos y dificultad para respirar. 

Johan León Reyes, Yordy Bermúdez Gutiérrez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrebuz fueron detenidos el pasado 12 de enero tras un allanamiento a la oficina de la organización.

Dos días después, fueron imputados de los presuntos delitos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

Los cinco activistas permanecieron detenidos en la sede de la Dgcim, ubicada en la zona norte de Maracaibo.

Los abogados de la organización exigieron su traslado inmediato a un centro médico para evaluar su estado de salud y fue el pasado sábado 23 de enero cuando fueron llevados a un centro médico privado en el municipio San Francisco.

La ONG también había denunciado que Bermúdez Gutiérrez, director ejecutivo de la ONG, es paciente hipertenso y hace unos meses sufrió un Accidente Cerebrovascular (ACV); León también padece de dificultades con la tensión y Ferrebuz sufre de asma.

Representantes de la Comisión de Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) explicaron para El Diario que los cinco trabajadores humanitarios se encontraban recluidos en condiciones de hacinamiento junto a otros detenidos y sin las medidas básicas de bioseguridad. Por ello sus familiares habían tenido que hacerles llegar hasta la sede policial agua potable para su consumo, además de tapabocas y gel antibacterial.

#NosFaltan5

Activistas por los derechos humanos realizaron el pasado lunes 8 de enero una protesta creativa frente a la sede del Ministerio Público, en el centro de Caracas.

El motivo fue para exigir la libertad plena para los cinco trabajadores de Azul Positivo con pancartas que tenían escrito «Nos faltan 5». Esta tendencia también se hizo viral en las redes sociales.

Irregularidades del caso

Lisseth Mogollón, una de las abogadas del caso e integrante de Azul Positivo, indicó que no se cumplió el procedimiento regular de detención; los funcionarios solo contaban con una orden para allanar la sede de la organización. 

Señaló que de existir una investigación en contra de estas personas, no deberían estar detenidas en la sede del Dgcim de la entidad zuliana. “El arresto domiciliario sería lo más pertinente”, tal y como se dispone para delitos ordinarios. 

Foto: Azul Positivo

Para la abogada, el programa humanitario impulsado por Azul Positivo en comunidades de bajos recursos, y que es respaldado por las Naciones Unidas, no contempla ninguna acción ilegal. Por el contrario, es un sistema cerrado donde si bien se utiliza una tarjeta que recibe fondos, no es un instrumento financiero ni tiene apoyo de ninguna entidad bancaria y solo permite a los usuarios adquirir productos en los comercios aliados a dicho programa.

A los integrantes de Azul Positivo se les privó de ser asistidos por sus abogados hasta el momento de la audiencia de presentación; no pudieron comunicarse con sus familiares, por lo que se está ante una violación de su derecho a la defensa.

Asimismo, un análisis publicado por la organización Acceso a la Justicia detalla que no existen fundamentos para imputar el delito de legitimación de capitales. Pues solo es aplicable cuando el origen de los fondos es ilícito y se pretende esconder o aparentar que esos fondos son legales. En este caso, el dinero abonado en las tarjetas proviene de organismos de cooperación internacional. 

“Azul Positivo no los ha escondido, ya que pertenecen a un programa público y comunicacional. Es más, el dinero no se mantiene en manos de los responsables de la organización, sino que termina como alimentos para los beneficiarios; de modo que no hay nada que legitimar”, acotaron.

Sobre el uso fraudulento de tarjetas electrónicas, la organización explica que se incurre en este delito cuando se pretende incorporar registros o modificaciones de su cuantía. Acceso a la Justicia argumenta que la ONG ha identificado a sus beneficiarios; así como los comercios vinculados al programa humanitario, “por lo que no hay necesidad de manipular tarjetas ni alterar sus montos”. 

Organismos internacionales que exigieron la excarcelación

La paralización de los programas de la asociación civil Azul Positivo, tras el encarcelamiento de sus directivos, deja desasistidas y en riesgo a comunidades vulnerables del estado Zulia, al occidente de Venezuela; incluyendo personas que viven con VIH y en situación de inseguridad alimentaria.

El Sistema de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela hizo un llamado a la liberación de los cinco trabajadores de Azul Positivo.

El organismo pidió la protección de todos los trabajadores humanitarios, incluyendo los de las ONG, “quienes juegan un rol esencial en la respuesta humanitaria en Venezuela.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), también solicitaron la libertad plena.

Asimismo, el pasado 19 de enero, Amnistía Internacional nombró presos de conciencia a los cinco miembros de la ONG y denunció el acoso por parte de las autoridades del Estado a las organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en el país.

Solo durante el año 2020, la ONG asistió a más de 9.000 personas en la región zuliana. Activistas por los derechos humanos en el país señalan que, en lo inmediato, el trabajo que ellos realizan no lo puede sustituir otra institución. Y tal como afirma la Oficina de las Naciones Unidas, la implementación o no de una acción humanitaria “marca una diferencia entre la vida y la muerte”.

Esta nota fue escrita el 23 de enero, pero actualizada el 10 de febrero, día de la excarcelación de los activistas.

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