• La defensa de la mujer afirmó que es la sentencia más severa que se produce en el país en los últimos siete años

Una mujer de 30 años de edad fue sentenciada a cumplir 30 años de prisión por haber tenido un aborto involuntario en 2019.

La organización Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, encargada de la defensa de la mujer que fue identificada como Esme, afirmó mediante un comunicado que es la primera sentencia de este tipo en siete años en el país. En febrero de 2022, Elsy fue puesta en libertad luego de cumplir 10 años en prisión por sufrir un aborto espontáneo

Por primera vez en 7 años, un tribunal en El Salvador condena a una mujer por sufrir una emergencia obstétrica”, indicó la organización en un comunicado

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto denunció que el juez privilegió la versión de la Fiscalía, que a su juicio, estuvo cargada de estigmas y estereotipos. Por esta razón, la agrupación indicó que va a apelar la decisión. 

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Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana, aseveró que la sentencia contra Esme “es un duro golpe” en el camino por superar la criminalización de las emergencias obstétricas. Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que estas emergencias deben ser tratadas como problemas de salud pública.

Foto Getty Images

Es la primera sentencia de este tipo durante el gobierno de Nayib Bukele, que en el año 2021 descartó una reforma constitucional para despenalizar el aborto en el país. El aborto en El Salvador está totalmente penalizado. 

Qué le ocurrió a Esme

En el año 2019, Esme, de 28 años de edad, estaba sola en su casa cuando dio a luz a su bebé. La mujer sufrió una hemorragia y desgarre y el bebé murió mientras ella era trasladada al hospital.

Esme fue acusada por las autoridades por el delito de aborto y llevada a prisión preventiva. Desde entonces, fue separada de su hija de 7 años de edad.

La organización que defiende a Esme afirmó que el gobierno de Bukele “ha prometido poner fin a la persecución sistemática de mujeres que enfrentan emergencias de salud durante sus embarazos”.

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En El Salvador las mujeres que sufren emergencias obstétricas a menudo son sospechosas de haberse realizado un aborto y son procesadas bajo el cargo de homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años.

El caso de Manuela

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró la responsabilidad del Estado de El Salvador en la violación de los derechos de esta mujer, quien fue condenada a 30 años de prisión por sufrir una emergencia obstétrica. 

El 26 de febrero de 2008 la mujer estaba embarazada y sufrió una caída que le generó un fuerte dolor pélvico que derivó en un aborto espontáneo. La madre de Manuela la encontró al día siguiente en su habitación, sangrando y pálida, por lo que decidió llevarla al hospital. 

Los médicos hallaron evidencia física de un parto, pero no encontraron un feto, por lo que la médica que la atendió procedió a denunciar a Manuela ante las autoridades por la presunción de que se había realizado un aborto

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La policía allanó la casa de Manuela al día siguiente y encontraron a un recién nacido muerto dentro de un pozo séptico. La condenaron a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Meses después, Manuela fue diagnosticada con cáncer y recibió tratamiento inconsistente en prisión. La mujer falleció dejando huérfanos a dos niños.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto indicó que en las últimas 20 años fueron procesadas por aborto u homicidio agravados un total de  181 mujeres que experimentaron emergencias obstétricas.

Una mujer coloca unas flores junto a un cartel conmemorativo en honor a “Beatriz”, el nombre ficticio con el que se conoció a una joven de 22 años que padecía lupus y que pidió a la Corte Suprema de Justicia abortar en 2013, en San Salvador, en una fotografía de archivo. EFE/ Rodrigo Sura

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución que pide a El Salvador despenalizar dichas situaciones de salud.

El aborto esta totalmente penalizado en El Salvador y no contempla ninguna excepción, ni siquiera cuando el embarazo ponga en peligro la vida o la salud de la persona gestante o en casos de abuso sexual. Incluso los médicos que realicen el procedimiento o lo induzcan pueden enfrentar penas de prisión severas.

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