• Las organizaciones no gubernamentales y 250 activistas de derechos humanos alertaron que el proyecto de ley de la Asamblea Nacional chavista da un paso definitivo hacia el cierre de las fuentes de cooperación para el desarrollo del país y la asistencia humanitaria

500 agrupaciones de la sociedad civil y 250 activistas de derechos humanos advirtieron que el proyecto de ley de Cooperación Internacional de la Asamblea Nacional (AN) oficialista, que busca ilegalizar a las organizaciones no gubernamentales (ONG), tendría “consecuencias aún más devastadoras para la personas en situación de mayor vulnerabilidad” en Venezuela, por lo que rechazaron su discusión en la plenaria del Parlamento.

A través de un comunicado conjunto difundido el miércoles 18 de mayo, las ONG y activistas denunciaron que, de aprobarse el proyecto de ley “antisolidaridad”, como lo han llamado, se cerraría el acceso al apoyo que ofrece la comunidad internacional a las capacidades de protección, asistencia y desarrollo de la población en materia económica, social, civil y humanitaria.

En el documento que dio a conocer la instancia del régimen de Nicolás Maduro en su página web, esgrimen que la norma busca proteger a Venezuela de “la injerencia” de organizaciones internacionales. Aduce, además, que organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tienen “una cuota” de responsabilidad en los problemas climáticos y financieros globales, que dejan al resto de las naciones expuestas a “serias debilidades”.

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La Asamblea Nacional oficialista.

A juicio de las ONG y activistas que firmaron la carta en rechazo al proyecto, “se busca reinterpretar la definición de cooperación internacional hacia intereses ideológicos, políticos y/o económicos” del régimen de Maduro, “dejando por fuera conceptos esenciales como derechos humanos y ayuda humanitaria”.

Con este proyecto de ley no se pretende regular la materia sino transferir su exclusividad al gobierno, lo cual implica ser el único que pueda recibir, transferir e intercambiar recursos humanos, bienes, servicios, financiamiento y tecnología de los organismos cooperantes, y disponer de ellos de acuerdo con las prioridades y criterios discrecionales del Ejecutivo Nacional, a través de la creación de un fondo a su cargo que captaría, prestaría y administraría los recursos provenientes o destinados a la cooperación internacional”, añadieron.

Firmantes

Entre las 500 organizaciones no gubernamentales que rechazaron el proyecto de ley de la Asamblea Nacional oficialista están: Cedice Libertad, Acceso a la Justicia, Acción Solidaria, Alianza Venezolana por la Salud, Alimenta la Solidaridad, Amnistía Internacional, Asociación Migrantes Venezolanos, Azul Positivo, Banco del Libro, Caleidoscopio Humano, Caracas Mi Convive, Cecodap, Caleidoscopio Humano, Foro Penal, Human Rights Watch, Provea, entre otros.

Registro obligatorio

Los artículos del proyecto de ley que más alertaron a las ONG y defensores de DD HH fueron el 18, el 23 y el 26. “Violenta los estándares de la cooperación internacional y los derechos de la sociedad civil para ejercer las libertades de asociación, reunión pacífica, expresión, derecho a la defensa de los derechos humanos y a la iniciativa de prestar asistencia humanitaria”, señalan las organizaciones no gubernamentales.

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Foto cortesía

El artículo 18 establece la creación de un Sistema Integrado de Registro de Organizaciones No Gubernamentales, en el cual se deben registrar obligatoriamente para ser reconocidos por el Estado venezolano.

En el artículo 23 se indica que las ONG, tanto nacionales como extranjeras, que operen en Venezuela deberán suministrar a las autoridades toda la información y datos sobre su constitución, estatutos, actividades que realizan, providencia, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento. Sobre esos artículos, las ONG argumentan que:

Las vulnera en su actividad (a las organizaciones) y viola el derecho a la privacidad y en ciertos casos, a la confidencialidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos, pacientes receptores de tratamientos médicos, etc”.

Mientras que el último artículo del anteproyecto, el 26, expresa que serán sometidas a una evaluación a fines de su prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva todas las ONG, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, que realicen actividades de cooperación internacional en Venezuela.

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Continuidad a la arbitrariedad

A juicio de las ONG y activistas firmantes, el proyecto de ley de la AN chavista da un paso definitivo hacia el cierre de las fuentes de cooperación para el desarrollo del país y la asistencia humanitaria.

Da continuidad de una política de restricciones arbitrarias a las capacidades de apoyo de los organismos internacionales a la población, y de criminalización y persecución contra las organizaciones de la sociedad civil, desoyendo todas las recomendaciones emitidas por los órganos internacionales de protección”, aseguraron en el documento.

Finalmente, las ONG y activistas alertaron sobre los prejuicios que la aprobación del proyecto de ley pudiera traer para la población venezolana con mayor necesidad. “Exigimos respeto al trabajo que realizamos”, piden en el escrito.

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