• Las organizaciones no gubernamentales dieron a conocer la elaboración de la normativa que se está llevando a cabo a puertas cerradas. Foto: AFP

La Asamblea Nacional oficialista adelantó la elaboración de una nueva Ley de Cooperación Internacional sin consultar con las organizaciones no gubernamentales (ONG) del país, buscando ilegalizarlas. 

Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), alertó en su cuenta de Twitter que las autoridades venezolanas intentan seguir el ejemplo del régimen de Nicaragua. Agregó que la finalidad es ilegalizar organizaciones con la excusa de recibir fondos extranjeros para conspirar.

“La Asamblea Nacional de Maduro intenta ilegalizar a las ONG venezolanas de derechos humanos, sociedad civil y más, gracias a una nueva Ley. Profundizando la criminalización y persecución por la cooperación internacional, esencial para seguir apoyando a víctimas y nuestra labor”, expresó Provea en sus redes sociales. 

100% Estrógeno, una ONG defensora de los derechos humanos de la mujer, comentó que desde hace tiempo esta era la intención del régimen venezolano, “un país polarizado, fragmentado e idiotizado”.

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El anteproyecto de ley de la AN oficialista 

En el documento que dio a conocer la instancia del régimen de Nicolás Maduro en su página web, se especifica que esta normativa llegaría para derogar la Ley sobre Cooperación Internacional que está vigente en el país desde enero de 1958. A juicio de quienes participaron en la elaboración del anteproyecto, el contenido de la ley quedó desfasado respecto a las transformaciones jurídicas, políticas, económicas y sociales en el mundo. 

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En el texto se asegura que organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tienen “una cuota” de responsabilidad en los problemas climáticos y financieros globales, que dejan al resto de las naciones expuestas a “serias debilidades”. Además indica que la norma busca proteger a Venezuela de “la injerencia” de estas organizaciones internacionales. 

En la elaboración de la norma participó: la Vicepresidencia de Venezuela y los ministerios de Relaciones Exteriores, Finanzas, Planificación y Desarrollo Social, Educación, Infraestructura, Integración y Comercio Exterior y Trabajo. También estuvo presente la representación de la Procuraduría General de la República y el Bandes. 

En el documento se detalló que al tratarse de una “ley marco”, la norma consta de 24 artículos, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y una final. Además, se organizó en torno a tres ejes que constituyen los tres capítulos en los que se integra.

Los artículos que afectan a las ONG venezolanas 

Aunque en la exposición de motivos los puntos están relacionados a organismos internacionales, dentro del anteproyecto se redactaron algunos artículos que afectan a las organizaciones venezolanas. Los que más llamaron la atención de las ONG fueron los artículos 18, 23, 25 y 26. 

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En el artículo 18 se establece la creación de un Sistema Integrado de Registro de Organizaciones No Gubernamentales.

Las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, que cumplan con los requisitos y formalidades establecidas para su constitución por sus respectivos ordenamientos jurídicos, deberán inscribirse en el Registro que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley”, se lee en un fragmento del texto.
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Ese mismo punto señala que el registro de las ONG será obligatorio, ya que constituye una condición indispensable para ser reconocidas por el Estado venezolano como entes susceptibles de realizar actividades de cooperación con sus homólogos en otros países.

En el artículo 23 se indica que las ONG, tanto nacionales como extranjeras, que operen en Venezuela deberán suministrar a las autoridades toda la información y datos sobre su constitución, estatutos, actividades que realizan, providencia, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento. 

Mientras que el artículo 25 establece que las ONG están sujetas al cumplimiento de las normas establecidas tanto en la Constitución, como en esta ley y demás disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano. El último artículo del anteproyecto, el 26, expresa que serán sometidas a una evaluación a fines de su prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva todas las ONG, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, que realicen actividades de cooperación internacional en Venezuela.

Que, de manera directa o indirecta, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República en especial cuando dichas medidas atenten o afecten el desarrollo integral de la nación”, sentencia el documento.

El asedio contra las ONG venezolanas se agudiza 

En abril de 2021 el régimen de Nicolás Maduro incluyó a las ONG del país en la Ley contra el Terrorismo, con el fin de supervisar los donantes y beneficiarios de estas agrupaciones de la sociedad civil. En entrevista previa para El Diario, Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, aseguró que esto busca acallar a las ONG e incrementar el control social por parte del Estado.

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“Se está haciendo un cerco jurídico a lo que ya también ocurría, que era el cerco material”, declaró Daniels. El abogado constitucionalista explicó que la normativa implica la legislación directa del Estado en materia de las ONG venezolanas.

En mayo de ese mismo año, 326 ONG venezolanas firmaron un documento en el que exigen la revocación de esta Providencia Administrativa 002-2021 que las obliga a registrarse en la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo.  

Este 2022, con el avance del anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional a espaldas de las organizaciones, fundaciones, asociaciones y sociedad civil, se evidencia que el régimen de Nicolás Maduro lejos de cooperar con estos organismos, busca crear un cerco jurídico, tal y como lo aseguran los directores y coordinadores de las ONG.

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