• Desde el año 2014, la organización no gubernamental internacional ha documentado que en el país existen altos niveles de corrupción en la justicia, así como la falta de independencia del Poder judicial

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) publicó el 3 de junio un informe donde deja en evidencia cómo los abogados venezolanos, que actúan de forma independiente, suelen ser objeto de hostigamiento, intimidación e incluso sanciones penales por parte del Estado venezolano.

Los defensores que actúan en acciones -consideradas de alto perfil- en particular casos políticamente cargados, o aquellos que involucran violaciones de los derechos humanos, corren un riesgo por parte de las instituciones venezolanas.

Venezuela se ha convertido en un entorno hostil para el funcionamiento de una profesión legal independiente y responsable, lo cual es una condición previa para una sociedad basada en el Estado de derecho y donde los derechos humanos están protegidos”, dijo Ian Seiderman, Director Legal y de Políticas de la CIJ.

Como demuestra el documento de la ONG internacional, el entorno institucional no proporciona adecuadamente la independencia dentro del sistema de justicia o la protección de los derechos humanos.

Subraya que en un contexto de creciente autoritarismo, la situación de la profesión legal se ha deteriorado durante la última década. 

Ciertas autoridades públicas, incluidos fiscales, jueces, oficiales de policía, entre otros, han actuado para suprimir o no implementar las garantías necesarias para facilitar una profesión legal y sólida que pueda desempeñar su papel en la administración justa de la justicia. 

El ejercicio independiente y libre de la profesión jurídica es esencial para la protección de los derechos humanos, incluidos los derechos a un juicio justo, debido proceso y recursos efectivos. Al no proteger la profesión legal, las autoridades también están incumpliendo sus obligaciones legales internacionales de garantizar los derechos de todos”, subrayó Seiderman.

Los colegios de abogados también han sido objeto de injerencias injustificadas y, en consecuencia, no han podido desempeñar su papel esencial en la defensa de la independencia de la profesión jurídica de sus miembros.

Recomendaciones de la CIJ a las autoridades venezolanas

*Cese de todas las acciones tendientes a limitar el ejercicio libre, independiente y seguro de la abogacía, incluida la criminalización indebida de los abogados.nn*Llevar a cabo investigaciones efectivas, imparciales e independientes de las amenazas, ataques y hostigamientos cometidos contra los abogados.nn*Garantizar en la práctica la posibilidad de que los abogados se reúnan por tiempo adecuado y de manera confidencial con sus clientes privados de libertad.nn*Garantizar la autonomía e independencia de los colegios de abogados, en su derecho y funcionamiento.n

Desafíos y seguimiento de problemas

Desde 2014, la CIJ identificó cuatro desafíos para el ejercicio de la profesión legal en Venezuela: el favoritismo y parcialidad con el que el régimen de Nicolás Maduro nombraba en cargos de la judicatura a abogados graduados de ciertas universidades estatales; el enjuiciamiento de abogados involucrados en casos “políticamente sensibles contra el Estado”; el debilitamiento de colegios de abogados que trabajaban en temas concernientes a la administración de justicia; e interferencias indebidas de la judicatura en cuestiones relacionadas con la elección de los directorios y tribunales disciplinarios de los colegios de abogados. 

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Adicionalmente estos desafíos estaban relacionados con altos niveles de corrupción en la justicia. Para la CIJ ocho años después, estas deficiencias no solo siguen presentes, sino que se han agravado. 

Quienes ejercen la profesión legal enfrentan obstáculos y barreras indebidas en el desempeño de sus funciones o responsabilidades necesarias, que a su vez son legítimas para defender los intereses de sus clientes.

Dichos ataques no solo están dirigidos contra abogados individuales, sino que también son de naturaleza estructural, lo que afecta la capacidad de la profesión legal en su conjunto para llevar a cabo su papel esencial en la administración de justicia. 

Esto incluye el papel en la protección de los derechos humanos, en una situación en la que existe un clima general de intolerancia oficial a la sociedad civil independentista y al disfrute de los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión y participación política.

Estigmatización a través de medios de comunicación estatales

Un claro ejemplo de estigmatización documentado por la CIJ es el de Joel García Hernández, abogado del diputado Juan Requesens. 

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El 7 de julio de 2019, el abogado García Hernández y otras personas fueron nombrados en el programa de televisión Con el Mazo Dando como individuos involucrados en una presunta conspiración para asesinar a dos líderes políticos oficialistas. 

El abogado García Hernández, y otras personas, fueron calificados como “asesinos” y “terroristas” y acusados de “defender asesinos y violadores de derechos humanos”.

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EFE/RAYNER PEÑA R.

Otro ejemplo es el del abogado y defensor de derechos humanos Humberto Prado Sifontes, quien denunció que los señalamientos hechos en varias emisiones del programa contribuyeron a que él y su equipo de trabajo fuesen víctimas de actos de hostigamientos, intimidación y seguimiento. 

Al respecto, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes del abogado Prado Sifontes denunciaron “acciones de hostigamiento en aeropuertos venezolanos, intervención y exposición pública de comunicaciones privadas, amenazas de invalidación de documentos de identificación, como también revisiones injustificadas y seguimientos”.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MIIDH) sobre la República Bolivariana de Venezuela ha señalado que es frecuente en el espacio televisivo Con el Mazo Dando, transmitido por la televisora oficial, se realicen acusaciones y estigmatizar a personas que son consideradas opositores al régimen venezolano.

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Muchas de las personas mencionadas en el programa han sido luego objeto de detenciones arbitrarias.

Acoso e intimidación judicial

Theresly Malavé Wadskier es abogada defensora en varios casos de alto perfil público, incluyendo casos de opositores políticos al régimen de Maduro. 

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Cortesía

Ha estado involucrada en juicios en los que aparentemente se han cometido violaciones al debido proceso y en los que se han denunciado la comisión de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Varios de sus clientes tienen procesos ante la jurisdicción especial contra el terrorismo. Precisamente, por su trabajo ante esta jurisdicción, la abogada Malavé ha denunciado haber sido víctima de hostigamiento e intimidación. 

Al respecto, la abogada ha manifestado que el juez del Tribunal Especial Primero de Juicio con competencia en Terrorismo ha sostenido un trato hostil contra ella solo por reclamar el respeto de los derechos humanos de sus clientes. Entre otras, sus clientes han denunciado que el juez ha negado el acceso al tribunal. También, han manifestado que en algunas ocasiones, el juez no les permitió presentar peticiones.

Igualmente, la abogada ha denunciado actos de hostigamiento por parte de funcionarios de la DGCIM. 

Ha manifestado que funcionarios del DGCIM han estacionado patrullas frente a su casa y la han seguido en sus actividades familiares. Adicionalmente, el 27 de septiembre de 2021 irrumpieron en su edificio sin ningún tipo de orden judicial.

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