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- El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, inició las gestiones para restablecer las relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro después de tres años congeladas. Con esto se abre un nuevo capítulo de una historia que en los últimas décadas ha pasado por tensiones, acusaciones mutuas y una frontera tomada por la guerrilla
Colombia y Venezuela tienen más similitudes que diferencias. No solo compartieron una historia común durante gran parte de su existencia hasta la disolución de la Gran Colombia en 1830, sino por factores geográficos, étnicos y culturales que a veces hacen pensar que siguen siendo el mismo país, solo que con acentos y gobiernos distintos. Precisamente es este último el elemento que más ha apostado por atizar las diferencias durante estos 192 años de existencias separadas.
Los gobiernos de Bogotá y Caracas se han caracterizado por mantener una relación con altas y bajas, a pesar de sus lazos históricos. Durante el siglo XX, a pesar de tener momentos de estrecha cooperación, algunas disputas territoriales estuvieron a punto de desencadenar un conflicto en un par de ocasiones. Sin embargo, con la llegada del chavismo al poder la convivencia se fue deteriorando hasta su estado actual. Ahora ambos países enfrentan una suerte de guerra fría y se acusan mutuamente de promover la desestabilización del otro.
La casi guerra
En 1939, el gobierno de Eleazar López Contreras emitió un decreto para poner término a una vieja disputa con Colombia: la difusa frontera marítima en el golfo de Venezuela. Esta establecía los límites del país desde el pueblo de Castillete, en la Península de la Guajira, hasta la Península de Paraguaná.
El gobierno colombiano protestó por esta demarcación, pues la mayor parte del golfo quedaba en territorio venezolano. Así comenzó un proceso de negociación que acabó en 1941 con la firma del Tratado López de Mesa-Gil Borges. Este fijaba la soberanía colombiana sobre la mayor parte de la Guajira, mientras Venezuela se quedaba con la Sierra de Perijá. También delimitó las fronteras actuales en el sur, en los estados Apure y Amazonas.
Sin embargo, aún quedaba una porción de mar en disputa. Específicamente, el área alrededor del Archipiélago de Los Monjes, a 34.8 kilómetros de la Guajira colombiana. En 1952, el entonces presidente encargado de Colombia, Roberto Urdaneta Arbeláez, dictó una nota diplomática en la que reconocía la soberanía venezolana sobre las islas. Algunos rumores señalan que en realidad Colombia tenía planes de invadir militarmente ese territorio, pero desistió tras una nota de protesta de Caracas. También ante la presunta amenaza del gobierno de Marcos Pérez Jiménez de iniciar una guerra.
La situación de Los Monjes no pasaría a mayores hasta 1987, cuando ocurre una de las mayores crisis diplomáticas entre ambos países ya en democracia. El 9 de agosto, la corbeta de la Armada de Colombia ARC Caldas (FM-52) ingresó a aguas venezolanas cerca del archipiélago, donde fue interceptada por el ARV Libertad. Los capitanes de ambos buques intercambiaron mensajes radiofónicos invitando a retirarse del lugar y reclamando la soberanía de sus respectivos países de ese sector del mar. Ante la negativa del Caldas, los días siguientes la situación fue en escalada, con despliegues de buques, submarinos y aviones caza por parte de Venezuela, mientras la Armada colombiana siguió con la orden de mantenerse en la zona disputada, incluso con incursiones de otras naves y aviones.
Mientras se mantenía la tensión militar en el mar, con maniobras cada vez más hostiles, en Caracas y Bogotá se emprendía un proceso de negociación. Esto con la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el presidente argentino Raúl Alfosín. El 17 de agosto, el presidente Jaime Lusinchi se reunió en el Palacio de Miraflores con el Alto Mando Militar, expresidentes y líderes políticos del momento. Acordaron dar un ultimátum: si no se retiraba la corbeta Independiente (que relevó al Caldas un día antes), sería atacada por las fuerzas venezolanas. Por suerte la orden nunca se cumplió. Ese mismo día el presidente colombiano Virgilio Barco anunció esa misma noche el fin de las operaciones navales en el golfo.
No volverían a ocurrir más incidentes de ese tipo incluso luego de que en 1992 el Consejo de Estado de Colombia anulara el decreto del presidente Urdaneta Arbeláez que daba la soberanía venezolana a Los Monjes. Aun así, el gobierno colombiano aclaró que no tiene intención de reclamar las islas, y se mostró dispuesto a firmar un nuevo tratado que hasta ahora no se ha concretado.
El fin de la paz
Pese a hechos puntuales como el de la corbeta Caldas, ambas naciones siempre mantuvieron buenas relaciones diplomáticas. Incluso durante el conflicto armado en Colombia, Venezuela acogió a lo largo de décadas a millones de colombianos que escapaban de la violencia. No obstante, esta buena relación cambiaría con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en 1998.
Uno de los primeros impases entre el chavismo y Bogotá ocurrió en 2001. En ese momento se realizó en Caracas una operación conjunta entre ambos gobiernos y la Interpol para capturar al miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) José María Ballestas, responsable del secuestro de un vuelo de Avianca con 41 pasajeros en 1999. El arresto fue exitoso, pero poco después el ministro de Interior, Luis Miquilena, anunció la liberación de Ballestas por presuntas razones humanitarias, solicitadas por el ministro del Despacho de la Presidencia, Elías Jaua.
La liberación del guerrillero, sumado a comentarios de Chávez negando su presencia en Venezuela, provocó una nota de protesta por parte del entonces presidente Andrés Pastrana. Finalmente Chávez reconoció que Ballestas seguía en el país y tras un segundo arresto, fue extraditado a Colombia en mayo de 2001. Sin embargo, la confianza de Pastrana y posteriores presidentes colombianos en el compromiso del líder socialista ya tenía su primera fractura.
La situación fue incluso más tensa cuando Álvaro Uribe Vélez llegó a la Casa de Nariño en 2002. Chávez y él eran figuras antagónicas, con una abierta hostilidad marcada por sus posiciones políticas opuestas. Por un lado, Chávez acusaba a Uribe de apoyar a los grupos paramilitares y ser responsable de ejecuciones extrajudiciales.
Por su parte, Uribe también criticó la simpatía de Chávez por la guerrilla y le acusó de brindarles apoyo logístico e incluso financiero. A pesar de que para este momento ya Colombia y Venezuela estaban lejos de ser países aliados, las relaciones diplomáticas fluyeron con normalidad. Incluso el gobierno colombiano aprovechó la cercanía de Chávez al ELN y las FARC para fungir como mediador en los Acuerdos Humanitarios de 2007 y en el rescate de secuestrados.
Solo en 2008 hubo un episodio de tensión entre ambos, en lo que se conoció como la crisis diplomática andina. En marzo de ese año, Colombia ejecutó la Operación Fénix, en la que se logró la muerte del comandante de las FARC alias Raúl Reyes, junto a otros 17 guerrilleros. Para eso las fuerzas colombianas cruzó sin autorización la frontera con Ecuador, lo cual hizo que su entonces presidente, Rafael Correa, rompiera relaciones con Bogotá. Chávez, quien llevaba desde hacía meses una relación tensa con Colombia, ordenó movilizar 10 batallones del Ejército a la frontera, aludiando a una posible amenaza de incursión. También solicitó el regreso del embajador venezolano en Bogotá, cogelando las relaciones hasta la XX Cumbre del Grupo de Río, cuando Colombia hizo las paces con Venezuela y Ecuador.
El chivo expiatorio
Nicolás Maduro relevó a Chávez en la presidencia, tras su muerte en 2013. Para ese momento, Juan Manuel Santos era el presidente de Colombia. Su primer desencuentro ocurrió ese mismo año, luego de que Santos recibiera en la Casa de Nariño al líder opositor Henrique Capriles Radonski. Este realizaba una gira internacional denunciando un presunto fraude en las elecciones presidenciales.
Desde ese momento Bogotá comenzó a cobrar cada vez más lugar en las narrativas del oficialismo venezolano sobre supuestas conspiraciones para desestabilizar al país con el apoyo de Estados Unidos. En diversas alocuciones, Maduro acusaría al gobierno de Santos desde financiar y entrenar mercenarios para dar un golpe de Estado, hasta orquestar planes para asesinarlo.
Otro momento de extrema tensión ocurrió en agosto de 2015. En esa oportunidad se registró una serie de ataques contra policías y militares en barrios de Ureña y San Antonio del Táchira. Maduro denunció un presunto plan para asesinar a objetivos políticos y militares por parte del expresidente Uribe. Aseguró que habían paramilitares colombianos en el país y declaró estado de excepción en los municipios fronterizos de ese estado. Al mes siguiente se extendió también a Zulia, Apure y Amazonas.
Durante ese periodo, se realizaron despliegues de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) para dar con los presuntos invasores, en los que se apuntó principalmente a los habitantes de nacionalidad colombiana. Durante esos días se marcaron sus casas y practicaron arrestos arbitrarios, hasta que finalmente inició un proceso de deportación masiva de al menos 1.600 colombianos, mientras cifras extraoficiales apuntan a casi 20.000 desplazados, incluyendo a quienes se mudaron por miedo. El gobierno de Santos condenó el hecho y se produjo una crisis diplomática que condujo al primer cierre de la frontera durante el régimen de Maduro.
Ruptura total
Entre 2016 y 2018, Maduro ordenó más cierres fronterizos puntuales, muchas veces aludiendo a la posibilidad de una operación militar extranjera contra Venezuela. Al igual que con Estados Unidos, la diplomacia colombiana también fue convocada a consultas en varias ocasiones por la creciente hostilidad del régimen.
Sin embargo, el quiebre definitivo ocurrió en febrero de 2019. Un mes antes el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentó como mandatario interino tras denunciar como ilegal la reelección de Maduro en 2018. Colombia, gobernada por Iván Duque, fue uno de los primeros países en reconocer al opositor, con lo cual inició una nueva crisis diplomática con el régimen.
El 23 de febrero de 2019 se realizó en Cúcuta el concierto Venezuela Aid Live, el cual tenía como fin recaudar fondos para la emergencia humanitaria compleja del país. Al finalizar el evento estaba previsto que el gobierno interno coordinara la entrada de ayuda humanitaria donada por Estados Unidos a Venezuela. El régimen de Maduro tomó la actividad como un intento de invasión, bloqueando su paso y reprimiendo a las personas que intentaban regresar. Maduro culpó directamente a Colombia y Estados Unidos por el incidente y de inmediato rompió relaciones diplomáticas con ambos, dándoles 24 horas para sacar del país a sus embajadores y personal diplomático.
Desde entonces, Venezuela y Colombia no volvieron a tener contacto directo. Las restricciones fronterizas se volvieron más fuertes, permaneciendo sus pasos cerrados desde 2020 por la pandemia de covid-19. Al igual que con Santos, el oficialismo también ha responsabilizado al gobierno de Duque de estar detrás de más ataques como el atentado con drones contra Nicolás Maduro en 2018, o la Operación Gedeón en 2020.
Ahora, con la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, las cosas podrían ser diferentes. Aunque el nuevo mandatario colombiano ha intentado mantener la distancia del régimen de Maduro, también inició ya las gestiones para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Quizás por primera vez en 20 años, los gobiernos de Caracas y Bogotá podrían estar en la misma sintonía.
