Pese a que en octubre del 2020 casi un 80% de los electores en Chile votaron a favor de cambiar la Constitución y a hacerlo a través de una Convención Constitucional, casi dos años más tarde el texto que resultó de ese proceso fue ampliamente rechazado en el plebiscito de salida del proceso constitucional.
La Convención de 155 integrantes que redactó la propuesta fue elegida en las urnas y su composición apostó a reflejar las demandas ciudadanas por paridad, diversidad, representación indígena e independencia de la política tradicional. Pero el texto que elaboró durante 12 meses no logró convencer a la mayoría del electorado y apenas logró el 38% de apoyos.
Se trata, a primera vista, de una paradoja en un país que vio el proceso constitucional como salida a la crisis del estallido social de 2019.
Tras entregar su decidido apoyo a un cambio constitucional en el plebiscito de entrada del proceso constituyente chileno y de votar en diciembre de 2021 como presidente a Gabriel Boric, partidario del «apruebo», una amplia mayoría decidió este domingo desechar la alternativa que se le presentó en su referéndum de salida.
BBC Mundo explica tres factores que incidieron en la decisión.
1. Las críticas al texto
Aunque importantes constitucionalistas internacionales destacaron la calidad y las innovaciones en la propuesta constitucional, especialmente en áreas como la paridad y la protección del medio ambiente, el texto enfrentó varias críticas dentro del país.
En el documento rechazado, por ejemplo, el Estado chileno se definía como plurinacional. Como dijo a BBC Mundo la cientista política Pamela Figueroa, los grupos por el rechazo asociaron la plurinacionalidad con la división del país y con la creación de los pueblos originarios como un grupo privilegiado, y ese discurso permeó el debate nacional.
Aunque quienes favorecieron el «apruebo» insistieron en la necesidad de leer la propuesta y el texto se ubicó entre las publicaciones más vendidas en el país, la extensión y complejidad propias de una propuesta constitucional, sumada a la desinformación que cundió en redes sociales, hicieron crecer las dudas sobre su contenido en una parte importante del electorado.
En el proyecto se ordenaba la creación de autonomías territoriales indígenas, asegurando al mismo tiempo que el territorio del país era indivisible, y se planteaba el respeto a los sistemas de justicia indígena.
Para el exintegrante del Tribunal Constitucional chileno Jorge Correa Sutil, el texto en general no dejaba bien delimitado el ejercicio de la autonomía política y la justicia indígena.
«En una cuestión tan importante como la igualdad ante la ley no habría costado nada haber establecido algunos límites», le dijo a BBC Mundo antes de la votación.
Otro aspecto controvertido fue la idea de que la nueva Constitución no protegía el derecho a la propiedad privada, una idea tan extendida durante la campaña del plebiscito que los partidos oficialistas debieron dejar constancia escrita de que se protegería bajo toda circunstancia.
Pero analistas entrevistados por BBC Mundo advirtieron que estas ideas no estaban en el proyecto sino en la desinformación que circuló en el país antes de acudir a las urnas.
«Cuando se dice que no hay protección a la propiedad privada en el texto de la Convención, no se espera que la gente lo crea, porque es cosa de ir a mirar el texto. Eso se promueve para generar una reacción emocional, para que quien reciba el mensaje diga: ‘¿Viste? No protegen el derecho a la propiedad, te van a quitar tus cosas’. Estamos en un momento muy crispado en el que la desinformación se usa para crispar mucho más», le dijo a BBC Mundo Sebastián Valenzuela.
2. La evaluación de la Convención
Si bien la confianza en los partidos políticos, la Cámara y el Senado han ido en declive en el país, las controversias en el desarrollo de la Convención Constitucional y las dificultades para comunicar su trabajo también fueron generando distancia con parte de la ciudadanía.
Poco después de su instalación, un convencional que hizo campaña dando testimonio de las falencias del país en materias de salud, reconoció haber mentido sobre su diagnóstico de cáncer.
Si bien la Convención desarrolló un trabajo de gran complejidad en el tiempo y las condiciones acordadas, las declaraciones y gestos más radicales de sus integrantes tuvieron amplio impacto en el debate público, aunque no pasaron los dos tercios necesarios para su inclusión.
Según la encuesta CEP publicada en la recta final del trabajo constituyente, más de la mitad de las razones para votar ‘rechazo’ se asociaban a una mirada crítica sobre la Convención.
3. Otras alternativas de cambio constitucional
En los días previos al plebiscito, aunque los partidos del gobierno favorecieron el apruebo y la oposición política impulsó el rechazo, ambos se comprometieron a continuar el proceso constituyente independiente del resultado del plebiscito.
Bajo esos antecedentes, el resultado de la votación bien podría representar la oposición al texto propuesto y no el rechazo a un cambio constitucional.
En un compromiso público por una nueva Constitución, la oposición propuso avanzar hacia un Estado social de derecho y, marcando diferencia con la propuesta de la Convención, ofreció defender el Senado, en vez de reemplazarlo por una Cámara de las Regiones, y reconocer a Chile como un estado multicultural, en vez de uno plurinacional.
El Congreso además aprobó disminuir el quórum necesario para reformar la Constitución de 1980, que, tras el triunfo del rechazo este domingo, mantiene su vigencia en el país.
En el mensaje de la ley correspondiente, se mencionaba en forma explícita al plebiscito, apuntando que la rebaja del quórum «evitará que se argumente, por una parte, que no es posible llevar a cabo una agenda de transformaciones profundas (…) y, por otra parte, en caso que la propuesta de texto de nueva Constitución no sea aprobada por la ciudadanía, facilitará construir las mayorías necesarias para proseguir con el proceso constituyente».
El presidente, Gabriel Boric, que firmó como diputado el acuerdo que abrió el itinerario del cambio constitucional en 2019, aseguró en televisión antes del plebiscito que, de ganar el rechazo, correspondía abrir un nuevo proceso constituyente.
«Para mí lo que está en juego hoy día es si es que volvemos a fojas cero (inicio) en caso de que gane el ‘rechazo’ y tenemos que iniciar un nuevo proceso constituyente, porque acá ya hubo una reforma constitucional que estableció los mecanismos en los cuales se reforma la actual Constitución del 80, y eso es mediante una convención 100% electa».
«O bien aprobamos una nueva Constitución y a esta nueva Constitución se le podrán hacer las modificaciones mediante los mismos términos», sostuvo a fines de agosto el primer mandatario.
El acuerdo de los partidos de gobierno para hacer una serie de reformas de aprobarse el texto, apuntó a resolver algunas de las principales dudas de la ciudadanía. Pero también apuntó a que, de ser aprobada, la Constitución recién escrita enfrentaría algunas reformas inmediatas en el Congreso.
«La sensación que yo tengo es que ha sido un proceso muy raro, muy atípico en la historia chilena y en la historia de los plebiscitos. La campaña se presentó como una elección del mal menor. El ‘apruebo’ le dio un tono de que, si bien el proyecto no era bueno, era mejor que la Constitución que está. Y los del ‘rechazo», lo mismo», dijo a BBC Mundo el académico de la Universidad Católica y experto en opinión pública Roberto Méndez.
«Eso tiene que ver con la coyuntura chilena, incluso con la estética del proceso, que fueron alejando a las personas. Se instaló la idea de que el proceso no terminaba el 4 de septiembre, que independiente del resultado estamos metidos en un problema largo y que estaríamos discutiendo procedimientos, contenidos por años».
Los próximos pasos
Chile es uno de los pocos países de América Latina que mantuvo en democracia la Constitución aprobada bajo la dictadura militar. Los primeros procesos de reforma surgieron desde el momento en que el poder volvió a la población civil, en 1989, y se extendieron hasta 2005.
En 2015, la ex mandataria Michelle Bachelet presentó una ruta para cambiar la Constitución, pero en 2018, el gobierno de su sucesor, Sebastián Piñera, planteó su deseo de no continuar con el proceso.
Tras el estallido social del 2019, y en medio de masivas protestas, la oposición y el gobierno pactaron el acuerdo que dio origen al proceso constituyente que concluyó este domingo con el rechazo.
Con este resultado se cierra el itinerario jurídico constituyente diseñado en el «Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución» firmado en noviembre del 2019 como una salida a la crisis política y social generada por el estallido social.
En lo inmediato, Chile continuará bajo la Constitución de 1980. La decisión de escribir una nueva Constitución o reformar la Carta Magna vigente dependerá de la ciudadanía, de la voluntad política por avanzar en los compromisos adquiridos y de los acuerdos que se puedan alcanzar y aprobar en las dos cámaras del Congreso chileno y con una mayoría senatorial de oposición.
