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- En un informe que recopila información desde el año 2019 hasta 2021, se pudo conocer que más de 3.000 casos de mujeres venezolanas en ese país no tuvieron acceso o tuvieron múltiples barreras para interrumpir su embarazo
La organización internacional Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres publicó la investigación Uno pasa por muchas cosas, en la que se exponen las dificultades que enfrentan las migrantes y refugiadas venezolanas para acceder a servicios de salud integrales y a los derechos de salud sexual y reproductiva en Colombia.
La Mesa, la organización privada Oriéntame, que se encargar de dar asesorías y ofrecer la interrupción del embarazo de forma legal, y la institución Médicos del Mundo, conocieron 3.205 casos relacionados con obstáculos para abortos de migrantes venezolanas entre 2018 y 2021. La mayoría de ellas están en Bogotá, Medellín y Cúcuta.
La investigación arrojó que las refugiadas y migrantes venezolanas tienen obstáculos, al igual que las colombianas, para acceder al aborto, pero que cobran mayor fuerza por su estatus migratorio.
Entre las barreras se registraron: el desconocimiento del marco legal colombiano, que implica también no saber que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) debe ser atendida como una urgencia; las interpretaciones restrictivas de los prestadores de salud que les exigen documentos que den cuenta del estatus migratorio y las fallas en la prestación de los servicios.
Caracterización de los casos de IVE atendidos por La Mesa en Colombia
De acuerdo con la investigación, las mujeres que más fueron atendidas tenían entre 15 y 29 años de edad, estas representaron el 73 %. Dentro de estas, el grupo de edad con más peso porcentual (29 %) es el de los 20 y 24 años de edad. Mientras que un 2,6 % son niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años de edad.
Por ciudades de residencia, los casos acompañados por la organización fueron principalmente de Cúcuta, Bogotá y Tibú, lo que tiene que ver con las organizaciones nacionales e internacionales, y con las instituciones públicas aliadas de La Mesa que remiten estos casos: Mujer, Denuncia y Muévete, Comité Internacional de Rescate y Defensoría del Pueblo.
El 86 % de estos casos de aborto fue por problemas de salud de la gestante, un 7 % fue por violencia sexual, un 4 % fue por malformación del feto y un 3 % argumentó no tener información sobre la IVE.
Despenalización del aborto en Colombia
La Corte Constitucional de Colombia aprobó la despenalización parcial del aborto el 21 de febrero de 2022, permitiendo la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 24 semanas, aunque no eliminó el delito del Código Penal, según informó ese tribunal.
No obstante, no se trata de la eliminación en el Código Penal porque seguirá siendo castigado a partir de las 24 semanas cuando no se trate de las siguientes causales: está en riesgo la salud o la vida de la madre; es fruto de violación o incesto, o si hay malformación del feto.
Algunas experiencias de las encuestadas
Una de las entrevistadas aseguró que por no tener conocimiento de las leyes y procedimientos en Colombia, muchas mujeres deciden no ir a los hospitales porque piensan, que al igual que en Venezuela, las llevarán detenidas. Argumentó que también existe el miedo a ser estafadas en el momento de comprar las píldoras para interrumpir el embarazo.
Otra mujer comentó que le negaron el proceso de ligadura de trompas por no tener autorización de su esposo:
La investigación resaltó también que en muchos de los casos de las caminantes, al estar en un albergue donde comparten espacio con su pareja o familiar, no se les asegura la privacidad para realizar interrupciones del embarazo.
Es el término utilizado para referirse a los migrantes que salieron de su país de origen caminando por carreteras y que se encuentran en campamentos y albergues.
El informe Uno pasa por muchas cosas comunicó algunas recomendaciones para que el gobierno de Gustavo Petro pueda eliminar las barreras que enfrentan las migrantes para acceder a la IVE. Una de ellas es que exista un trabajo conjunto entre países de la región Latinoamericana y la cooperación internacional para aumentar la financiación de la atención en salud a la población migrante.
Otra opción es impulsar la propuesta del Observatorio Nacional de Venezuela de la Universidad del Rosario de crear una categoría de afiliación al sistema de salud que sea específica para personas migrantes. La tercera recomendación es ampliar la regularización de esta población y diseñar una ruta de salud para las mujeres migrantes que viven o transitan por el país.
