- Los voceros de la misión determinaron que también se han cometido violaciones de derechos humanos en el Arco Minero de Orinoco
La Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó el martes 20 de septiembre su tercer informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Sus voceros concluyeron que los organismos de seguridad y servicios de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad en el país.
La conclusión del informe sugiere que los organismos de inteligencia del Estado venezolanos tanto civiles como militares funcionan como estructuras organizadas para reprimir a la disidencia política y social a través de crímenes de lesa humanidad.
La misión también determinó que se han cometido violaciones de derechos humanos en la zona comprendida como Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, especialmente en contra de comunidades indígenas.
Detalles de los señalamientos a organismos de seguridad
Para la conclusión, el informe se basó en 246 entrevistas de víctimas, familiares y exfuncionarios de varios organismos de seguridad. Estas declaraciones confidenciales dieron cuenta de las agresiones cometidas.
Misión de la ONU denuncia que torturas en la DGCIM y el Sebin no son actos aislados en Venezuela, sino parte de una maquinaria y de un plan del Gobierno para reprimir la disidencia.
— PROVEA (@_Provea) September 20, 2022
“Los actos de violencia no fueron al azar” #20Sep#QueSigaLaMisión 👉 https://t.co/tveuvOfbGW pic.twitter.com/ATcRjcWjgF
El informe especifica que las entrevistas fueron hechas tanto en persona como a distancia a través de conexiones seguras para proteger la integridad de las víctimas. Aclararon que los representantes de la misión visitaron zonas fronterizas con Venezuela, debido a que desde el año 2019 no se les permite la entrada al territorio.
La misión también revisó expedientes judiciales y documentos relacionados a incidentes de posibles violaciones de derechos humanos.
La DGCIM y el Sebin en la mira
En informes anteriores la misión había demostrado su preocupación ante las denuncias en contra de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). En este reporte los voceros determinaron que ambos organismos son los brazos ejecutores de planes orquestados desde el alto mando político para reprimir a las disidencias.
La misión logró documentar 122 casos de personas que fueron victimas de tortura, violencia sexual o tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por funcionarios de la DGCIM. Destacaron que las torturas ocurrieron tanto en la sede del organismos Boleíta (Caracas) como en centros de detención regionales.
También fueron investigados 51 casos de torturas y tratos crueles contra detenidos del Sebin. Los casos analizados ocurrieron desde el año 2014 y la mayoría de ellos fueron en El Helicoide (Caracas).
La misión agregó que desde que se investigan a estos organismos el régimen de Maduro no ha investigado ni procesado a los responsables, tampoco ha habido reparación a las víctimas. En ese sentido, la misión cuestionó nuevamente la falta de independencia judicial en el país.
Violaciones de DD HH en el Arco Minero del Orinoco
La misión explicó que desde la instalación del Arco Minero del Orinoco el estado Bolívar se mantiene fuertemente militarizado y con presencia de grupos irregulares que operan en el sector.
El informe de la misión determinó que tanto los actores estatales como los irregulares han sido responsables de violaciones de derechos humanos en contra de la población que hace vida en la zona minera.
Entre los crímenes destacaron privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género.
La misión denunció que los organismos militares presentes en el estado Bolívar no evitan este tipo de prácticas. Añadieron que recibieron información que sugiere complicidad de los militares con los grupos irregulares.
“La situación en el estado de Bolívar y en otras zonas mineras es profundamente preocupante. Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro. Nuestro informe pone de manifiesto la necesidad de seguir investigando esta región que, paradójicamente, es una zona casi olvidada del país, pero, al mismo tiempo, genera una riqueza lícita e ilícita procedente de los minerales de cantidades inmensas”, indicó Patricia Tappatá Valdez, miembro de la Misión.
Entre los casos documentados, la misión mencionó un enfrentamiento en el año 2019, tras el intento de la oposición de trasladar ayuda humanitaria a la Gran Sabana desde Brasil, “cuando las fuerzas estatales cometieron torturas y privaciones arbitrarias de la vida contra personas indígenas”, detalla el informe.
