Email
- Con la destitución y arresto de Pedro Castillo, tras apenas un año y medio en el poder, se mantiene una larga pugna entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, agravada por el desencanto de la ciudadanía con su clase política
Los noticieros parecen ya haberse acostumbrado a que, cada tanto, Perú sorprenda al continente con la abrupta destitución de su presidente. El 7 de diciembre de 2022 fue uno de esos días, luego de que el Congreso aprobó una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo por incapacidad moral. Esto luego de dos horas de tensión en las que el entonces mandatario intentó disolver los poderes públicos e instaurar un gobierno de excepción.
Sus medidas tuvieron como respuesta un rechazo unánime por parte de las instituciones del país, las Fuerzas Armadas e incluso miembros de su propio gabinete, quienes lo consideraron como un golpe de Estado. Luego de una sesión adelantada en la que los congresistas aprobaron con 111 votos el despido del presidente, y ratificada por el Tribunal Constitucional, Castillo se vio obligado a abandonar el palacio presidencial. Poco después la Policía Nacional lo pondría bajo arresto, con cargos por sedición, abuso de autoridad y alteración del orden público.
Tras apenas un año y medio en el poder, Castillo parece ser un capítulo más en una historia de inestabilidad y crisis política que azota a Perú desde 2016. En seis años, seis presidentes han pasado por la Casa de Pizarro, pero ninguno ha logrado completar su periodo legal. En todos los casos, el Congreso jugó un papel importante como parte de una lucha de poder con el Ejecutivo, y en donde también han saltado acusaciones mutuas de corrupción e intentos de cada uno por acabar con el otro.
Quizás esta pugna de intereses se puede remontar a 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso para consolidar su poder y crear una nueva Constitución. Ocho años después, el Parlamento tendría su revancha al destituirlo tras múltiples escándalos de corrupción y violación de derechos humanos. Después de eso, Perú parecía que iniciaba el milenio en una nueva etapa democrática, en la cual los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala se sucedieron con total normalidad. Pero la estabilidad no duraría.
Kuczynski, el comienzo
Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia de Perú el 28 de julio de 2016, luego de vencer en las elecciones con un ajustado 50,1 % de votos a Keiko Fujimori, hija del expresidente. Con una larga trayectoria como ministro y un perfil altamente tecnocrático, parecía que su gobierno dirigiría al país hacia los índices de desarrollo y crecimiento que proyectaban diferentes organismos internacionales.
Sin embargo, ese mismo año explotó el caso Lava Jato, uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de América Latina. Involucró a la empresa de construcción Odebrecht y varios gobiernos de la región, incluyendo al peruano. En diciembre, la Fiscalía General abrió investigaciones contra los expresidentes Toledo y García por presuntos sobornos para favorecer a la firma brasileña en la asignación de contratos públicos. El caso salpicó al mandatario, quien debió comparecer por irregularidades durante su gestión como primer ministro entre 2006 y 2007.
Estas investigaciones dieron pie a que, en diciembre de 2017, el Congreso iniciara los trámites para solicitar la vacancia de Kuczynski. El proceso fue impulsado por el partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, que tenía la mayoría en la Cámara. Pero en la votación final, el mandatario se salvó gracias al repentino apoyo de una facción de esa misma tolda encabezada por Kenji Fujimori, hermano de Keiko.
Más adelante estallaría un nuevo escándalo, esta vez tras revelarse un supuesto acuerdo entre el gobierno de la facción de Kenji para bloquear la vacancia a cambio de sobornos y de conceder un indulto humanitario al para entonces encarcelado Alberto Fujimori. La medida generó no solo el rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la renuncia de varios ministros, sino también una ola de protestas en todo el país.
Ante esto, Fuerza Popular emprendió un nuevo proceso de vacancia contra el presidente que tampoco llegó a la votación final. Esta vez no por trabas legislativas, sino dos días antes de la sesión, el 28 de marzo de 2018, Kuczynski anunció su renuncia. Así, se convirtió junto a Dilma Roussef en Brasil, en los únicos gobiernos que cayeron por las investigaciones del Lava Jato. También en el principio de la era de inestabilidad que pronto enfrentaría Perú.
Vizcarra, el eterno duelo
Tras la renuncia de Kuczynski, el vicepresidente Martín Vizcarra se juramentó como jefe de Estado el 23 de marzo de 2018. Aunque su predecesor estuvo apenas casi dos años en el poder, por ley le correspondió culminar con su periodo presidencial hasta 2021. No obstante, desde el principio su gobierno estuvo marcado por un fuerte obstruccionismo por parte del Congreso. Sobre todo por parte de Fuerza Popular, que promovía un adelanto de elecciones generales para 2019.
Luego de que el Parlamento rechazó las propuestas de Vizcarra para una reforma judicial en 2018, se produjo el quiebre definitivo entre ambas instituciones. En el 30 de septiembre de 2019 Vizcarra anunció la disolución del Congreso. Esto luego de que rechazaran una cuestión de confianza solicitada por el primer ministro Salvador del Solar. De acuerdo con la Constitución, el presidente posee esa facultad solo si el Congreso deniega dos cuestiones de confianza de dos consejos de ministros. Y efectivamente, eso había ocurrido.
Al conocerse el decreto, el Congreso cambió su voto a última hora para aprobar la cuestión, a la vez que emprendió un proceso express para suspender a Vizcarra de su cargo. Incluso juramentaron a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como presidenta interina. Luego de meses de lucha judicial, el Tribunal Constitucional falló a favor de Vizcarra y convocó a nuevas elecciones legislativas.
Pero la revancha vendría poco después. El nuevo Congreso tampoco tuvo buenas relaciones con el mandatario y en septiembre de 2020 inició un proceso de vacancia por irregularidades durante su gestión como gobernador de Moquegua. Al igual que con Kuczynski, no llegó a la cantidad de votos necesaria. No obstante, tan solo un mes después, congresistas de la bancada Unión por el Perú (UPP) impulsaron una nueva moción, la cual sí logró ser aprobada, y el 8 de noviembre de 2020 fue formalmente destituido de su cargo.
Merino, el breve
Luego de que Vizcarra aceptara su destitución y abandonara el palacio presidencial, surgió una crisis sucesoral, pues el cargo de vicepresidente también estaba vacante. Esto pues ya Vizcarra ejercía las funciones de manera encargada, mientras que la segunda vicepresidencia, a cargo de Aráoz, quedó vacía tras la crisis de 2019.
Ante esto, los parlamentarios rápidamente resolvieron juramentar al presidente del Congreso, Manuel Merino. Aunque Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) reconocieron la validez de la transición, no ocurrió así por parte de la ciudadanía y varios sectores políticos, que denunciaron un golpe de Estado.
La impopularidad de Merino desató una serie de protestas en Lima y otras ciudades como Arequipa, Trujillo, Cuzco y Huancayo. Los manifestantes se autodenominaron la Generación del Bicentenario por la celebración de los 200 años de la independencia peruana en 2021. Se movilizaron para pedir la renuncia de Merino. Esto derivó en una serie de disturbios y enfrentamientos con las autoridades en los que se reportó la muerte de dos jóvenes, así como más de 200 heridos y 27 detenidos. Finalmente, ante la presión ciudadana, Merino anunció su renuncia el 15 de noviembre, tras apenas cinco días en el cargo.
Sagasti, el conciliador
Luego del fracaso del gobierno de Merino, el Congreso se reunió nuevamente para elegir a su presidente. En la votación interna se aprobó la juramentación de Francisco Sagasti, del Partido Morado, el 17 de noviembre de 2020. Se trató del tercer presidente que tuvo Perú en tan solo 10 días. El nuevo jefe de Estado logró apaciguar las protestas con un discurso moderado y conciliador, además de la promesa de realizar cuanto antes las elecciones presidenciales de 2021.
Durante sus meses en el poder, Sagasti se caracterizó por devolver un poco la calma a un país convulsionado por la crisis política y económica, además de la pandemia de covid-19. Centró su gestión en expandir las campañas de vacunación, las cuales no estuvieron exentas de controversias, pero permitió reducir la alta mortalidad que sufría el país por el virus. Igualmente, enfrentó un paro agrícola y otro de transporte que desarrollaron de manera violenta, aunque sin mayores repercusiones.
A diferencia de sus predecesores, Sagasti no fue depuesto y logró completar el accidentado mandato 2016-2021 pacíficamente. Su mayor conflicto vino después de las elecciones generales del 6 de junio por las impugnaciones del comando de la candidata Keiko Fujimori. Todo esto retrasó hasta el 19 de julio la proclamación del ganador, Pedro Castillo.
Castillo, el inestable
Pedro Castillo asumió la presidencia de Perú el 28 de julio de 2021, en plena celebración del bicentenario de la independencia. A partir de ahora comenzaba el nuevo periodo 2021-2026, aunque desde el comienzo ya generaba más inquietudes que alivio en varios sectores del país. Sin experiencia en ningún cargo público y salido del partido de ultraizquierda Perú Libre, era un outsider que reflejó el hartazgo del electorado con las clases políticas tradicionales. Sin embargo, su gobierno inició con el pie izquierdo cuando Castillo nombró como primer ministro a Guido Bellido, político investigado por sus nexos con el grupo terrorista Sendero Luminoso.
A partir de allí comenzaría un largo año para Castillo. Su inexperiencia se hizo notable ante su incapacidad para mantener un consejo de ministros estable. En apenas siete meses debió reestructurar tres veces su gabinete, además de pasar varias renuncias de ministros.
Aun así, una de las mayores aspiraciones del exsindicalista era avanzar en la redacción de una nueva Constitución que le permitiera consolidar su proyecto político, además de eliminar el poder de veto que el Congreso tenía sobre el Ejecutivo. Pero la misma naturaleza frágil de su administración hizo que su propuesta nunca se concretara.
Caída
En su primer año, uno de sus exministros de Defensa lo acusó de querer interferir en los ascensos del Ejército y la Policía Nacional. Igualmente, surgieron acusaciones de corrupción en la estatal petrolera Petroperú y las contrataciones de diferentes obras que salpicaba directamente al entorno cercano del presidente. Esto hizo que en noviembre de 2021 el Congreso abriera un nuevo proceso de vacancia, el cual no pasó de su primera discusión. Aun así, los escándalos continuaron, sobre todo tras la intervención de la Fiscalía en el palacio de gobierno y la apertura de una investigación contra Castillo por tráfico de influencias.
El Congreso intentó un segundo proceso de vacancia en marzo de 2022, del cual Castillo también se salvó al no lograr suficientes votos. Sin embargo, debido al avance de las investigaciones y la posibilidad de un juicio por corrupción contra el presidente, el Parlamento convocó a un tercer proceso de vacancia, el cual se programó para el 7 de diciembre. Por ese motivo, con el fin de evitar el impeachment, Castillo ordenó ese mismo día la disolución del Legislativo, aunque el Tribunal Constitucional lo declaró inválido, ya que no se había cumplido el requisito de las dos cuestiones de confianza rechazadas. Y de este modo, al tercer intento y tras una crisis gubernamental, Castillo finalmente fue destituido de la presidencia.
Después del arresto de Castillo, la vicepresidenta Dina Boluarte fue juramentada como presidenta para completar el periodo 2021-2026. Al no contar el interinato paralelo de Mercedes Aráoz, es la primera mujer en ocupar constitucionalmente la jefatura de Estado de Perú. También la sexta mandataria en seis años. Solo en los próximos meses se podrá juzgar si el nuevo gobierno logra retomar la senda de estabilidad para Perú, o si se repetirá el mismo ciclo iniciado con Kuczynski en 2016.
