Email
- Carlos Trapani, coordinador de la ONG, insistió en el fortalecimiento del sistema de justicia para garantizar que los casos relacionados con violencia infantil no queden impunes
Con 1.494 casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en lo que va de año en Venezuela, la Fiscalía General busca aumentar la pena contra este delito, aunque expertos consideran que la jurisprudencia del país ya es suficientemente avanzada, por lo que el objetivo debe ser cumplir con lo establecido y promover políticas de prevención de este flagelo.
Recientemente, Tarek William Saab, fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, informó de que trabaja en una propuesta para reformar la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) y así “actualizar” los delitos de naturaleza sexual.
El abogado y coordinador de la ONG Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, explicó a la agencia EFE que en 2015 ya hubo una modificación a esta ley, pero se realizó un proceso de supervisión sobre si la reforma dio los resultados esperados por las autoridades. “No hubo un proceso de capacitación, no sabemos en términos de políticas públicas qué se ha logrado implementar”.
Por su parte, la directora de la ONG Fundación Habla, Sofía Martínez-Campos, recordó a EFE que la Asamblea Nacional oficialista aprobó el año pasado la Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual Contra Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que considera que una reforma a la Lopnna debe contemplar esta normativa.
La prevención es la clave
Para Trapani, la clave es poder garantizar lo que ya está establecido en la legislación nacional, además de promover políticas de prevención, estrategias de formación y fortalecimiento del tejido social, así como de la institucionalidad para una adecuada atención.
“La violencia se alimenta de la impunidad. Mientras haya impunidad y causas estructurales que estimulan el delito, va a haber violencia y va a haber más víctimas, con un enfoque diferenciado en violencia cuando se trata de niños y adolescentes”, agregó.
Por eso, Trapani afirmó que un factor que permite prevenir es aplicar la justicia, que todos los casos reciban atención y respuesta, independientemente de si son publicados en redes sociales o no.
Martínez-Campos añadió que el enfoque debe ser la prevención con información, porque “este es un delito que se arropa del desconocimiento de la sociedad, en la oscuridad, la vergüenza del no querer hablarlo”.
Por eso, prosiguió, se debe visibilizar el problema en la sociedad, “porque este es un tema de responsabilidad, pero también de corresponsabilidad. No solo el Estado puede asumir la responsabilidad del delito, también todos como sociedad, como familia debemos poner atención”.
Asimismo, dijo que se debe generar la investigación para conocer el fenómeno, las incidencias, cuáles son los estados del país donde más ocurren, establecer el vínculo entre la víctima y el victimario, “para que de alguna manera podamos fortalecer nuestros programas de prevención”.
Aumento de casos de abuso sexual
Ambos expertos han confirmado un aumento en los casos de abuso sexual contra niños, especialmente luego de la pandemia por covid-19, donde la incidencia de casos, de acuerdo a Martínez-Campos, es de un 40 %, porque tanto la víctima como el victimario fueron obligados a permanecer más tiempo juntos por el confinamiento.
Asimismo, Trapani señaló que en Cecodap atendieron 188 casos entre abril de 2021 y mayo de este año, donde el 30 % están vinculados a violencia, como maltrato físico y abuso sexual y donde los principales agresores son los padres o un familiar cercano al entorno del niño.
La mayoría de los casos reflejados por las autoridades corresponden a personas de sectores más vulnerables, pero Trapani sostiene que este es un delito que no conoce de estrato social ni de edad ni parentesco, por lo que la protección debe ser transversal independientemente de las condiciones sociales, familiares o particulares del niño.
Martínez-Campos indicó que la incidencia de casos abarca todos los niveles sociales, solo que, de acuerdo a su investigación, en los sectores más vulnerables hay una “mayor credibilidad” a la denuncia.
