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- La demanda se ha realizado desde finales de enero por considerar de “arbitraria y caprichosa” la medida del gobierno de Joe Biden en apoyo a los extranjeros
Los fiscales generales de varios estados de Estados Unidos (EE UU) solicitaron a la Corte Federal emitir una medidas cautelar para congelar el programa humanitario (parole humanitario) que concede un permiso migratorio a extranjeros procedentes de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba.
La petición de los fiscales fue entregada el martes 14 de febrero en un documento a un juez federal de Texas.
Desde enero, los fiscales de los estados de Florida, Alabama, Alaska, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky, entre otros, ya habían solicitado a la corte el fin del programa humanitario a través de una demanda, en la que argumentan que la decisión del gobierno de Joe Biden fue “arbitraria y caprichosa”.
Asimismo, destacaron que el programa generaría un gasto millonario para el país, ya que cuenta con un límite de máximo 30.000 permisos al mes y el Estado es el proveedor de los servicios a esos migrantes.
La petición está dirigida en contra del Departamento de Seguridad Nacional y su titular, Alejandro Markas, quien ha defendido el programa, asegurando que ha reducido en 90 % los cruces irregulares en la frontera.
Igualmente, la demanda suscribe a las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular la migración hacia Estados Unidos.
Alivio migratorio desde octubre
Este programa humanitario comenzó como una medida aplicada a los venezolanos únicamente desde octubre de 2022. Esto debido al incremento de personas que llegaban desde el país a través de la frontera sur con México.
La Casa Blanca anunció a principios de 2023 que el programa se extendería al parole humanitario para incluir a personas de Haití, Nicaragua y Cuba, cuyas solicitudes de asilo han alcanzado cifras récord.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Interna, solo en enero ingresaron 11.000 personas de las cuatro nacionalidades mencionadas, bajo el programa.
Sin embargo, el gobierno de Biden ha implementado en paralelo una política de deportaciones a través de una normativa sanitaria conocida como Título 42, que permite a las autoridades migratorias expulsar a los extranjeros hacia México, sin oportunidad de pedir asilo.
Esta norma es heredada del gobierno de Donald Trump y ha dado como resultado más de 2,5 millones de expulsiones de migrantes desde que comenzó a implementarse en 2020. Pero se espera que llegué a su fin, luego de que recientemente el Departamento de Justicia de EE UU informó que el gobierno derogará la medida a partir del 11 de mayo.
