- Los funcionarios públicos destacaron como los principales agresores de la organizaciones de la sociedad civil en el segundo mes del año
El Centro para los Defensores y la Justicia contabilizó 63 ataques o incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en Venezuela durante el mes de febrero.
La organización no gubernamental (ONG) indicó que la promoción y defensa de los derechos en el país se está convirtiendo en una labor restrictiva y de riesgo. Asimismo, señalaron que los ataques registrados muestran un recrudecimiento de los patrones de agresión contra estos actores de la sociedad civil.
¿Qué tipo de ataques se registraron?
En la caracterización de los ataques, la ONG destacó 39 casos de estigmatización, 16 de intimidación y hostigamiento, 7 amenazas y 1 ataque digital.
La organización detalló que los casos de estigmatización estuvieron relacionados con campañas de desprestigio de organizaciones. En estos hechos, se acusó a los defensores de ser agentes desestabilizadores.
El reporte añade que los hechos de intimidación, hostigamiento y amenazas también se han basado en la supuesta aplicación de sanciones dentro del proyecto de ley para regular las ONG.
La organización exhortó al Estado venezolano a cumplir con su obligación de respetar el derecho a la defensa de los derechos humanos en el país.
Más datos del informe
El Centro para los Defensores y la Justicia detalló que 84 % de los ataques registrados en febrero estuvieron dirigidos a organizaciones. El 16 % restante fue contra defensores de derechos humanos.
La organización destacó los ataques en contra de las ONG Espacio Público, Provea, Transparencia Venezuela, Foro Penal y el Observatorio Venzolano de Conflictividad Social (OVCS).
Sobre los responsables, la ONG destacó que 46 % de los hechos los efectuaron funcionarios públicos. Entre estos mencionaron la participación de miembros del Ejecutivo, ministros y diputados a la Asamblea Nacional.
Asimismo, 17 % de las agresiones fueron cometidas por grupos afectos de interés políticos del Estado, 10 % de los hechos fueron responsabilidad de instituciones públicas y 3 % se le atribuyeron a organismos de seguridad.
