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- El canciller del régimen, Yván Gil, pidió en un documento la posibilidad de presentar una réplica al informe publicado por la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas
La Corte Penal Internacional (CPI) publicó en su página web información de interés para las víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En el texto, el organismo aclara que el régimen de Nicolás Maduro no tendrá acceso a información que permita identificarlas.
La institución hizo la aclaratoria horas después de que se conociera que el régimen de Maduro solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la corte presentar una réplica al informe publicado por la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas (VPRS).
“La VPRS registra la información presentada por las víctimas en una base de datos segura a la que solo tiene acceso el personal autorizado de la Secretaría. Esta información solo se transmite a la Sala; ninguna otra entidad tendrá acceso a ella. La Fiscalía y el gobierno de Venezuela no tendrán acceso a los formularios, videos y otros documentos presentados por las víctimas o en su nombre. Las opiniones y preocupaciones de las víctimas no se consideran evidencia”, aclaró la CPI en la información publicada el 27 de abril.
El organismo agrega que la versión pública del informe no contiene datos que permitan identificar a las víctimas, tampoco información que se le pueda atribuir a las organizaciones de personas que denunciaron.
Luego de la petición del régimen, varias organizaciones no gubernamentales (ONG) venezolanas alegaron que las víctimas sienten temor porque sus identidades fueran reveladas. No obstante, desde el comienzo de la recepción de las denuncias la CPI explicó que la información era estrictamente confidencial.
Solicitud del régimen de Maduro
La CPI cargó en su página web la solicitud del régimen de Nicolás Maduro para responder al informe de la VPRS. En el documento, el canciller Yván Gil pide a la corte un plazo hasta el 30 de mayo para presentar una réplica.
La petición argumenta que el informe presenta hechos que podrían someterse a investigaciones penales internas y que los perpetradores podrían ser sancionados dentro de Venezuela. Agrega que posiblemente estos hechos no fueron denunciados ante el sistema judicial venezolano.
El régimen alega que necesita responder a detalle cada uno de los alegatos ante la CPI.
Hasta el momento, la Sala de Cuestiones Preliminares no ha autorizado al régimen presentar la réplica, pero sí debe ofrecer una respuesta a la Administración de Maduro, lo que podría retrasar la decisión de que el fiscal de la CPI, Karim Khan, reanude la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Informe sobre las víctimas
La VPRS presentó un informe el 21 de abril en el que detallan que entre las víctimas de estos delitos habría más de 8.000 individuos, 2 organizaciones y más de 600 familias.
La Sala de Cuestiones Preliminares primera de la CPI había invitado a las presuntas víctimas y sus representantes legales a completar las planillas y enviarlas entre el 18 de noviembre de 2022 y el 7 de marzo de 2023, aunque la recepción comenzó en diciembre. En ese plazo se recibieron más de 2.000 formularios de denuncias, pero fueron analizadas 1.746.
Los crímenes de lesa humaidad mencionados en el informe son: asesinatos, encercelamientos, privación grave de libertad física, torturas, tratos inhumanos, violaciones u otras formas de violencia sexual, desparición forzada, desplazamiento forzado y persecuciones por motivos políticos.
Sobre el delito de asesinato, la Sección de Reparación y Participación resaltó aquellos que fueron cometidos durante protestas y manifestaciones antigubernamentales, ejecuciones extrajudiciales a hombres jóvenes en barrios de bajos recursos y en el contexto de detenciones.
Con respecto a la persecución política y el desplazamiento forzado, el documento indica que se recibieron denuncias de trabajadores que tuvieron que dejar el ejercicio de su profesión por el hostigamiento.
Entre las posibles víctimas hay trabajadores petroleros, personal judicial, personal militar, periodistas, profesores universitarios, personal de salud y políticos. Todas las opiniones recabadas respaldan la solicitud del fiscal Khan de continuar con la investigación en Venezuela.
